La crisis impulsa a volver a las calles a ex prostitutas que pierden sus trabajos convencionales

Médicos del Mundo alerta de un repunte en esta actividad, con más de 2.118 meretrices atendidas en 2008, unas 600 más que al año anterior

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) –
Una de las consecuencias que está teniendo la actual crisis económica sobre capas deprimidas de la sociedad es que algunas mujeres que, habiéndose dedicado a la prostitución y retirado posteriormente de ella para llevar una vida normalizada, se ven obligadas a volver a ejercerla, al perder sus actuales empleos y no encontrar otra salida.

Así lo confirmó, en declaraciones realizadas a Europa Press, la responsable del Centro de Atención Sociosanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución de Médicos del Mundo en Mallorca, Francisca Ramírez, quien alertó de un repunte en esta actividad en el último año, ya que en 2008 atendió a un total de 2.118 meretrices, lo que supone unas 600 más que en 2007.

Ramírez, que desarrolla su actividad tanto entre prostitutas que trabajan en la vía pública como entre las que lo hacen desde prostíbulos, apuntó directamente a la crisis como factor desencadenante de esta situación, en un momento en el que, de hecho, esta actividad estaba descendiendo y señaló al «colectivo inmigrante» como principal aportador de nuevos casos.

Según la experta, «aunque no hemos hecho un estudio, hemos podido constatar que había muchas mujeres que habían dejado de ejercer, al haber conseguido otro tipo de trabajos, se han visto abocadas a volver» ahora, tras perderlos. Aunque también se da un descenso de clientes, que ahora piden rebajas de hasta un 20% por los servicios, según fuentes de la UIB.

«Ahora pueden estar una noche entera y sólo hacen un servicio o dos», señaló Francisca Martínez, que trabaja desde la sede de Médicos del Mundo en Palma y desde la unidad móvil, con la que recorre zonas como Puerta San Antonio, Avenidas o las inmediaciones del Hipódromo de Son Pardo, además de otros lugares y locales donde se concentran las meretrices.

Aunque esta ONG atiende principalmente a las personas que ejercen la prostitución en los peldaños bajos y medios de la escala –las consideradas de ‘alto standing’ fuertes ingresos–, incluyendo quienes trabajan por horas, quienes responden mediante un teléfono móvil a un anuncio en el periódico, quienes ‘hacen la calle’, al margen de que cuenten o no con proxeneta.

MÁS ETS Y POCO MIEDO AL VIH

El incremento de personas ejerciendo la prostitución también lleva emparejado que, desde principios de 2008 hasta ahora, Ramírez haya percibido un «incremento» de los casos de contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS), a veces debidos a «exceso de higiene»; mientras que también detectó una percepción de «bajo riesgo» respecto al VIH.

En total, son alrededor de 2.000 las personas que se dedican a la prostitución de forma estable en las islas, de las que 1.800 son mujeres, un centenar hombres y otro centenar transexuales. Y, aunque las nacionalidades representadas son muchas, predominan tres, brasileña, nigeriana y rumana; mientras que la cantidad de residentes autóctonas es residual.

El volumen de hombres y, sobre todo, de transexuales –principalmente procedentes de Brasil– que se prostituyen en Mallorca registró un incremento en los últimos tres años, que va parejo al que se viene produciendo en toda España, aunque se trata también de los colectivos «más difíciles de alcanzar» por Médicos del Mundo, al parecer, a causa del rechazo social que perciben.

MÁS PISOS CLANDESTINOS

Por otra parte, Francisca Ramírez descartó que se esté produciendo un descenso en el número de prostíbulos en Mallorca, aunque si manifestó que se percibe un repunte de los pisos clandestinos, donde pequeños grupos de entre 3 y 4 personas ejercen la prostitución hasta que abandonan el lugar después de unos meses por las quejas vecinales, siempre para establecerse en otro similar.

Concretamente, según el estudio correspondiente a 2008 últimado por esta experta, sobre datos de 750 personas atendidas, 305 trabajan en casas o pisos clandestinos, 233 en clubs, 192 en plena calle y 20 en otros lugares; siendo 679 de ellas mujeres, 45 hombres y 26 transexuales. Así, la vivienda es el principal lugar donde se ejerce, con el 40 por ciento de los casos, seguido del club, con el 31%.

Cabe señalar que Médicos del Mundo, que considera la prostitución un tipo de violencia de género y mantiene un posicionamiento «abolicionista» ante esta práctica, afirma que las mujeres que se han visto involucradas en esa actividad arrastran posteriormente problemas de afectividad, ‘síndrome de Estocolmo’ y ‘estrés post traumático’, entre otras cuestiones.

SECUELAS PSÍQUICAS Y ADICCIONES

Estas secuelas psíquicas se están manifestando de una manera más acentuada entre quienes vuelven ahora a la prostitución, que además vuelven a sentir la «estigmatización» que supone su dedicación. Al mismo tiempo, quedan expuesta a recaer en las adicciones a alcohol y drogas –sobre todo cocaína– características de esta actividad; como también lo son los trastornos del sueño y de la alimentación.

Desde el Centro de Atención Sociosanitaria a Personas que Ejercen la Prostitución, la ONG ofrece atención médica a personas que ejercen en esta actividad en aspectos como el control ginecológico, la prevención, diagnóstico y tratamiento de ETS y la promoción y educación de la salud.

http://www.europapress.es/illes-balears/noticia-crisis-impulsa-volver-calles-ex-prostitutas-pierden-trabajos-convencionales-20090228133529.html

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Lleida: Entra en vigor l’ordenança de Lleida que permet multar prostitutes i clients al carrer

LLEIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) –

La modificació de l’ordenança del civisme que permetrà a la Policia Local de Lleida multar qui exerceixi la prostitució al carrer i els seus clients, amb sancions d’entre 300 euros i 3.000 euros, ha entrat avui en vigor.

Així i tot, la intenció de l’Ajuntament de Lleida no és multar de moment les prostitutes, sinó advertir-les de la nova normativa.

El ple de l’Ajuntament de Lleida va aprovar el passat 30 de gener la modificació de l’ordenança del civisme. Es va decidir també posar en marxa un pla de reinserció per deixar l’ofici i trobar una ocupació.

L’equip de govern de l’alcalde, el socialista Àngel Ros, va tenir el suport del PP en la votació del pla integral, en què es van abstenir CiU, ERC i ICV. En la modificació de l’ordenança els socialistes van ser recolzats per CiU i PP. ERC es va abstenir i ICV va votar en contra.

Fins ara, una vintena de prostitutes s’han interessat pel pla de reinserció, algunes menors, a través d’un treballador d’una parròquia.

http://www.europapress.es/catala/noticia-entra-vigor-lordenanca-lleida-permet-multar-prostitutes-clients-carrer-20090228173032.html

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Lleida: Entra en vigor la ordenanza de Lleida que permite multar a prostitutas y clientes en la calle

LLEIDA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) –

La modificación de la ordenanza del civismo que permitirá a la Policía Local de Lleida multar a quien ejerza la prostitución en la calle y a sus clientes, con sanciones de entre 300 euros y 3.000 euros, entró hoy en vigor.

Aun así, la intención del Ayuntamiento de Lleida no es multar por el momento a las prostitutas, sino advertirlas de la nueva normativa.

El pleno del Ayuntamiento de Lleida aprobó el pasado 30 de enero la modificación de la ordenanza del civismo. Se decidió también poner en marcha un plan de reinserción para dejar el oficio y encontrar un empleo.

El equipo de gobierno del alcalde, el socialista Àngel Ros, contó con el apoyo del PP en la votación del plan integral, en la que se abstuvieron CiU, ERC e ICV. En la modificación de la ordenanza los socialistas fueron apoyados por CiU y PP. ERC se abstuvo e ICV votó en contra.

Hasta ahora, una veintena de prostitutas se han interesado por el plan de reinserción, algunas menores, a través de un trabajador de una parroquia.

http://www.europapress.es/catalunya/noticia-entra-vigor-ordenanza-lleida-permite-multar-prostitutas-clientes-calle-20090228173054.html

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Lleida: Entra en vigor la prohibición de prostitución en la calle

Multas de hasta 3.000 euros para los clientes y prostitutas pillados en la calle en Lleida

LLUIS VISA – Lleida – 28/02/2009

La prostitución en la calle está prohibida desde hoy en Lleida. Y no sólo estarán obligadas a pagar multa las prostitutas, sino también los clientes que desafíen la prohibición, que entra en vigor con la nueva ordenanza cívica de la ciudad. Las sanciones previstas oscilan entre los 300 y los 3.000 euros. Las autoridades han dejado claro que, en una primera fase de aplicación de la ordenanza, no serán estrictas con el pago de las multas, sino que practicarán la tolerancia se centrarán en avisar a los que pillen.

El colectivo de prostitutas se muestra contraria a la medida, porque aseguran que no ha sido muy efectiva y avanzan que no piensan pagar. Lleida no es la primera ciudad de España en la que los clientes y prostitutas pillados en plena calle. La ordenanza cívica de Barcelona fue pionera al respecto, con multas de entre 750 y 3.000 euros.

http://www.elpais.com/articulo/espana/Multas/3000/euros/clientes/prostitutas/pillados/calle/Lleida/elpepuespcat/20090228elpepunac_8/Tes

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Granada: El pleno rechazó poner en marcha recursos sociales concretos para las mujeres que ejercen la prostitución

TRABAJADORAS SEXUALES
La moción planteada por el grupo municipal socialista, a la que se sumó IU, para instar a la Concejalía de Bienestar Social a poner en marcha recursos sociales para las mujeres que ejercen la prostitución fue rechazada por el equipo de gobierno, que consideró la iniciativa una «puñalada» al trabajo que desarrolla la comisión creada para abordar el asunto.

Los grupos municipales de IU y PSOE solicitaron la puesta en marcha de un plan integral coordinado con todas las concejalías, así como el desarrollo de un estudio sobre la situación de la prostitución en la ciudad, medidas contempladas en el último borrador del Plan de Igualdad.

El concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Moral, acusó al grupo municipal socialista de generar «alarma social» con este asunto y consideró que las medidas a emprender deben ser consensuadas en la comisión creada para abordar la prostitución, integrada por los distintos grupos políticos, el defensor del Ciudadano y colectivos implicados en la atención a las prostitutas.

«Están intentando dinamitar el trabajo de una comisión que hasta la fecha ha trabajado desde la serenidad», criticó Moral, quien recordó que la ordenación del trabajo sexual es competencia del Gobierno central y los recursos sociales de la Junta de Andalucía.

Defendió además el trabajo del equipo de gobierno a través de las ONG y colectivos implicados en la prostitución, como Cáritas o Cruz Roja, entre otras.

Entre las mociones aprobadas por unanimidad por el pleno del Ayuntamiento, destaca la de instar al Ministerio de Fomento y a la Consejería de Obras Públicas a la instalación de pantallas en los tramos de la A-395 y A-44 a su paso por la capital para reducir el impacto acústico del tráfico, que «sufren» unas 35.000 personas.

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-pp-propondra-proximo-pleno-crear-comision-investigacion-contratacion-hijo-raya-20090227210421.html

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Piden 20 años para el acusado de violar a una prostituta

El fiscal baja la pena que exigía por haber una sola agresión sexual en vez de dos

27.02.09 – MARÍA REGO| VITORIA


El hombre dice que la joven podría haberle denunciado para conseguir los papeles.

La Fiscalía Provincial de Álava pidió ayer 20 años y medio de prisión para el hombre acusado de violar, retener contra su voluntad y amenazar de muerte a una prostituta en el verano de 2006. La pena exigida finalmente para I.P.M., acusado de estos hechos, se ha reducido en casi nueve años por haber pasado de contemplarse dos presuntos delitos sexuales a uno solo ya que se produjo «una unidad de acto en las relaciones». El presunto autor obligó a la joven a subir a su coche y se dirigió hasta una zona del barrio de Abetxuko donde por las «circunstancias del lugar» se aseguraba poder cometer la agresión, explicó el fiscal durante la vista oral.
La última jornada del juicio, que arrancó el miércoles, estuvo protagonizada ayer por la intervención de los médicos forenses, psicólogas, peritos y policía científica que participaron en la investigación de los hechos. Sus pruebas confirmaron que I.P.M. y la prostituta mantuvieron relaciones aquella noche, y constataron la existencia de un estrés postraumático en la chica si bien no se pudo determinar su procedencia. «Los síntomas no podrían deberse exclusivamente a la agresión, pues la joven vive en un entorno complicado», advirtió el equipo psicológico en referencia a detalles como su situación ilegal en el país. El fiscal, tras escuchar a las expertas que reconocieron a la denunciante, decidió elevar de 6.000 a 12.000 euros su petición de indemnización por daños morales a la víctima.
Por su parte, la abogada de I.P.M. insistió en «la insuficiencia de pruebas de cargo» para inculpar a su defendido. «Hubo pleno consentimiento de las relaciones sexuales», recalcó. El fiscal, sin embargo, se resistió a creer que la joven se hubiera inventado la violación sólo porque el acusado no quisiera pagarle 25 euros más de lo acordado. La denuncia podría responder, a juicio de la defensa, a un interés de la prostituta por conseguir los papeles de residencia en el país.
No aparece el arma
El uso de un arma por parte del supuesto agresor fue otro de los aspectos de enfrentamiento entre las partes implicadas, pues los encargados de la inspección del lugar de la violación, así como del vehículo del acusado, no lograron dar con ella. «No ha aparecido pero los registros se produjeron más tarde, por lo que el acusado pudo deshacerse de la pistola», apuntó la Fiscalía. La joven había ofrecido «una explicación elaborada» del lugar y las formas en que I.P.M. extrajo el revólver.
Ahora, acusado y denunciante deberán esperar a la decisión final de la Audiencia Provincial de Álava, que en las próximas semanas dictará sentencia.

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/20090227/alava/piden-anos-para-acusado-20090227.html

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El furor procadena perpetua calla ante la muerte de una prostituta

• El asesinato de la mujer en Ourense, similar al de Marta, ha pasado desapercibido

• El PP cambia su discurso y se sube al carro de las penas de prisión vitalicias


Dos submarinistas buscan en el río Avia el cuerpo de la prostituta, el jueves pasado. Foto: EFE / ROSA VEIGA

EL PERIÓDICO
MADRID
El pasado 11 de febrero, Ma- ría Socorro da Silva, una mujer brasileña recién llegada a Ourense que se dedicaba a la prostitución, murió tras ser golpeada con un objeto contundente, presuntamente a manos de un cliente, Ramón F. A., quien después tiró su cuerpo al río Avia. Se trata de un crimen muy similar al de Marta del Castillo –salvo que el cadáver de Da Silva fue encontrado este jueves y el de la joven sevillana, por el momento, no–, pero la reacción de ciudadanos, políticos y medios no ha tenido nada que ver. Nadie pide para el supuesto asesino de esta mujer la cadena perpetua. No ha habido movilizaciones para repudiar el crimen. Las televisiones han dedicado minutos y no horas a tratar este suceso. El presidente del Gobierno no ha recibido en la Moncloa a los familiares de la víctima. El principal partido de la oposición tampoco se ha servido de este caso para plantear un «debate muy serio» sobre la severa pena.

PRINCIPAL HIPÓTESIS
El crimen de Marta, como antes el de la niña onubense Mari Luz Cortés –que murió a manos de un pederasta condenado pero en libertad debido a una cadena de errores judiciales–, ha motivado que se reabra en España, al peligroso calor de las emociones, el intermitente debate sobre las penas de prisión. Solo que la muerte de la adolescente sevillana, si se corrobora la principal hipótesis de la policía, no sería castigada con la cadena perpetua en ninguno de los países de Europa occidental donde sí está contemplada esta pena. El autor confeso del crimen, Miguel Carcaño, ha dicho que mató a Marta con un cenicero y que después, ayudado por su hermano y dos amigos, tiró su cuerpo al río Guadalquivir. De ser así, no se trataría de un asesinato, sino de un homicidio: no hubo ni alevosía, ni ensañamiento, ni precio, recompensa o promesa de por medio.
Y, sin embargo, el padre de la víctima, Antonio del Castillo, le pidió el martes pasado a José Luis Rodríguez Zapatero que «escuche al pueblo» y convoque un referendo sobre una reforma de la Constitución encaminada a que el ordenamiento jurídico contemple la cadena perpetua. El pueblo al que se refiere Del Castillo, por el momento, son las cerca de 5.000 personas que el pasado fin de semana se manifestaron junto a él en Madrid; o el 98,9% de 3.363 telespectadores de Rojo y Negro –un programa de Tele 5 que no tuvo ningún reparo en entrevistar a cara descubierta a la actual novia de Carcaño, de 14 años– que contestaron sí a la siguiente pregunta: ¿considera usted que hay que endurecer las penas para este tipo de asesinos?
El interrogante no iba acompañado de ningún contexto sobre las penas máximas que existen en España. Son duras: de 30 años si el reo ha sido hallado culpable de dos o más delitos y alguno de ellos está castigado con más de 20, o de 40 si al menos dos de los delitos tienen una pena de más de 20, caso del asesinato.

A GOLPE DE SUCESO
Todo esto, además de que el Gobierno trabaja para que los reos por delitos graves cumplan íntegramente sus condenas, fue lo que le dijo Zapatero a Del Castillo, disipando así el fantasma de legislar a golpe de suceso, que desde hace un tiempo está instalado en Francia –su presidente, Nicolas Sarkozy, impulsó, tras la violación de un niño de 5 años, la castración química y los hospitales especiales para pedófilos– y, sobre todo, en Italia. El primer ministro, Silvio Berlusconi, trató sin éxito de aprobar una nueva ley para no dejar morir a Eluana, la mujer en coma; y a mediados de febrero, su ministro para la Simplificación Legislativa, Roberto Calderoli, apostó por la castración quirúrgica después de un fin de semana en el que el país vivió pendiente de tres asaltos sexuales.

CAMBIO DEL PP
Pero el fantasma solo se ha disipado hasta cierto punto. El miércoles pasado, el PP, a través de su vicesecretario general, Javier Arenas, abogó por la apertura «con la mayor tranquilidad» de un «debate muy serio» sobre la cadena perpetua. En su opinión, si esta es revisable, caso por caso y cada cierto tiempo, no iría contra el artículo 25 de la Constitución, que exige que las penas de prisión estén «orientadas hacia la reeducación y reinserción social». Curioso: en agosto, a raíz del asesinato de Mari Luz –cuyo padre también se reunió con Zapatero e que incluso, el 19 de febrero, fue recibido por el lendakari Juan José Ibarretxe–, el PP sostuvo lo contrario. Su portavoz de justicia, Federico Trillo, argumentó que la prisión a perpetuidad no era compatible con «la interpretación más estricta de la Constitución». Parece que, ahora, el crimen de Marta es distinto del de Mari Luz y, por descontado, del de la brasileña Maria Socorro da Silva.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=591016&idseccio_PK=1021&h=

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Trata de personas ´moderniza´ la esclavitud

Promesas de trabajo, dinero y nuevas oportunidades de vida contribuyen a que millones de niñas y mujeres pobres de México sean presa fácil de “enganchadores”, quienes las convierten en seguras “esclavas sexuales”. La incapacidad para sancionar este delito ha impedido salvaguardar a las víctimas y que los miembros de estas redes sean procesados y condenados

Evangelina Hernández evangelina.hernandez@eluniversal.com.mx
El Universal
Viernes 27 de febrero de 2009

“No le tengo miedo, pero mi mamá sí, desde que sabe que es lenón. Hace tres meses terminamos y todavía me manda mensajes; ahora que sabe que no tengo trabajo, me dice: ‘Aquí tienes la papa asegurada, nomás me avisas y luego, luego te ponemos a chambear’.”

Es Juana, de 18 años, refiriéndose a Pepe, un enganchador al que conoció hace un año en Tlaxcala y le propuso matrimonio. Su historia ilustra cómo suele comenzar un caso de trata de personas —considerada un fenómeno de “esclavitud moderna”.

El tráfico, con su ruido incesante, invade su modesta casa, en Tenancingo (Tlaxcala). Señalando hacia la carretera, Juana dice: “Por esa salida se llevan cada fin de semana a las chavas que lograron convencer; las traen de Poza Rica (Veracruz). Pepe tiene (de forma permanente) como seis y dice que ‘su mercancía’ le ha dado para comprar su casa, que está bien grande”.

La madre de Juana se enteró por una amiga de que Pepe —o quien dice llamarse así— se dedica a la trata de personas con fines de explotación sexual, de modo que “hablé con los padres, que bien saben en qué anda metido el muchacho. Me prometieron que ya no iba a buscar a Juana y creo que lo han cumplido, pero les tengo miedo… si el gobierno no hace nada por detenerlos, menos nosotros”. No se equivoca.

La negligencia oficial y la falta de reconocimiento del crimen que representa la trata de personas socavan la lucha global contra este ilícito en aumento constante, acusa el Informe Mundial sobre Trata de Personas, de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, dado a conocer el 2 de febrero, y el cual precisa también que 79% de los casos está relacionado con explotación sexual, donde la mayoría de las víctimas son mujeres y niñas. En México, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, alrededor de 20 mil niños y niñas son esclavizados en explotación sexual.

Ante tal escenario, ayer y hoy se realiza en Villahermosa el Seminario Internacional “Mejores prácticas para combatir la trata de personas”, que busca involucrar a la sociedad civil y a la iniciativa privada en la lucha contra éste, que es el segundo negocio criminal más rentable del mundo —después del narcotráfico—, de acuerdo con el FBI.

“Mi hija pasaba horas en internet…”

No existe en nuestro país un diagnóstico integral de la trata de personas (alcance criminal, número de víctimas, costos sociales y personales), pero los testimonios de víctimas o sus familias aportan indicios.

La Unidad de Investigación de EL UNIVERSAL entrevistó a la madre de una niña oaxaqueña de 14 años —desaparecida en la zona del istmo de Tehuantepec el 2 de enero pasado—, quien relató que “mi hija se pasaba horas en internet, donde tenía muchos amigos y hasta novios. Sé que recibió un correo electrónico en el que la invitaban a venir al DF. Ella comentó a su prima, que fue la última persona con la que habló, que venía (al Distrito Federal) a encontrarse con su destino”.

Después sólo se han conseguido ciertos rastros, como el de que la niña viajó de Tierra Blanca (Veracruz) a la ciudad de México en un camión de la línea Autobuses Unidos, lo cual se sabe a partir de versiones recogidas entre los operadores de aquella unidad y una vendedora de boletos.
Con la experiencia de quien ha hecho todo a su alcance para encontrar a su hija, esta mujer conoció diversos casos semejantes en la zona del istmo de Tehuantepec (Oaxaca). En particular, refiere los de otros dos menores que fueron contactados a través de la red y llevados con engaños a otras ciudades del país en autobús; en uno de estos casos la menor fue localizada por sus familiares en una casa de seguridad de tratantes de personas en la ciudad fronteriza de Reynosa (Tamaulipas).

“Les rompen su voluntad y dignidad”

Casos como los de esta niña de 14 años, en Oaxaca, y Juana, en Tlaxcala, muestran algunas modalidades operativas de la delincuencia organizada.

Activistas del Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local informan que han documentado la existencia de redes de trata de mujeres, principalmente en Tenancigo, donde puede observarse que enganchan a las mujeres con promesas de trabajo, dinero y nuevas oportunidades de vida, aparte del fenómeno del control social basado en la intimidación, lo cual es negado sistemáticamente por las autoridades municipales y estatales.

Esas redes aprovechan las condiciones de pobreza y exclusión en la que viven millones de niñas y mujeres en México, opina Mario Luis Fuentes, director general del Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS). “Además, quienes las enganchan tienen grandes habilidades; son estos jóvenes que merodean las centrales camioneras, (las estaciones) del Metro, cazando a las niñas que se ven atractivas. Se les acercan con ofertas de romance y una vez que hay el primer contacto, hay una enorme habilidad para romperles su voluntad y su dignidad, con lo que las convierten en esclavas; viene esta ruptura total de la personalidad donde la víctima asume la situación como una parte de su destino y las posibilidades de reintegrar a las que escapan son mínimas.”

En todo esto tiene que ver igualmente la complicidad e incompetencia de servidores públicos. En su informe sobre trata de personas 2008, el Departamento de Estado de Estados Unidos define a México como país de origen, tránsito y destino de personas sujetas a trata y considera que las autoridades no están atacando el delito, además de advertir que la corrupción, especialmente de personal de procuración de justicia a nivel local y del Instituto Nacional de Migración, es ya una preocupación seria, pues no sólo algunos aceptan sobornos, sino que desalientan la denuncia o ignoran que la prostitución infantil en burdeles y otros sitios de comercio sexual es un síntoma de la industria criminal de trata de personas.

México, parálisis institucional

En 2003, el gobierno mexicano ratificó el Protocolo de Palermo, primer instrumento internacional que definió la trata de personas, pero su primera legislación especializada en la materia, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, entró en vigor hasta noviembre de 2007. Y no es el único retraso: 15 meses después, el presidente Felipe Calderón no ha emitido el reglamento para la atención integral a las víctimas.

Sadot Sánchez, director del Programa de Trata de Personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coincide con especialistas en que la trata de personas es “esclavitud moderna”, y califica como “omisión grave del Ejecutivo Federal” la ausencia de reglamento, pues impide que “las víctimas tengan protección, apoyo y asistencia”.

Si bien para perseguir el delito no hace falta reglamento, añade, “en donde sí es necesario y la ley está atada es en la prevención; no se ha creado la instancia que habrá de aplicar las medidas preventivas”, de modo que “la legislación queda como una muy buena intención, pero no sirve de herramienta para salvaguardar los derechos de las víctimas”.

El Artículo 10 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas impone la creación de una Comisión Intersecretarial integrada por los titulares de 10 instituciones del gobierno federal —incluidos los de Gobernación, Comunicaciones y Transportes, Relaciones Exteriores, Desarrollo Social y Educación, así como el de la PGR—, además de representantes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, los institutos nacionales de las mujeres, de Migración y de Ciencias Penales, y el Consejo Nacional de Población; también se considera la participación de las organizaciones civiles.

Hasta ahora, esa Comisión Intersecretarial no existe, como tampoco el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, mismo que legalmente debe ser formulado por aquella.

Policías, fiscales y jueces, ni idea

El informe citado del Departamento de Estado de EU enfoca uno de los problemas clave para que la ley no se aplique, además de la ausencia del reglamento. De noviembre de 2007 a junio de 2008, precisa, se informó del arresto de apenas siete sospechosos de explotación sexual, pero no se reportaron sentencias ni penas por el delito de trata de personas.

Tampoco “hubo esfuerzos por investigar o procesar crímenes de explotación laboral, a pesar de las denuncias sobre mexicanos, centroamericanos y otros ciudadanos extranjeros que son sujetos a este tipo de abusos”. Y agrega que son indispensables mayores esfuerzos para procesar y castigar a los culpables, así como ampliar la capacitación a jueces, Ministerios Públicos y agentes ministeriales, para que el gobierno mexicano pueda cumplir lo establecido por la ley.

Anónimamente, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal aceptaron referir un caso que les ocupó varios meses y al final les produjo frustración. Tras identificar la casa de seguridad de una red de trata de personas en Puebla, iniciaron una investigación que incluyó acciones infiltradas y desembocó en un cateo, en enero pasado.

Los detenidos fueron puestos a disposición del MP, que determinó que no había evidencias suficientes para procesarlos por trata de personas —considerado delito grave—, optando por el de lenocinio —delito no grave—. A su vez, las víctimas se negaron a presentar denuncia asegurando que trabajaban ahí de manera voluntaria.

Esta incapacidad institucional para tipificar el delito ha impedido, a niveles federal y local, que miembros de redes criminales sean procesados y condenados. La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (de la PGR) investiga sólo aquellos casos en los que esté implicado el crimen organizado; se traslade a las víctimas a otro país, o haya participación de servidores públicos.

Todo lo demás queda en el ámbito local, donde según Mario Luis Fuentes, director general de CEIDAS, aunque los gobiernos estatales reformaron sus códigos penales para tipificar de distinta manera el delito “falta la capacitación de los MP y jueces para que sean sensibles a la problemática de las víctimas”; Aparte, dice, los policías están atrapados en esta cultura permisiva que no considera la explotación sexual como delito, que la ve como algo de la cotidianidad, del paisaje urbano.

http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166064.html

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El Gobierno atenderá las sugerencias del Poder Judicial que refuercen el control sobre los condenados

El Gobierno prepara una reforma del Código Penal para reforzar el control sobre algunos criminales
La reforma prevé la libertad vigilada para condenados por terrorismo o delitos sexuales
El Poder Judicial presentó un informe muy crítico con la reforma que promueve el Gobierno
El PP ha pactado la reforma con el PP, que ha abandonado el Pacto por la Justicia

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
EFE/Fernando Alvarado

RTVE.ES / AGENCIAS MADRID 27.02.2009
El Gobierno tendrá en cuenta las sugerencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la reforma del Código Penal que vayan en la línea de reforzar el control sobre los condenados por terrorismo o delitos sexuales, según ha afirmado la vicepresidenta primera y portavoz, María Teresa Fernández de la Vega.

«(Las sugerencias) se adaptarán al proyecto de ley que tenemos en marcha si sirven para reforzar nuestro último fin, que es el control y el seguimiento de las personas que hayan sido condenadas por terrorismo o delito sexual», ha dicho De la Vega en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La vicepresidenta se ha expresado así después de que el CGPJ haya hecho público ayer un informe muy crítico con esta reforma parcial del Código Penal.

En concreto, el CGPJ opina que sería de «muy difícil justificación» la libertad vigilada para terroristas o agresores sexuales una vez cumplida su pena de prisión, porque supondría un retroceso respecto a los regímenes de tercer grado y libertad condicional.

No obstante, también ha incluido recomendaciones para poner en marcha esta medida como crear la figura del agente de la libertad vigilada o precisar cómo se castigará el incumplimiento de éste régimen. De la Vega ha asegurado que el Ejecutivo siempre concede mucha importancia a estos informes del CGPJ –preceptivos pero no vinculantes–.

Aunque ha afirmado que aún no ha tenido tiempo de estudiarlo en profundidad, apuntó que «en una primera impresión» el documento del CGPJ incluye sugerencias «que se pueden tener en cuenta» y ha precisado que se incorporarán si van en el sentido de reforzar el control de los condenados.

Pacto con el PP

La introducción de medidas de aseguramiento para terroristas y agresores sexuales fue acordada entre el Gobierno y el PP a raíz del pacto sobre la Justicia nacido de la primera reunión de esta legislatura entre el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, y el de la oposición, Mariano Rajoy, el pasado 23 de julio.

El Gobierno había plasmado ya ésta y otras medidas en un anteproyecto de ley.

No obstante, éste pacto en materia de Justicia encalló ante las discrepancias entre gobierno y PP para reformar el Tribunal Constitucional y, la semana pasada, fue oficialmente congelado por la oposición tras conocerse que el ya ex ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, había coincidido en una cacería con el juez Baltasar Garzón mientras éste instruía la operación ‘Gürtel’ que puede afectar a miembros del PP.

De la Vega ha dejado claro que el nuevo titular de Justicia, Francisco Caamaño, «ha tendido de nuevo la mano a las asociaciones (de jueces) y a todas las fuerzas políticas», incluido el PP para abordar la modernización de la Justicia «desde el diálogo y el acuerdo», y destacó que ha apreciado una «buena disposición» por parte de las asociaciones judiciales.

Al inicio de la rueda de prensa, la vicepresidenta ha expresado el agradecimiento del Gobierno a Mariano Fernández Bermejo, dimitido el pasado lunes, por su «trabajo y dedicación» y subrayó que se entregó «de lleno» a la tarea de modernizar la Justicia y mejorar este servicio a los ciudadanos, tarea en la que proseguirá ahora Francisco Caamaño.
http://www.rtve.es/noticias/20090227/gobierno-atendera-las-sugerencias-del-poder-judicial-que-refuercen-control-sobre-los-condenados/239409.shtml

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¿Sexo a los 13 años?

POLÉMICA SOBRE LA ‘MAYORÍA DE EDAD SEXUAL’

Los expertos coinciden en que a esa edad se es inmaduro para iniciar las relaciones

Actualizado viernes 27/02/2009 14:42 (CET)

PATRICIA MATEY

MADRID.- A los 13 años es muy pronto para saber decir que sí. Los expertos consultados por elmundo.es coinciden en que, a esa edad, aún se es inmaduro para, conscientemente, aceptar o denegar una relación sexual.

El Código Penal establece los 13 años cómo la edad mínima para que los chicos y chicas puedan mantener relaciones sexuales consentidas con un adulto. Recientemente, el PNV ha presentado una proposición no de ley en el Congreso en la que solicita la elevación de esta edad hasta, posiblemente, los 16 años, así como en el endurecimiento de las penas para los pederastas.

La iniciativa contempla, además, un incremento sustancial de las penas para los delitos sexuales cometidos con menores de edad, así como penas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela o cargo público.

«En esta sociedad, el adolescente de 13 años no tiene capacidad para decidir sobre el consentimiento responsable. Es un momento en el que el menor necesita ser protegido y atendido por los padres, que deben ser los amortiguadores de las tensiones internas y externas que el joven por sí mismo no puede controlar», señala el psicólogo Manuel Hernanz Ruiz.

La doctora María José Mardomingo, jefa del servicio de Psiquiatría infantil del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, defiende como «mucho más razonable la edad mínima de 16 años para consentir relaciones sexuales en lugar de los 13, tanto por madurez emocional como intelectual. Que la sociedad transmita a los jóvenes que los 13 ya es un momento adecuado para iniciarse en el sexo es un error. Una cosa es que deba percibirse como algo normal y otra que la edad apropiada de inicio en las relaciones íntimas sean los 13. Cada cosa debe ser a su tiempo».

Embarazos adolescentes

Una opinión que comparte el pediatra Juan Casado, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Niño Jesús de Madrid. «A los 13, en general, es una edad insuficiente para mantener relaciones sexuales plenas, porque excepto en contados casos las niñas, y sobre todo los niños, no tienen madurez suficiente. Las consecuencias de una iniciación precoz pueden ser negativas, sobre todo cuando no se toman medidas anticonceptivas eficaces».

Según el Ministerio Sanidad y Consumo en 10 años la tasa de embarazos entre chicas de 10 a 17 años se ha duplicado, al pasar de 3,07 por mil en 1997 a 6,3 por mil en 2007. Además, el número de abortos entre jóvenes y adolescentes aumentó en España casi un 17% en 2007 respecto al año anterior.

Aunque, en opinión del doctor Casado «no hay una edad determinada para el inicio las relaciones sexuales, ya que el momento depende de cada individuo, de su estabilidad psíquica y de su madurez. Cuando los adolescentes están preparados afectivamente y psicológicamente, las relaciones sexuales, no la promiscuidad, pueden ser positivas y enriquecedoras. Sin embargo, si se inician precozmente para esa persona el efecto es pernicioso».

El ‘dibujo’ de la iniciación sexual de los adolescentes españoles puede leerse en el ‘International Journal of Clinical and Health Psychology’. En el trabajo, realizado con 505 adolescentes por la Universidad de Alicante, los participantes fueron divididos en cinco estadios según su iniciación sexual y vivencias: los no iniciados sexualmente, los que habían experimentado un beso pasional, los que tenían experiencias ‘petting’ suaves [contactos físicos como son roces, besos, caricias… sin llegar a practicar la penetración] o más fuertes y los que habían mantenido relaciones coitales.

«Los adolescentes de esta muestra viven una sexualidad similar a la de su grupo de amigos habituales, consideran que su vida sexual es normativa y su nivel de iniciación guarda relación con unos hábitos de vida en grupo, como salir en pandilla, consumir alcohol y salir los sábados por la noche», reza el ensayo.

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/27/psiquiatriainfantil/1235740520.html

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