Ocho presuntos miembros de una red ilegal que operaba en locales de alterne de Fraga, Monzón, Caspe y Bujaraloz se sentaron ayer en el banquillo de la Audiencia de Huesca, donde se enfrentan a penas que suman 371 años de prisión por extorsionar a mujeres para ejercer la prostitución. La investigación se abrió a raíz de la denuncia de una de las víctimas de la organización, tras la cual el Juzgado de Fraga autorizó intervenciones telefónicas que permitieron finalmente desmantelar la red en marzo de 2007.
La Fiscalía les imputa delitos de asociación ilícita para promover la prostitución, de favorecer la inmigración ilegal, de violencia, intimidación y engaño, de agresión sexual, de amenazas y de detención ilegal durante más de 15 días. Además, pide 105.000 euros en indemnizaciones para las víctimas.
Entre los ocho inculpados hay tres españoles, un hombre y una mujer rumanos, una uruguaya, una paraguaya y un portugués. Este último, Arturo D. S. F., de 36 años, es el único en prisión provisional y el ministerio público pide para él 96 años y medio de cárcel (42 de ellos por tres agresiones sexuales a prostitutas que ayer negó). Los demás acusados se enfrentan a penas de 8 a 65 años y medio de prisión. Las defensas, representadas por los letrados Javier Notivoli, Juan Carlos Macarrón y Javier Catalán, solicitan la libre absolución de sus clientes.
Una organización de 4 niveles
Según el escrito provisional de la Fiscalía, durante 2006 y 2007 los inculpados formaron una “organización criminal” con una compleja estructura. En la cúspide estaban los dueños de los cuatro locales (Sorolla de Fraga, Draco de Monzón, Los Almendros de Caspe y Aloha de Bujaraloz), “que entablaban contactos y realizaban acuerdos con personas del extranjero para traer ilegalmente a España mujeres en situación de extrema pobreza para ejercer la prostitución todos los días aunque estuvieran enfermas”.
El ministerio público afirma en su escrito que los dueños de los clubes “arbitraria y unilateralmente” imponían deudas a estas mujeres -entre 2.000 y 6.000 euros- que debían pagar prostituyéndose y las “vigilaban e intimidaban” ellos mismos o a través de sicarios para evitar que escaparan. En este sentido, sostiene que las víctimas recibían amenazas de muerte contra ellas y sus familias.
Por debajo de esta cúpula había un segundo nivel de personas “de absoluta confianza” que se gestionaban los locales, controlaban a las mujeres y cobraban a los clientes los servicios prestados (unos 50 euros). En un tercer nivel había personas que vigilaban a las mujeres para que impedir que escaparan o pidieran ayuda y por último había un grupo dedicado a captar mujeres en los países de origen para surtir a los clubes.
Niegan todas las acusaciones
Los inculpados negaron todas las acusaciones asegurando que en los clubes no se ejercía la prostitución -de hecho uno de los dueños subrayó que su local era una pensión-, que jamás amenazaron a ninguna mujer para que se acostara con clientes y que todas ellas eran libres de entrar y salir del local cuando querían. “Se encontraban a gusto porque se les daba un buen trato”, declaró Miguel O. C., quien también dijo que “en la época en que vivimos no creo que haya ya ningún club que tenga a una mujer atada con cadenas”.
Tampoco reconocieron sus voces en las grabaciones telefónicas reproducidas en la vista, que revelan presuntas conversaciones sobre la organización de los viajes de mujeres de Europa o Sudamérica a España, el cobro de las deudas, los “toques de atención” que daban a las que no quería prostituirse o los encargos que hacían a sicarios para vengarse de los clubes que les “quitaban” las chicas.
El juicio se reanudará hoy con la práctica de las pruebas testificales. En ellas destacan los testimonios de algunas presuntas víctimas de esta red ilegal que declararán como testigos protegidos.
finalmente han sido condenados a 68 años, a uno solo le pusieron 28, creo que al de caspe
besos
este es el enlace a la sentencia
http://www.diariodelaltoaragon.es/NoticiasDetalle.aspx?Id=581881