El 30 de junio, Levante-EMV publicaba entre sus efemérides una que textualmente decía: «1935. Queda abolida en España la prostitución como medio lícito de vida, aunque no se cierran los prostíbulos». A dicho acuerdo del gobierno presidido por Alejandro Lerroux, se unió, 21 años después, otra disposición dictada por el Consejo de Ministros en el año 1956, que al público llegó solamente con una nota periodística que venía a decir que se prohibía tal actividad.
La verdad es que ni una medida ni la otra consiguieron llevar a cabo la norma dictada; la del 3 de marzo de 1956 venía a decir que «se prohibían las casas de tolerancia y otras medidas sobre la prostitución». En tal decreto se decía que «velando por la dignidad de la mujer, y en interés de la moral social, se declara trato ilícito la prostitución», así como que «en todo el territorio nacional se prohíben las mancebías y casas de tolerancia, cualesquiera que fuese su denominación y los fines aparentemente lícitos a que declaren dedicarse para encubrir su auténtico objetivo». Más tarde, el mismo decreto del Consejo de Ministros declaraba que la reeducación y recuperación de las mujeres afectadas por esta explotación se encomendaba al Patronato para la Protección de la Mujer. Como se vio en ambos casos —y eran situaciones políticas y sociales muy diferentes en el país—, los resultados fueron negativos, pues no se logró acabar con ese comercio y, sobre todo, con la explotación por parte de quienes dirigían tales negocios. En España, con el espíritu jovial que siempre acompañó a nuestro pueblo, surgieron bromas en torno a estos decretos, y hasta hubo largos poemas dedicados a quienes dictaron las normas con gran sentido del humor y con frases irrepetibles en papel impreso.
La prensa, naturalmente, pasó de puntillas por tal información, y se recogió en general en letra pequeña. Mas he aquí que en Valencia hubo un director que quiso dar el realce que merecía la noticia. Fue el inolvidable José Barberá Armelles, que dirigía el semanario Clima —además del vespertino Jornada y Hoja del Lunes—, quien quiso en la aludida revista ofrecer una doble página sobre el tema, reportaje que encargó a un muchacho veinteañero que ahora está redactando esta crónica que ustedes tienen entre manos. Los titulares de esa extensa información fueron los siguientes: «El Gobierno prohibe la prostitución.-Los burdeles desaparecen de Valencia.-La orden ha sido acatada sin sorpresa ni resistencia». Todo ello, con fotos de interiores y de fachadas realizadas por aquel gran fotógrafo Damián.
En el mismo reportaje, dábamos cuenta de que resultaba prácticamente imposible saber el número de personas afectadas por esta orden, aunque sí que pudimos precisar que en Valencia existían en torno a cuarenta casas de explotación sexual, y que había unas trescientas cincuenta mujeres que disponían del llamado carnet rojo, que ése era el color de la tarjeta sanitaria que se les obligaba a disponer para evitar consecuencias de enfermedades. Pero, ya decimos: ni una ni otra disposición consiguieron acabar con uno de los oficios más antiguos del mundo –o así ha sido calificado en repetidas ocasiones-, y la explotación de las personas por uno u otro medio permanecerá mientras el mundo sea mundo.
Si bien los burdeles siguen y seguirán funcionando, en Valencia lo que molesta al vecindario es que las citadas mujeres deambulen por las calles; y hace unos años, un alcalde encontró una fórmula para que en la avenida del Barón de Cárcer y en la calle de Quevedo se fueran perdiendo esos paseos que creaban un ambiente no deseado por los transeúntes ajenos a ese comercio. Y tomó la decisión de que unos agentes solicitaran –lo que es reglamentario y legal- la documentación a los hombres que deambulaban por ambas vías; al sentirse identificados, muchos de ellos –la mayoría, marchaban en seguida del lugar, por temor a cualquier denuncia. Y así se liberó por una temporada esa zona céntrica de la ciudad.
Pero ese negocio, esa explotación, ningún régimen en ninguna época ha conseguido evitarlo.
