Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Galicia identificaron durante el período 2005-2008 un total de 1.845 víctimas de tráfico sexual, de las cuales el 95,5% eran de origen extranjero, especialmente brasileñas. Así lo explicó ayer el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, en la jornada de conmemoración del Día Internacional en contra de la explotación y trata de mujeres y niñas que se celebró en Santiago. Durante este acto, Varela anunció la elaboración de un protocolo de la Fiscalía Superior de Galicia en colaboración de la Xunta que incluirá medidas de prevención, investigación y tratamiento de las víctimas del tráfico sexual.
Según Carlos Varela, la mayoría de los delitos de prostitución forzosa se producen en clubes de carretera, algunos de los cuales se “han convertido en verdaderos complejos hoteleros”. Sin embargo, y como indicó el fiscal superior, la presión policial ejercida sobre los locales de alterne ha provocado que muchas mafias trasladen sus actividades a pisos privados y casas de citas. Para evitar el control administrativo y su identificación.
Se trata de unas organizaciones que en numerosas ocasiones tienen “rendimientos estimados por importe de 600.000 euros al año”.
En el polo opuesto se encuentra la prostitución callejera, la modalidad menos ejercida en el territorio gallego.
De este modo, en el período transcurrido entre 2005 y 2008 las Fuerzas de Seguridad del Estado realizaron diversas actuaciones, de las cuales 460 correspondieron a clubs de alterne. Así mismo, la policía nacional desmanteló 59 redes de tráfico de mujeres.
Durante el acto contra la explotación sexual, Varela también dio cuenta de la dificultad de dar “datos oficiales sólidos”, ya que la prostitución forzosa es un “fenómeno clandestino, cerrado y complejo” que “lleva a la sospecha de cifras negras”.
Como explicó el fiscal gallego, la escasez de procesos judiciales por explotación sexual, no sólo se debe a la clandestinidad de la actividad, sino también a la dificultad de obtener denuncias de las mujeres que se encuentran en este situación, ya que la mayor parte de ellas no acusan a los proxenetas “por miedo a represalias o a ser repatriadas en situación irregular”.
Respecto a la situación irregular de las mujeres afectadas por la trata sexual, la Policía identificó que en el 14,08% de los 141 casos detectados las víctimas se encontraban en situación irregular.
De las 141 mujeres, un 39% son de nacionalidad rumana y un 29% brasileñas, lo que supone un cambio con respecto a la tendencia del anterior en el que la mayoría de las víctimas procedían de Brasil.
Para paliar la explotación sexual en la comunidad gallega, la Fiscalía Superior de Galicia iniciará un protocolo en colaboración con la Xunta sobre la adopción de medidas de prevención, investigación y tratamiento a las mujeres víctimas del trafico de personas con fines de explotación sexual. Este programa contiene una hoja de ruta para permitir la coordinación y colaboración entre organismos con competencia en esta materia.
El protocolo, “pionero a nivel autonómico”, tiene como uno de sus ejes centrales la colaboración con organizaciones para la asistencia a las mujeres traficadas, como Cáritas y Médicos sin Fronteras y tiene tres partes, una de las cuales se refiere a los derechos y obligaciones de las mujeres forzadas a la prostitución.
El documento también tiene una sección dedicada al régimen penal y procesual de la trata de mujeres, otra destinada a la coordinación de las actuaciones policiales y judiciales y define además un estatuto oficial para las mujeres afectadas por la prostitución forzosa.
“Con este protocolo procuraremos combatir al fenómeno de la explotación sexual y erradicar definitivamente esta actividad lucrativa que atenta contra los más elementales derechos humanos”, declaró Varela.
