La prostitución ha traspasado las ciudades y los clubes de alterne para instalar sus servicios en polígonos industriales, aledaños de campos de cultivo y cruces de carretera. La vía pública es la oficina sexual a la que recurren cada vez más mujeres en busca de una clientela que pide más por menos a causa de la crisis.La provocación y los reclamos se multiplican en casi cualquier parte mientras ciudadanos, empresarios o Administraciones tratan de frenar los crecientes puntos de prostitución callejera. Beniparrell ha tomado la delantera para poner fin a esta práctica.
El Ayuntamiento del municipio de l’Horta sud, tras un periodo previo de carácter informativo, ya se ha decidido a sancionar. Esta población pionera decidió ahuyentar a las prostitutas que ofrecen sus servicios junto a la pista de Silla multando con 350 euros tener sexo en la calle.
El balance sorprende. En cuatro meses «se han reducido los casos en un 90% o más porque de las diez o doce chicas que había normalmente sólo quedan dos o tres y ahora el cliente las recoge y se las lleva a otra parte», explica el alcalde, Vicente Bort.
En Dénia también se han puesto manos a la obra. Para ello multará con 1.500 euros a quien ofrezca o pida servicios sexuales en la calle, según fuentes municipales. La ocupación de vía pública para escarceos es el eje de esta nueva ordenanza de Convivencia Ciudadana, un texto que sigue la línea marcada por la Federación Española de Municipios y Provincias.
Modelo a seguir
Ahora estas medidas se podrán extender al resto de municipios valencianos gracias a la norma que prepara la Federación de Municipios, que tiene como objetivo abundar «en el respeto al espacio urbano». En otras palabras, será la herramienta que les permitirá sancionar la prostitución cuando se produzca en la vía pública.
Esta ordenanza marco que tendrá que ser ratificada, total y parcialmente, por los municipios que la quieran poner en marcha, dará cobertura a «lagunas legales, a la vez que unificará las actuaciones en materias como la prostitución, pero también en el caso de los gorrillas o la venta ilegal callejera», explican desde la federación valenciana. Se prohibirá, por tanto, cualquier actividad en la calle que no tenga autorización.
Muchos alcaldes han recurrido al argumento del ruido y la alteración del orden público para desterrar la prostitución callejera. El problema es que, hasta el momento, son los municipios quienes han dado el primer paso para regular la prostitución ante la ausencia de una ley estatal. Poblaciones como Elche, Alicante, Torrevieja, Benidorm, Gandia, Paterna, Valencia, Castellón y Villareal disponen de intendentes trabajando en una norma general que permita sancionar esta práctica en la calle.
Unas 30.000 mujeres ejercen la prostitución y 1.800 lo hacen a pie de calle. Y es que los lupanares se extienden por cualquier ciudad que se precie. En Valencia esta actividad continúa en el centro histórico pero se ha extendido a las zonas más alejadas, como sucede en la carretera que discurre entre Nazaret, la Punta y Pinedo. La mayoría de las mujeres son de origen subsahariano, aunque también de países del Este. Casi todas están controladas por mafias de proxenetas. Sin embargo, si la policía no encuentra pruebas de esta práctica, condenada en el Código Penal, apenas tiene herramientas para actuar, pese a ser una de las principales quejas vecinales. La única posibilidad que tienen en la actualidad, en el caso de la Policía Local, es presionar a través de infracciones de la ley de seguridad vial. Por ejemplo, se les puede instar a no ocupar una parte de la vía o presionar al cliente si su vehículo para en zona prohibida. En España no es delito prostituirse, aunque sí traficar con mujeres o alterar el orden público.
Existe la figura de la desobediencia a la autoridad (si no hacen caso o se reiteran en su actitud). Entonces sí que pueden existir consecuencias penales si la desobediencia es continuada, al establecerse el pago de una cuantía económica por cada día de infracción. Si no se abona, la mitad de los días que establece la sanción se pueden transformar en privación de libertad, aunque no suele ser habitual que en los juzgados se llegue a este extremo.
La capital del Turia se ha mostrado a favor de regular la prostitución. Así lo señaló recientemente la alcaldesa Rita Barberá, que se sumó a las peticiones de Barcelona y Madrid instando al Gobierno a iniciar los trámites para legislar sobre esta práctica. El Consistorio intentó hace años sacar adelante una ordenanza que multaba a prostitutas y clientes, pero la falta de consenso impidió que llegara a aprobarse.
Castellón sanciona el sexo en la vía pública si causa molestias incompatibles con el descanso mientras que Alicante carece de una ordenanza que penalice la actividad en la calle.
