El juzgado que investiga la trama de los burdeles solicitó a la Subdelegación del Gobierno en Lugo documentación relacionada con expedientes para la regularización de extranjeros, un trámite que se realiza en las oficinas gubernamentales de la calle Río Neira, en la sede central de Extranjería de la ciudad amurallada.
Se desconoce cuáles son exactamente estos papeles, pero se sospecha que se trata de las copias correspondientes a los informes intervenidos el domingo en la comisaría de Policía, a los que en este departamento se les adjunta la conformidad.
Aunque el caso sigue bajo secreto, este lunes se conocieron más detalles de la inspección en la Brigada de Extranjería de la comisaría de Policía. Uno de ellos es que el registro no lo efectuó la Guardia Civil, sino agentes de Asuntos Internos de la propia Policía llegados también desde Madrid, en presencia de la jueza y de los guardias del mismo departamento interno de la Benemérita que llevan tres semanas en Lugo al cargo de las pesquisas.
Casi diez horas buscando en comisaría
La inspección en la comisaría, en la que estuvieron presentes el comisario, Maximino Losada, y el inspector jefe de la Brigada Provincial de Extranjería, Evaristo Rodríguez, se prolongó durante casi diez horas debido a que la jueza solicitó un volcado total de los discos duros de los ordenadores, lo que llevó su tiempo.
Todos los expedientes están informatizados, pero los documentos que entregan los inmigrantes se guardan en papel en archivadores. Dentro de estos expedientes hay un informe su objetivo, elaborado por el policía instructor, donde se argumentan los motivos por los que habría de concederse el permiso de residencia tras evaluar las circunstancias personales de cada solicitante, como por ejemplo la situación laboral, familiar o de arraigo.
Este es precisamente el objeto principal de las pesquisas. Desde el principio llamó la atención de los investigadores que el cabo de la Policía Judicial ahora encarcelado, A.L., mantuviera a numerosas prostitutas como testigos protegidas. Esta condición es una de las que facilita la obtención del permiso de residencia, el que se tramita en estas oficinas de la comisaría y que luego visa la Subdelegación del Gobierno.
La cuestión ahora es comprobar si hubo irregularidades en esos expedientes para regularizar a un elevado número de chicas y obtener así beneficio económico con ello. En este juego presuntamente entrarían los encargados de los clubes de alterne también detenidos, sobre todo J.M.G.A., del Queens y La Colina; y M.G., del Eros.
La venganza de un proxeneta arrestado
La teoría del cabo implicado es bien diferente. Según él, todo es una venganza de un proxeneta al que arrestó hace años y que desde prisión urdió una venganza, pagando a prostitutas e incluso a otro agente para que lo inculparan.
De la treintena de detenidos en el caso, 13 de los cuales están ya en prisión provisional, sobresalen otros dos. Son R.V.R., policía local ex jefede la Brigada Nocturna, sobre el que pesan siete graves cargos relacionados con la prostitución, los derechos de los trabajadores o el cohecho —similares a los que imputan al cabo A.L.—, y el funcionario J.R.P., empleado de la empresa de la ORA y relacionado con la propiedad de los terrenos y el inmueble del Queens.
El primero ingresó también en prisión, mientras que el segundo quedó en libertad a pesar de que se le atribuía un presunto delito de prostitución. A prisión también fue el empresario del sector de las excavaciones R.L., en su caso por supuesta inducción al aborto.
Porteros y encargados de clubes
La operación Carioca se completa por ahora con una pléyade de porteros, encargados y dueños de clubes —entre ellos un ex guardia civil de 65 años—, así como de prostitutas, la mayoría de ellas parejas habituales de los detenidos y que ya habrían entrado también como parte activa en el funcionamiento de la supuesta trama.
En total son seis clubes los investigados: Queens, Volvoreta y Eros, en Lugo; La Colina, en Outeiro de Rei; Eclipse, en Ribadeo; y Liverpool, de O Corgo, aunque en este último sólo se imputó al encargado, sin que hubiera arrestados.
El juzgado sigue haciendo acopio de pruebas en un caso turbio, donde hay manifiestas venganzas, vídeos sexuales grabados a escondidas en los burdeles o presuntos abusos sexuales. Los registros en la comandancia y la comisaría contribuyen a dar una connotación histórica a la operación Carioca, que ya es la mayor redada contra la prostitución en Lugo, y lleva camino de convertirse en la más importante de Galicia.
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