Se desató, entonces, una polémica a escala nacional sobre la prostitución, su legalización y profilaxis, los proxenetas y las mafias, los pisos, pensiones, prostíbulos y bares dedicados a esa realidad de nuestras sociedades. Pero es que, en Madrid y en otras muchas ciudades, las prostitutas, los travestis, los camellos y los chaperos han invadido zonas de comercio, de colegios y de viviendas familiares sin respeto por el resto de los ciudadanos. Aluden a las necesidades “naturales” y en contra de lo que denominan hipocresía social. Como si todo lo “natural” estuviera exento de una regulación para la convivencia ciudadana: defecar, orinar, masturbarse, yacer, escupir, encender fuego en las aceras o arrojar basuras.
En Madrid, en plena calle de la Montera, que une la Gran Vía con la puerta del Sol, hace años que una legión de prostitutas se ofrece a cualquier hora del día y de la noche. El formidable Parque del Retiro o la Casa de Campo se volvieron intransitables porque centenares de mujeres y de hombres se abalanzaban sobre los coches y sobre las personas. Hasta que un Alcalde cerró la Casa de Campo al tráfico de vehículos, y el Retiro fue controlado por agentes municipales. La ciudad andaluza de Granada aplicó la Ordenanza municipal para la convivencia social que prohíbe el ejercicio de la prostitución en la vía pública.
La ordenanza recoge determinados derechos y deberes de comportamiento en la vía pública que también se refieren a la mendicidad agresiva, la contaminación atmosférica, lumínica y acústica, así como la realización de pintadas y la actuación de artistas callejeros en lugares inapropiados. La medida fue a raíz de las protestas y movilizaciones de los vecinos de las zonas afectadas.
Se prohíbe la mendicidad “insistente o agresiva” y la utilización de menores como reclamo.
La limpieza de los parabrisas de los coches detenidos en los semáforos y la realización de actividades que puedan obstruir el tráfico rodado también serán sancionadas.
El reglamento también prohíbe hacer pintadas en cualquier elemento del espacio público.
Mientras que la prostitución de personas adultas no está considerada delito, el documento considera una infracción muy grave el “ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación de servicios sexuales” a menos de 200 metros de zonas residenciales, centros educativos, comerciales y empresariales. Las sanciones serán tanto para clientes como para prostitutas. Granada se ha convertido en la primera capital andaluza que cuenta con una ordenanza para sancionar la prostitución. Ya han anunciado medidas similares en Huelva, Málaga y Sevilla.
Diversos colectivos sociales que trabajan con prostitutas han mostrado su oposición a esta norma. Dicen que sólo contribuirá a “cambiar de sitio” estas actividades, lo que hará las mujeres más dependientes de sus proxenetas. A estos es a quienes hay que perseguir y condenar. Lo que nunca comprenderé es cómo un Estado de derecho no pone a buen recaudo a proxenetas, chulos y traficantes de seres humanos.
* Profesor Emérito de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del CCS.
