Sólo el 1% de las mujeres que se ven abocadas a ejercer la prostitución lo hace por su propia voluntad, frente al 90% que se confiesan “forzadas” por redes de trata de blancas o por la situación económica. Así lo revela un extenso informe elaborado por la Oficina del Defensor del Ciudadanía, Francisco García-Calabrés, quien abogó ayer por “abordar este problema desde muchas facetas, como la social, la policial o la judicial”.
Las asociaciones que trabajaban con las víctimas en la provincia develaron ayer algunas situaciones reales, como “mujeres que son forzadas por sus propios familiares, como maridos o hermanos”, e incluso casos de proxenetismo en los vis a vis de la cárcel en pago de una deuda. En la mayoría de las ocasiones, debido a que las redes de proxenetismo tienen tentáculos internacionales, las mujeres se niegan a denunciar. “La situación ha empeorado porque ha aumentado la inmigración”, señaló García-Calabrés.
El informe detalla, basándose en datos de la Brigada Provincial de Extranjería, que 665 personas se prostituyen en la actualidad en la provincia, el 90% de las cuales son extranjeras. El 55%, en concreto, proceden de América Latina, sobre todo de Brasil, Paraguay y Colombia; mientras que el 31% son de Europa del Este, en su mayoría de Rumanía.
El estudio no se limita a hacer una radiografía de la situación, sino que analiza la opinión de los ciudadanos acerca del problema. La mitad de los encuestados piensa que una persona comienza a prostituirse por necesidad económica y tres de cada cuatro consideran que, para solucionar la mayoría de los problemas asociados a la prostitución, se debería perseguir y castigar los proxenetas, redes y empresarios, frente a sólo el 2,8% que cree que se debería castigar a las mujeres y el 17%, a los clientes. En cuanto a los clientes, el 23% reconoce que busca “pasar un buen rato” cuando acude a la prostitución. “No hay una conciencia de la situación en la que vive esa persona”, alertó García-Calabrés.
