El PSPV de Dénia cree que al gobierno local y, en concreto, al edil de Gobernación y Bienestar Social, Miguel Llobell, les ha salido el ramalazo represivo en la nueva ordenanza de convivencia. La concejala socialista Cati Mínguez criticó que en esa ordenanza, que fija infracciones y multas, se mete en el mismo saco problemas tan distintos como el del botellón, el vandalismo, la prostitución o la mendicidad. Denunció que las conductas incívicas, para las que sí consideró justificada la sanción, son muy diferentes a la marginalidad, la pobreza u otras situaciones de la exclusión social.
“Al señor Llobell no le importa que la mendicidad está a menudo relacionada con problemas de salud mental o de alcoholismo. ¿Qué sentido tiene multar a un mendigo?”, advirtió la edil socialista, al tiempo que recordaba que tanto al mendicidad como la prostitución se sancionan en la nueva ordenanza, que ya está en vigor, con multas de entre 750 y 1.500 euros.
La concejala se mostró partidaria de articular medidas de prevención social en lugar de una política “represiva y sancionadora”. “La ordenanza promoverá la intolerancia al perseguir a las personas con más riesgo de exclusión social”, infirió. Además, alertó de que la ordenanza deja mucho margen a la arbitrariedad. “¿Cómo se va a determinar si una pareja en la calle o en un vehículo está ejerciendo la prostitución?”, preguntó en voz alta, pera añadir que se crea “una grave indefensión e inseguridad”.
Mientras, la también socialista Vicenta Bixquert dijo que Llobell es “alguien sin sensibilidad social que sólo quiere limpiar Dénia”. Instó a la alcaldesa, Ana Kringe, a que le retire las competencias de bienestar social “por llevar a cabo una política que sólo fomenta la exclusión social”
