Recogiendo las quejas de las asociaciones y plataformas “antiordenanza” y añadiendo su propia consideración de que resulta “contraria” a la Carta europa de salvaguarda de los Derechos Humanos, la asociación Grupo de Juristas 17 de marzo ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la “ordenanza para la convivencia” aprobada el pasado septiembre por el Ayuntamiento de Granada y célebre por perseguir la prostitución callejera.
Los juristas consideran que la norma “excede de las competencias municipales” al no estar “amparada en ninguna Ley estatal o autonómica” y la califican de “un nuevo modelo de control de la ciudad que criminaliza a las marginalidades, oposiciones o disidencias político-culturales, inherentes a la conflictividad urbana”. Añaden que “puede vulnerar derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libertad de expresión”.
En la explicación de sus motivaciones, los juristas afirman que el texo “hace una protección aparente y no real de los bienes jurídico presuntamente protegidos”, esto es, la convivencia ciudadana. Llegan a afirmar que la norma “puede desencadenar situaciones de crispación conflictividad e incluso alarma social”. También argumentan que con esta se amplían “peligrosamente” los poderes de la Policía Local, de manera que “recuerda una tradición propia de otras épocas”.
Finalmente, el grupo incide igualmente en los “déficits democráticos” de la elaboración de la norma, opinando que “la base de cualquier normativa municipal debe ser el derecho a la participación política en su elaboración. Actualmente hay un gran movimiento ciudadano de oposición”.
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/12/18/andalucia/1261156583.html
