Pocas veces una operación contra la prostitución ha deparado tantos detalles. Las aspirantes presentaban su solicitud para poder optar a una plaza. Y pagaban una fianza de 80 euros que perdían irremediablemente si no cumplían una de las condiciones innegociables de la ‘empresa’: no pasar más de 21 días en la ‘empresa’.
La idea era renovar constantemente el ‘ganado’. Siempre con excepciones, porque hay chicas que atraen al cliente, que son particularmente ‘buenas’, y la casa no puede permitirse el lujo de perderlas. El Amazonas, sus jefes, tenían sus propias reglas, e imponían según los testigos de la Fiscalía multas y sanciones en forma de suspensión de empleo y sueldo a su antojo.
También las tarifas eran más o menos fijas. Una hora con cualquiera de las chicas -paraguaya, brasileña, colombiana, argelina, nigeriana o dominicana- venía a costar cien euros. Cincuenta para la casa. La banca siempre gana. Por un tiempo inferior la comisión para los presuntos proxenetas tampoco resultaba mala: diez minutos, quince euros, cinco para ellos.
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