BARCELONA. El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, (PSC) declaró ayer que la regulación de la prostitución no corresponde a los municipios sino que es un tema de «ámbito nacional», con lo que insta al gobierno catalán a revisar el decreto de la Generalitat de 2002.
Según Baron, esta normativa deja a los ayuntamientos en una «auténtica indefensión jurídica» ante la solicitud de apertura de burdeles.
El alcalde firmó a finales de la semana pasada un decreto que suspende la concesión de licencias municipales para este tipo de locales durante un año, prorrogable hasta dos. Según el alcalde, es una medida que permitirá elaborar con carácter de «urgencia» un plan especial con los requisitos que tienen que cumplir los burdeles, así como las condiciones de su ubicación.
Por su parte, desde la oposición, el concejal de CiU, Joan Mora, acusaba al ayuntamiento de haber tenido en los últimos ocho años «suficientes argumentos» para paralizar los burdeles. Mora añadió que «los ayuntamientos, mediante las ordenanzas y normativas urbanísticas, deben establecer las condiciones de instalación de estos locales».
