La fiscal pide 175 años de cárcel para los miembros de la organización.El juez declara en rebeldía a una pareja para enjuiciar a 5 presuntos cómplices.
Un matrimonio procesado por su presunta pertenencia a una organización que, en el año 2000, se dedicaba presuntamente a captar a mujeres polacas, brasileñas y letonas a las que supuestamente obligaban a ejercer la prostitución en un club de alterne de Santa Marina de Piedramuelle ha sido declarado en rebeldía. El magistrado-juez Francisco Javier Iriarte, titular del juzgado de lo penal número 4 de Oviedo, ha dictado un auto por el que acuerda esta medida para garantizar la celebración del juicio que se seguirá contra otras cinco personas acusadas de formar parte de esta red.
La vista oral, que hubo de ser suspendida el pasado mes de noviembre, por la incomparecencia de estos dos acusados, J.C.C.B. y J.L.A., y el coimputado I.L.ha sido fijada para el próximo 18 de mayo. Dos meses después de que se aplazara el juicio, el magistrado-juez ha declarado en rebeldía al matrimonio ante la imposibilidad de localizar a los acusados, tanto por la falta de domicilio conocido como por la ausencia de resultados en las labores de búsqueda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
La fiscal solicita una pena global de 175 años de cárcel para los imputados que, de forma desglosada, supone una petición de pena a cada procesado de cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otra de tres años por cada uno de los siete delitos de prostitución de los que se les acusa.
Los abogados defensores, Juan Carlos Fernández, Isaura Sánchez Gonzalo, Hipólito Iglesias y Rafael García Seminario, interesan la libre absolución.
La fiscal sostiene que A.G.N., M.S.E., R.A.C., V.R., I.L., J.C.C. y J.L.A. captaron a mujeres extranjeras para ejercer la prostitución en un club de alterne de Santa Marina de Piedramuelle para saldar la deuda que habían contraído para viajar a España procedentes de sus países de origen. Las mujeres denunciaron que los miembros de la red les imponían multas por conductas que los propietarios del local consideraban “inadecuadas”, por lo que las sanciones económicas, unidas a la deuda, hacían que en algunos casos no llegaran a percibir cantidad alguna por su actividad. Las mujeres mantuvieron en sus denuncias policiales que tenían restringidos todos sus movimientos. Las defensas niegan el relato de la fiscal.
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