Las asociaciones de vecinos de San Francisco, Miribilla y Saralegi no aguantan más. El 18 de diciembre remitieron una nota al Ayuntamiento de Bilbao en la que mostraban su hartazgo por la demora en el proceso de elaboración de la ordenanza sobre la utilización de espacios públicos para el ejercicio de la prostitución. Un sentimiento que no ha parado de crecer desde el pasado verano, cuando el concejal de Seguridad Ciudadana, Eduardo Maiz, se dirigió a los residentes en la zona para solicitar su colaboración y les remitió las ordenanzas que sobre este particular existen ya en otras ciudades de España como Barcelona, Granada, Castellón de la Plana o Lérida. Maiz, que preside desde enero el Distrito 5, les urgía entonces a realizar un análisis y plantear propuestas, propuestas que siete meses más tarde no han obtenido respuesta.
Los vecinos elaboraron en el plazo de 15 días un análisis pormenorizado en el que repasaban los pros y contras de las ordenanzas ya existentes. El resultado fue un documento de ocho páginas que concluye con una propuesta de texto basado en el borrador elaborado en 2008, que pretende no dejar resquicio a las lagunas legales y que dice así : «Quedan prohibidos en las calles o espacios públicos de la villa de Bilbao los actos propios de la prostitución tales como el ofrecimiento, la solicitud, la negociación, la aceptación de servicios sexuales y el mantenimiento de relaciones de esta naturaleza, ya que además de generar todo tipo de molestias, provocar situaciones de insalubridad, generar inseguridad ciudadana, deteriorar la tranquilidad del entorno, ocasionar una perturbación relevante de la convivencia vecinal y generar un indudable proceso de degradación para los barrios donde se producen, constituyen un uso privativo, es decir, una ocupación de una porción del espacio público que limita o excluye la utilización de éste por parte del resto de los ciudadanos, que carece de autorización administrativa».
«Perjuicio a la convivencia»
Los portavoces de las asociaciones comparten con el Ayuntamiento que, tal y como estableció el Tribunal Europeo de Justicia, la prostitución en la vía pública es una actividad económica por cuenta propia y que causa «un grave perjuicio a la convivencia, la seguridad, la tranquilidad y el medio ambiente». Sin embargo, los residentes en la zona consideran que hay otros aspectos que no se mencionan. Sostienen que la prostitución callejera constituye un «uso privativo de un dominio público» y que limita o excluye la utilización por los demás interesados, según la definición contenida en el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Pero van más allá. Dicen que ese uso privativo está sujeto a concesión administrativa y que las entidades locales pueden establecer tasas, como sucede con cualquier actividad empresarial o profesional que suponga la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios. Los vecinos traen aquí a colación que los trabajadores por cuenta propia entran en el campo de aplicación de la Seguridad Social, con la consiguiente obligación de cotizar las correspondientes bases.
Al margen del enfoque jurídico, los afectados cargan también las tintas en el carácter insalubre -«el servicio se presta a menudo en coches, portales o la propia calle, utilizando estos dos últimos como urinarios y arrojando allí desechos como preservativos o tampones»-, molesto -«trasiego de coches y personas a horas intempestivas»- y peligroso -«para la seguridad de las propias prostitutas y de otras mujeres del barrio a quienes, en ocasiones, se dirigen como si fueran tal, y para la seguridad vial ante la obstaculización de calzadas»-.
El documento suscrito por los vecinos hace especial hincapié en el carácter marginal de la prostitución, ligado a una serie de fenómenos delictivos como el proxenetismo o el tráfico de drogas, que causan un «daño irreparable» a la convivencia social y contribuyendo a su deterioro. Los firmantes argumentan que este comercio sexual atenta contra el especial cuidado y protección que se debe a los niños, «que son testigos de una serie de comportamientos vejatorios contra los derechos de las mujeres».
Desacuerdos
Las asociaciones vecinales no albergan dudas sobre los motivos de que la ordenanza haya permanecido estancada durante meses. Apuntan directamente a las diferencias que mantienen los socios de gobierno en el Ayuntamiento de Bilbao y arremeten contra Ezker Batua por defender tesis que, en su opinión, no se sostienen. Según el documento, es absurdo que ir contra el ejercicio de la prostitución en la calle sea ir contra los derechos de las mujeres que la ejercen, como lo es también afirmar que esta actividad haya existido siempre y siempre existirá -«evidentemente, si no se hace nada, así será»- o que no es demostrable que haya una actividad económica en la vía pública.
Los residentes dicen no cuestionar los derechos que amparan a las personas que ejercen la prostitución en la vía pública y subrayan «la situación de extrema vulnerabilidad y exclusión» que sufren estas mujeres. Pero su comprensión no entraña un paso atrás: exigen «el cumplimiento de las obligaciones que conlleva el respeto a los derechos de todos y de los valores que deseamos para la comunidad».
