En declaraciones a Efe, Cava de Llano ha afirmado que desde la Defensoría del Pueblo se trató, a través de sendos escritos a la Delegación del Gobierno de Madrid y a la comisaría general de Extranjería y Fronteras, que a la mujer se le concediera el periodo de reflexión recogido en la Ley de Extranjería.
La adjunta primera del Defensor del Pueblo ha asegurado que la Comisaría de Extranjería argumentó que la Policía ya había tomado declaración a la mujer y que “los funcionarios formularon una propuesta para que no se le concediera el periodo de reflexión”.
Posteriormente, la Delegación del Gobierno en Madrid contestó entonces a la Defensor que la mujer tenía una orden de expulsión decretada por un juez y que era necesario cumplir con la resolución judicial.
Fuentes de la Dirección General de la Policía informaron ayer a Efe de que la mujer reconoció en su declaración ante la Policía que ejercía la prostitución de forma voluntaria desde hace cuatro años y que no era víctima de ninguna red de trata de personas.
En este sentido, Cava de Llano ha señalado que “le parece muy difícil” que una mujer explique “de entrada a unos funcionarios si ejerce la prostitución de forma libre u obligada”.
Asimismo, ha estimado que por la situación de la mujer, quien además según Women’s Link estaba amenazada en su país de origen, la resolución “no se debería haber tomado de forma tan inmediata” sobre todo cuando han intervenido varias ONG, ACNUR y el Defensor del Pueblo.
“Las competencias nuestras no llegan a más. Nosotros hacemos sugerencias”, ha señalado Cava de Llano, quien ha manifestado que recogerán este caso en el informe que el Defensor del Pueblo presenta cada año en el Congreso de los Diputados para que quede constancia. EFE
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