La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha elaborado un informe sobre la permanente presencia de publicidad de carácter sexual en la prensa. En él advierten sobre la posibilidad de eliminar esta publicidad a través de la presente legislación. Actualmente, la ley limita la publicación de estos anuncios, ya que pueden ir en contra de derechos fundamentales que garantiza la Constitución como son la dignidad de la persona, la protección de los menores y la igualdad de género.
Es precisamente esta una de las preocupaciones del ministerio de Igualdad de Bibiana Aido, que quiere desterrar este tipo de anuncios que se han consolidado en algunos de los principales diarios de España. Este fenómeno se contrapone con lo ocurrido en el resto de Europa en los últimos años, donde la mayor parte de la prensa cuenta con acuerdos de autorregulación en la materia.
El informe recuerda que, a día de hoy, se puede actuar contra la publicidad explícita de prostitución a través de la vía judicial y administrativa, fundamentalmente. Siguiendo la vía judicial, se puede alegar que estos anuncios violan derechos constitucionales y, teniendo en cuenta que son considerados publicidad de oferta de servicios, las autoridades tendrían competencia para establecer regulaciones y restricciones abriendo una vía administrativa para actuar contra los mensajes que considerasen ilícitos.
En este sentido, la asociación critica las grandes restricciones que se establecieron sobre los anuncios de otros sectores cuya legalidad comercial está reconocida, como el tabaco, las bebidas alcohólicas o las películas X, mientras los anuncios de contactos no han sufrido la imposición de medidas efectivas de control.
Es por ello que la AUC propone una regulación estricta en torno a estos contenidos con el objetivo de poner fin a la presencia de expresiones sexuales explícitas e imágenes para adultos en espacios de fácil acceso para menores.
Sobre la autorregulación a través de códigos deontológicos comunes y acuerdos entre los editores de prensa, la AUC no se muestra muy convencida e insiste en establecer un “modelo de corregulación” donde a esas iniciativas se les sume la obligación de cumplir con lo establecido por un marco legal regulatorio como garantía de cumplimiento de los acuerdos.
