Los municipios de Alcalá de Henares (Madrid) y Bilbao se han sumado esta semana a la lista de localidades que sancionan la prostitución callejera. Alcalá de Henares, a través de una ordenanza municipal de convivencia ciudadana, ha decidido imponer multas de entre 300 y 3.000 euros a las prostitutas y clientes que se coloquen a menos de 200 metros de zonas residenciales o colegios.
Bilbao también ha aprobado definitivamente la Ordenanza de Espacio Público, que prohíbe el ofrecimiento de servicios sexuales, las prácticas sexuales “incívicas” y el sexo explícito en la calle. En concreto, el texto veta aquellas prácticas que “atenten contra la ciudadanía mediante la exhibición pública de actos de marcado carácter íntimo y personal” y en las que “el sexo esté explicitado y sea pública y notoria su realización, de forma y manera que resulte imposible no advertirlo”.
La nueva norma también prohíbe “los actos de ofrecimiento y de demanda de servicios sexuales que tengan por objeto concertar servicios sexuales retribuidos”.
Este hostigamiento a las mujeres no está bien visto por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, que al ser preguntada ayer sobre la ordenanza de Alcalá señaló: “Esconder el problema no lo soluciona”. Estas iniciativas no son las primeras que están en marcha para erradicar la prostitución de la vía pública. Barcelona multa a las meretrices desde 2006. Granada también sanciona a clientes y prostitutas con multas de hasta 3.000 euros. En cambio, Sevilla hace un año aprobó un plan que sólo sanciona a los proxenetas y a los clientes, aunque la ordenanza que debe desarrollarlo aún está pendiente de aprobación.
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