Madrid, sábado 30 y domingo 31 octubre de 2010.
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En los últimos tiempos, se han ido reconociendo derechos a varios grupos discriminados por sus prácticas sexuales o de género: el matrimonio homosexual o el cambio de sexo legal para las personas transexuales han supuesto una mejora en la calidad democrática de nuestra sociedad.
Sin embargo, los derechos de las trabajadoras del sexo siguen siendo ignorados. Solo se las contempla para victimizarlas y tratarlas como a menores de edad o como a delincuentes, sólo por desarrollar una actividad que disgusta a ciertos sectores sociales y trasgredir así los mandatos patriarcales que rigen aún para la sexualidad femenina.
El Gobierno, las administraciones y la sociedad deben tener en cuenta sus reivindicaciones: una sociedad democrática no puede seguir excluyendo a un grupo, ni negar el respeto a la igualdad y a la libertad de las personas adultas que ofrecen o demandan servicios sexuales.
Una sociedad democrática no puede seguir olvidanddo que todos los seres humanos tienen la misma dignidad intrínseca, independientemente del trabajo que se realice. No se puede posponer por más tiempo el reconocimiento de derechos laborales y sociales a quienes ejercen la prostitución
