Jornadas por los derechos de las trabajadoras sexuales

Jornadas por los derechos de las trabajadoras sexuales

Jornadas de Hetaira.
Y ahora las trabajadoras del sexo

Nuestras amigas del colectivo Hetaira (Colectivo en defensa de los derechos de las ) de Madrid celebraron hace unas semanas sus segundas Jornadas. Publicamos en SOLIDARI DIGITAL el resumen de sus Jornadas que publicaron en la revista Página Abierta. Hemos visto de interés reflejar la labor social que realiza este colectivo a favor de los derechos laborales y sociales de las .

La actividad de este colectivo tiene ya un recorrido de 15 años (1). En esa trayectoria se le concedió en 2003 el Premio René Cassin de derechos humanos que otorga el Gobierno Vasco. Hetaira, además, forma parte de diversas plataformas españolas y europeas en defensa de las personas trabajadoras del sexo y de las víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación (2).

El título de estas Jornadas, realizadas en el Círculo de Bellas Artes “… Y ahora las trabajadoras del sexo”, trataba de reflejar las inquietudes presentes en las organizadoras; así lo expresaban en la presentación de su programa:

«En los últimos tiempos, se han ido reconociendo derechos a varios grupos discriminados por sus prácticas o de género: el matrimonio homosexual o el cambio de sexo legal para las personas transexuales han supuesto una mejora en la calidad democrática de nuestra sociedad.

Sin embargo, los derechos de las trabajadoras del sexo siguen siendo ignorados. Solo se las contempla para victimizarlas y tratarlas como a menores de edad o como a delincuentes, solo por desarrollar una actividad que disgusta a ciertos sectores sociales y trasgredir así los mandatos patriarcales que rigen aún para la femenina.

El Gobierno, las administraciones y la sociedad deben tener en cuenta sus reivindicaciones: una sociedad democrática no puede seguir excluyendo a un grupo, ni negar el respeto a la igualdad y a la libertad de las personas adultas que ofrecen o demandan servicios sexuales.

Una sociedad democrática no puede seguir olvidando que todos los seres humanos tienen la misma dignidad intrínseca, independientemente del trabajo que se realice. No se puede posponer por más tiempo el reconocimiento de derechos laborales y sociales a quienes ejercen la ».

En dos días intensos y apretados, ocho fueron las actividades y sesiones llevadas a cabo, con cinco mesas de debate, una exhibición de materiales audiovisuales en su inicio, la proyección de la película Princesas, que contó con la presencia de su autor, Fernando León de Aranoa, y la fiesta de cierre habitual.

Acudieron y mostraron su apoyo numerosos miembros, hombres y mujeres, de diversos colectivos cercanos a este ámbito de la solidaridad y la defensa de sectores sociales excluidos o explotados (3).

La presentación e inauguración de las Jornadas contó con unas proyecciones audiovisuales de experiencias de empoderamiento de trabajadoras sexuales. Una muestra condensada de actividades, como  la pasarela “Lumi-Fashion” en la Ballesta (calle emblemática de la prostitución en Madrid); la cacerolada de trabajadoras de sexo ante el Ayuntamiento de Madrid; la lectura por parte de trabajadoras del sexo de textos dedicados a la prostitución de diversos escritores y escritoras con ocasión de las primeras Jornadas (mayo de 2004); el rodaje de Princesas, la primera manifestación de prostitutas en el Estado español (el 19 de febrero de 2002).

Un arranque que generaba emoción e interés por lo que habría de venir después.
Los debates del sábado.

La primera mesa presentaba un tema nuevo e importante en los debates públicos de Hetaira: La trata de seres humanos: grave delito contra los derechos humanos. En ella intervinieron Cristina Garaizabal, feminista, cofundadora de Hetaira y psicóloga clínica, y Marta González, miembro del Proyecto Esperanza (Proyecto de acogida integral para mujeres víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación).

Sobre él, en estos dos últimos años, han aparecido, entre otros textos, diversos artículos en nuestras páginas con las opiniones de Cristina Garaizabal y la actividad y propuestas del Proyecto Esperanza (4). También la página web del colectivo Hetaira recoge algunas de sus reflexiones sobre este dramático asunto (5).

Ya en la tarde del sábado le tocó el turno a una cuestión importante a la que se enfrenta la afirmación de derechos de las trabajadoras del sexo en la calle y la solución de los conflictos por el uso de los espacios públicos:  La construcción de las ciudades y la utilización de los espacios públicos. Nuevas normativas y prostitución de calle. De ello hablaron Francisco Torres (profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia), Milagros Hernández (concejala por IU en el Ayuntamiento de Madrid), Ana Fábregas (Asociación Genera, en defensa de los derechos de las mujeres en situación de exclusión social) y Margarita Carreras (trabajadora del sexo).

Francisco Torres centró su intervención en una reflexión sobre el concepto de espacios públicos de las ciudades, los usos de estos espacios en evolución, los conflictos y procesos de exclusión que hoy se producen en ellos y cómo salvarlos, y la necesidad de afirmar la condición ciudadana de las trabajadoras del sexo, con los derechos y obligaciones que esa condición conlleva [véase recuadro].

Milagros Hernández realizó una exposición detallada de su experiencia y reflexiones como concejala en Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid. Partió de señalar los condicionantes en los que se movía la política municipal en este asunto que calificaba de gran complejidad, entre otros: los específicos de la alegalidad, que crea serias dificultades a la hora de entender la aplicación de este concepto en la gestión pública; la raya prácticamente invisible entre la vulnerabilidad, ilegalidad y exclusión en la que se mueve esta actividad; el  uso del suelo y el espacio como bien mercantilista; la ausencia de modelos de participación y escucha para la negociación y resolución de conflictos vecinales y convivenciales…

Tras detallar algunas experiencias de la intervención municipal y de un modo muy general los planes y las ordenanzas, calificó los modelos de intervención municipal como el paso de la inhibición a la criminalización. Y terminó su reflexión señalando los problemas que producen hoy las reglamentaciones y ordenanzas que se tratan de implementar, sobre todo por la falta de un marco legislativo adecuado que reconozca los derechos de las trabajadoras del sexo, la posición de principios abolicionistas que impera y la falta de cauces de participación: “sin escuchar, no se debe legislar”, afirmaba.
Por su parte, Ana Fábregas hizo una descripción detallada de las ordenanzas municipales en Barcelona y de los problemas creados en su aplicación. Las incongruencias de los textos aprobados con sus supuestos objetivos, los derechos que conculca, y en particular en su aplicación, los abusos que se cometen…, pero también la respuesta de colectivos como el suyo y de las propias trabajadoras del sexo. Un ejemplo de ello lo pudimos disfrutar con la proyección de un reportaje sobre esa respuesta a las ordenanzas del consistorio barcelonés.

Cerró la mesa la experiencia de Margarita Carreras –con todos sus años de trabajo , entre otros, a sus espaldas en el barrio barcelonés de El Raval, donde vive– sobre las nuevas prácticas represivas y de estigmatización que arrastran las ordenanzas municipales.

La tarde del sábado culminó con otro tema –Los clientes de la prostitución: una realidad oculta– poco debatido públicamente hasta ahora, cuando se empieza a “responsabilizar” a los clientes de la existencia de la prostitución (“una práctica a erradicar”)  y a proponer que se les persiga y castigue.
En esta mesa participaron Carolina Hernández (trabajadora del sexo), () [6] e Isabel Holgado (antropóloga).

Carolina Hernández y Paula VIP, desde su diferente experiencia, trataron de desvelar el perfil del cliente de la prostitución, tanto callejera como de clubes o de “compañía”. Ambas coincidían en que se trataba de personas muy diversas, en edad, condición social y cultural, etc., y que no se distinguían del común de los mortales. También eran variados los motivos en su búsqueda de sexo de pago. Sus descripciones sobre ello fueron emotivas, en particular al describir las relaciones de respeto e incluso de amistad creada, a las ayudas sicológicas y de vida sexual que en cierto sentido ellas prestaban.

Coincidieron también, y en ello insistió mucho Paula, en que los perfiles tan negativos que se difunden sobre los clientes, además de ser en buena parte falsos, también las estigmatizan a ellas, tratan de anularles su dignidad: “algo a lo que ellas no estaban dispuestas”. Y con eso se referían también, sin nombrarlas, a las corrientes feministas que consideran la prostitución una agresión masculina hacia las mujeres.

Por eso, Carolina decía que no es cierto que en el imponían los hombres su poder: «Siempre se ha dicho que por ser hombre tiene la voz de mando. En mi caso, aunque ellos me pagan, cuando están conmigo yo tengo la voz de mando y a ellos les gusta sentirse mandados sexualmente».
Al hilo de esto, en el coloquio surgió un debate a propósito de la vulnerablidad que encierra la prostitución frente a clientes violentos.

La última intervención fue la de Isabel Holgado, quien abordó los cambios en la consideración socio-institucional de los hombres clientes: de agentes invisibles, protagonistas clave en el sexo de pago, a objetivo de las políticas punitivas en España. Además de este asunto, dibujó los posibles cambios en las motivaciones de quienes buscan sexo de pago, fruto de nuevas dinámicas y culturas, de consumo, sexualidad e identidades de género.

La mañana del domingo.

Tocaba el turno a una cuestión que, casi desde el comienzo de la reflexión en Hetaira sobre la consideración de trabajo al ejercicio libre de la prostitución, hubo de tenerse en cuenta: cómo debía regularse en el marco de la legislación laboral y de protección social.

La mesa programada, Diversidad de situaciones, derechos laborales y jurisprudencia, tenía ese objetivo. Participaron en ella: Esther Hava (profesora titular de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz), Montserrat Neira (trabajadora del sexo), Iván Zaro (del Programa de atención a trabajadores del sexo de la Fundación Triángulo) y Mario Estévez, trabajador del sexo.

Esther Hava, partiendo de que «la trata de personas y la determinación coactiva o fraudulenta del ejercicio de la prostitución pueden afectar, además de a la dignidad y libertad sexual de la víctima, a otros bienes jurídicos de carácter laboral», analizó la jurisprudencia al respecto de esto último y los escollos que representa el ordenamiento jurídico [véase recuadro].

Montserrat Neira contó algunas experiencias de los intentos de regularizar el trabajo sexual en el ámbito del trabajo autónomo. Desde esa perspectiva, explicó cómo la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo permite a cualquier persona que realice el trabajo sexual de manera independiente darse de alta en Hacienda para pedir el IAE (Impuesto de Actividades Económicas) y en la Seguridad Social para cotizar como cualquier otro trabajador.

Para reafirmar lo anterior comentaba que, al solicitar información en UGT y en Hacienda, no solo no le habían puesto ninguna traba, sino que le informaron de que se puede solicitar un epígrafe específico de servicios sexuales si lo hacía un colectivo, tal y como pasó con las terapias naturales.
Ese no fue el caso, sin embargo, de la respuesta a la consulta fiscal que realizó a mediados del 2009 una persona que ejerce la prostitución. «Quería saber cómo darse de alta y le dijeron que el trabajo sexual es ilícito, valiéndose del Código Civil».

También era novedoso en un ámbito así la presencia de un hombre trabajador del sexo, Mario Estévez, junto con un activista por los derechos sexuales y en la prevención del VIH, Iván Zaro.
Zaro nos acercó más a la realidad de los trabajadores del sexo, reivindicando la diversidad en este trabajo, haciendo más visible su existencia y circunstancias. En sus palabras, se trataba de un esbozo para conocer el perfil sociodemográfico de la prostitución masculina en Madrid, los espacios donde desarrollan su actividad, las herramientas que permiten luchar contra el estigma, así como las innovadoras acciones para la salud del colectivo.

En una segunda parte, Estévez explicó el proceso de profesionalización vivido, la búsqueda de vías diversas para ello; por ejemplo, la de darse de alta como autónomo. Y expuso sus reflexiones acerca de las principales ventajas e inconvenientes que había encontrado en ese camino.
La última mesa de las Jornadas, La prostitución bajo el franquismo, tenía un doble objetivo: conocer de primera mano algunas experiencias y realizar un homenaje a las trabajadoras del sexo en esa época, especialmente a las que más sufrieron la persecución y represión en esa etapa histórica [véase recuadro “Las putas bajo el franquismo”].
Para cumplir con el primero, se contó con la presencia de Rius, dueña de un local de trabajo sexual y autora del libro Rius, de moral distraída).

Su vida, recordaba, ha transcurrido en Barcelona. Allí, en San Mario y Mont Real, comenzó «en un oficio que no gustaba a nadie, pero todos necesitaban». Consiguió de esa manera vivir con cierto desahogo e independencia, «a pesar  de las persecuciones policiales y bajezas a las que te somete una sociedad hipócrita, que condena todo lo que no cabe en su moral estrecha y limitada, solo pendiente de ocultar a cualquier precio sus propias miserias». Más tarde se “puso por su cuenta”. Y explicó en qué consistía su profesión ahora, el valor de los locales como el suyo, los problemas que veían en el trabajo de calle…

Con un homenaje a “las putas del franquismo” se cerró esta mesa: un pequeño y ficcional documental realizado por Laly Zambrano y Carmen Briz en el que se ensamblan fotogramas de películas antiguas, alguna foto de prostitutas de entonces y voces que recogen relatos de mujeres que vivieron en esa época con la amenaza de la Ley de Peligrosidad Social a sus espaldas.
*   *   *
La última sesión, ya en la tarde del domingo, consistió, como ya hemos dicho, en la proyección de la película Princesas. A su finalización, Fernando León de Aranoa conversó con las trabajadoras del sexo que hicieron de figuración, y uno y otras con el público.
__________________

(1) Para conocer más sobre este colectivo puede visitarse www.colectivohetaira.org y facebook/colectivohetaira.
(2) La Plataforma Estatal por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo; ICRSE (Comité Internacional por los Derechos de las Trabajadoras del Sexo en Europa); TAMPEP (Red Europea para la Prevención de HIV/STI y Promoción de la Salud entre Trabajadores Migrantes del Sexo); ENAT (Red Europea de Cooperación a favor de Mujeres y Menores Víctimas de Tráfico y Explotación Sexual); la Comisión de prostitución y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, del Observatorio Municipal de Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid, y la Mesa de Espacios Públicos dependiente del Departamento de Servicios Sociales del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid.
(3) Personas –voluntarios y profesionales– del mundo de las ONG que trabajan con inmigrantes, en la prevención de VIH/SIDA, feminismo, trabajo sexual, trata, LGTB y otras generalistas, procedentes de la casi totalidad de las comunidades autónomas… y de París.
(4) En los números 202, de mayo-junio de 2009 (artículos de Cristina Garaizabal y Marta González, pags. 11 a 21) y 206, de enero-febrero de 2010 (“Crónica de las Jornadas de Pensamiento Crítico”, pags. 73 y 74).
(5) Hetaira ante el balance de los ministerios de Interior e Igualdad del primer año del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual (Madrid, 25 de marzo de 2010) [www.colectivohetaira.org].
(6) Una escort es una acompañante remunerada, es decir, una mujer a la que un cliente paga por acudir con él a reuniones, fiestas, salidas a otra ciudad, etc. La contratación puede incluir o no sexo. [Tanto escort como cliente, pueden ser de un sexo u otro].

Extractos

Esther Hava
Explotación y relaciones laborales

La trata de personas y la determinación coactiva o fraudulenta del ejercicio de la prostitución pueden afectar, además de a la dignidad y libertad sexual de la víctima, a otros bienes jurídicos de carácter laboral, ya sean colectivos, ya individuales, de los que es titular la propia persona explotada (imposición de condiciones ilegales de trabajo, grave discriminación en el empleo, omisión de medidas de seguridad e higiene adecuadas a la actividad laboral). Ello se hace aún más patente cuando las personas objeto de la explotación sexual son extranjeras.
El principal escollo que existe a la hora de calificar conductas de explotación laboral en el contexto sexual como delitos contra los derechos de los trabajadores radica en la propia naturaleza de la actividad que realizan en nuestro país los trabajadores del sexo, y el dudoso reconocimiento jurídico que recibe en nuestro ordenamiento. Así, están en una posición jurídica mucho mejor aquellas personas que se dedican al alterne, dado que tanto la jurisprudencia social como la contencioso-administrativa declaran indubitadamente su carácter de relación laboral o “medio lícito de vida”. Sin embargo, el orden laboral ha venido rechazando que el ejercicio de la prostitución origine un contrato de trabajo válido, en razón a la presunta ilicitud de la causa  que lo motiva.
Frente a lo anterior, existe ya una importante línea de jurisprudencia penal que, a partir de una interpretación más realista de los conceptos de “trabajador” y de “relación laboral”, no duda ya a la hora de calificar los hechos constitutivos de tráfico de seres humanos para su explotación sexual no sólo como un delito relativo a la prostitución, sino también como un delito contra los derechos de los trabajadores.
Tal interpretación no ha sido seguida, en cambio, por otros pronunciamientos judiciales, que continúan asumiendo una visión formalista y normativista de la relación laboral que favorece a los “empresarios” y sólo perjudica a los trabajadores del sexo.

Francisco Torres
La ciudad y los espacios públicos

Podemos definir el espacio público como el espacio físico socialmente conformado por ser accesible a todos, susceptible de diversos usos, y que implica una co-presencia entre desconocidos que constituye, según Simmel, una de las características de la sociabilidad de la ciudad moderna. El espacio público puede ser usado como soporte del desplazamiento, objeto de contemplación, lugar de encuentro y ocio para familiares y amigos, de comercio, etc. El uso y disfrute de los espacios públicos tiene, también, una dimensión ciudadana: están abiertos –o deben estarlo– a todos los habitantes de la ciudad y constituyen un elemento de su reconocimiento como tales.
Que el espacio público sea un espacio abierto no quiere decir carente de normas. Las “convenciones” sociales que regulan los espacios públicos establecen las formas en que debe desarrollarse la interacción y fijan la “normalidad” de usos y comportamientos.  Este conjunto de convenciones se ha ido conformando en un proceso histórico y puede entenderse como la expresión de un conjunto de negociaciones, imposiciones y ajustes, realizados entre actores con posibilidades diferentes. Estas posibilidades diferentes conforman un espacio público asimétrico y jerarquizado en su accesibilidad, uso y apropiación. El uso de la calle varía según el estatus socio-económico, el género y los grupos de edad. Las diferencias culturales constituyen otra variable de importancia.
La creciente heterogeneidad de nuestras ciudades y la multiplicidad de estilos de vida generan cambios y ajustes en los espacios públicos que varían según sus protagonistas, el tipo de espacio de que se trate, las necesidades de uso y disfrute que se pretendan cubrir, las dinámicas sociales y las imágenes del otro o de la otra que se generan. La calle, el jardín, la plaza, es el espacio ciudadano por excelencia y, como tal, es complejo y delicado, donde se desarrollan dinámicas de inclusión o de exclusión.
Compartir los espacios públicos no está exento de tensiones y contradicciones entre usos y hábitos igualmente legítimos. La presencia de nuevos grupos o de nuevos usos modifica, de forma real o imaginaria, el carácter de los espacios y, de una forma u otra,  afecta a los antiguos y nuevos usuarios.
Desde hace algún tiempo, presionados por las quejas vecinales, los ayuntamientos están aprobando ordenanzas municipales que, bajo la bandera del civismo, regulan –con multas o sanciones– los usos considerados legítimos de los espacios públicos, intentan “normalizar” la sociabilidad popular excesivamente “fogosa” y apartar de la calle, mejor dicho de la visibilidad, a los grupos considerados indeseables (prostitutas, mendigos, “mochileros”, etc.).
El problema no radica, en mi opinión, en la llamada general al civismo, bastante hueca por otro lado, sino en una redefinición de la urbanidad que excluye a determinados colectivos, que pone por delante las sanciones respecto al tratamiento de las contradicciones populares que puedan darse y no se plantea cómo abordar y dar solución a necesidades específicas relacionadas con el uso de los espacios públicos. Este tipo de ordenanzas y su presentación pública tienden a excluir simbólicamente a los grupos afectados del espacio ciudadano: no sólo del espacio físico, sino de la consideración de ciudadanos, con similares derechos y obligaciones que el resto de la ciudad.
Frente a ello, de lo que se trata es de abordar adecuadamente las tensiones populares que puedan surgir por los distintos usos de los espacios públicos; intentar conciliar las diferentes prácticas y necesidades; abrir procesos de mediación, negociación y acomodamiento entre los distintos grupos; y, en definitiva, intentar construir una ciudad más acogedora y respetuosa con todos sus ciudadanos y ciudadanas, avanzando en una cultura pública común –asumida por todos– que sea compatible con espacios públicos de diverso tipo.

Ordenanzas municipales frente a la prostitución de calle

(De la presentación de la mesa “La construcción de la ciudades… Nuevas normativas y prostitución de calle”)
En los últimos años estamos asistiendo a la puesta en marcha por parte de las corporaciones locales de medidas de regulación y ordenación de los espacios públicos que tienen como uno de sus focos principales la persecución de las trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle.
Madrid y Barcelona fueron las primeras en implantar estas políticas, y aunque sus apuestas son muy diferentes tanto en el fondo como en las formas, lo cierto es que las consecuencias que han tenido para las mujeres que trabajan en la calle están siendo muy parecidas y además están sirviendo de modelo para que estas prácticas se extiendan a otras muchas ciudades del territorio español: Valencia, Sevilla, Alicante, Granada, Bilbao, Málaga…
Madrid puso en marcha en el año 2004 un plan municipal contra la esclavitud sexual, con un marcado carácter abolicionista. Sus pretenciosos objetivos de futuro se podían resumir en ayudar a la mujeres que trabajaban en las calles, solo en las calles,  para que salieran del mundo de la prostitución, considerando que ninguna lo hacía libremente y que todas eran víctimas de mafias y proxenetas, y hacer de Madrid una ciudad incómoda para las mafias y los prostituidores.
En la práctica, todas estas acciones, basadas en el prejuicio de que todas las trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle están obligadas,  se han traducido en mayor extorsión a las mujeres, en que sus prácticas se vuelvan más inseguras, que crezca la sensación de inseguridad y malestar entre los vecinos…
El otro modelo es el de Barcelona. En el 2005 se aprobó la “Ordenanza de medidas para fomentar y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público de Barcelona”. Con ella  intentan regular, con un régimen sancionador, aspectos tales como el uso indebido del espacio público, la mendicidad, la venta ambulante, el consumo de bebidas alcohólicas, los grafiteros… y la utilización del espacio público para el ofrecimiento y demanda de servicios sexuales.
En Hetaira se es consciente de que la presencia de las trabajadoras del sexo que captan su clientela en la calle puede generar un conflicto con la vecindad, con otros ciudadanos. Que aparecen legítimos intereses de trabajadoras y vecinos que se contraponen en cuanto al uso de los lugares públicos. Que los vecinos tienen todo su derecho a reclamar que sus barrios sean habitables y tranquilos y sabemos que a veces lo que rodea a la prostitución es de todo menos tranquilo. Por ello, siempre hemos reclamado que se tenga en cuenta la posición de las trabajadoras sexuales y que se habiliten espacios de negociación en los que estén presentes, como uno más de los diferentes agentes implicados, para que puedan defender sus posturas y sus intereses en pie de igualdad.
Las putas bajo el franquismo

(De la presentación de la mesa “La prostitución bajo el franquismo”)

En 1941, el nuevo Estado declaró ilícito el ejercicio de la prostitución, aunque en la normativa que acompañaba esta declaración se contemplaba –curiosamente– el «reconocimiento médico obligatorio para aquellas personas que por su género de vida representan mayor peligro para la sociedad». Como se puede ver, una cartilla sanitaria obligatoria para las prostitutas, pero sin reconocerlas como tal.
En noviembre de 1941 se decreta la reorganización del Patronato de Protección de la Mujer y se crean “establecimientos para la regeneración de mujeres extraviadas”, que se suman a los ya existentes dependientes de órdenes religiosas.
A pesar de estas leyes, la realidad se imponía. En 1943 quedan registrados 1.140 locales censados oficialmente en España; y se sabía que existían muchos más que no estaban dados de alta, a lo que habrá que añadir todas las mujeres que ejercían por libre. Por ejemplo, en un Madrid de poco más de un millón de habitantes, estaban fichadas cerca de 20.000 mujeres que ejercían la prostitución. Es decir, en los años 40 se echaban diatribas contra las prostitutas pero se toleraban los y los bares elegantes –como Chicote en Madrid– en los que mujeres por libre intentaban captar su clientela.
En los años 50, las tendencias abolicionistas internacionales respecto a la trata de blancas y la prostitución llegan a nuestro país. La firma por parte de Gobierno español en 1949 del Convenio de la ONU para la represión de la trata de blancas y la prostitución llevó a que el 3 de marzo de 1956 se publicara un decreto-ley en el que se prohíben los centros de tolerancia y se toman otras medidas relativas a la prostitución, que se consideraba ilícita. En el artículo primero se dice que “velando por la dignidad de la mujer y en interés de la moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución”.
Asímismo, en el artículo siguiente se prohíben “las mancebías y casas de tolerancia, cualesquiera que fuere la denominación y los fines aparentemente lícitos a que declaren dedicarse para encubrir su verdadero objeto”. En resumen, se acababa con la prostitución por decreto y se declaraban una serie de medidas contra todos los que rodeaban a las prostitutas (proxenetas, rufianes, dueños de los burdeles, etc.), pero no contra las prostitutas.
España pasa así a convertirse en un país con legislación abolicionista y la vida de las prostitutas sigue sumergida en la densa oscuridad de quienes tienen que ocultar aquello a lo que realmente se dedican…

http://www.solidari.es/noticia.php?id=49

Share
Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Comentarios en FaceBook:

Deja un comentario