Carmen Montón, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad. / socialistasdelcongreso.es
¿A estas alturas de la legislatura va a dar el Gobierno “un paso más valiente”, como dice la socialista Carmen Montón, para prohibir los anuncios de prostitución en la prensa? Es lo que le acaba de pedir por unanimidad la Comisión de Igualdad del Congreso. Es más, ¿va a dar siquiera algún paso? Porque desde el 17 de abril de 2007 en que Parlamento le solicitó que promoviera la supresión de los anuncios de contacto carnal en los medios de comunicación generalistas, no ha adoptado ninguna medida efectiva contra los grandes grupos de comunicación que en España, para escándalo de los británicos, aparecen con tintes y tintas rufianescas al tiempo que denuncian con harto desparpajo y frecuencia a quienes sin IVA mercan su cuerpo en la calle.
Cuatro años a “velocidad caracol”, como diría Julio Cortazar, condujeron el martes a todos los grupos parlamentarios a enmendar y apoyar una iniciativa de Joan Tardá, de ERC, en la que vuelven a pedir al Ejecutivo que “promueva los mecanismos para eliminar los anuncios de prostitución en la prensa”. La resolución solicita una reunión con los portavoces en el plazo de 15 días hábiles “para examinar el contenido del informe del Consejo de Estado” con el fin de realizar “una propuesta firme” sobre la “erradicación” de los anuncios de contactos en la prensa.
¿Y qué dice el citado informe, que encargó hace más de un año la entonces ministra de Igualdad,Bibiana Aído, aportando un alegato según el cual los anuncios de putas no sólo denigran a la mujer sino que vulneran el artículo 20 de la Constitución sobre la libertad de expresión y, desde luego, el ordenamiento jurídico sobre la igualdad entre hombres y mujeres? Pues para empezar, el informe, en el que no aparece la exvicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega por razones de contaminación, reconoce que los medios van a lo suyo, el negocio. “El resultado de la autorregulación ha sido insuficiente y baldío”, dice textualmente.
¿Acaso pensaban los señores consejeros que los editores de prensa iban a renunciar a esos 40 millones de euros de ingresos por anuncios de prostitución que ya en 2007 contabilizó la Comisión de Igualdad? Por ejemplo, El País ingresó aquel año cinco millones de euros, algo más que El Mundo. Y las cabeceras del grupo Vocento (editor de Abc, con su suplemento ultracatólicoAlfa y Omega) se repartieron diez millones de euros.
Sin embargo sugieren algunas medidas que el Gobierno podría adoptar, como “la limitación las eventuales subvenciones públicas, de la publicidad institucional en dichos medios y de otros contratos”. No obstante, como consideran que incluso esas restricciones “pueden resultar insuficientes”, habida cuenta de la rentabilidad de los anuncios de contactos con foto y sin foto, contemplan otras opciones. Una sería la modificación de la Ley de la Publicidad de 1988, pero el presidente Enrique Rubio Llorente y los consejeros, entre los que figuran los conservadoresLandelino Lavilla y Miguel Herrero, la descartan para evitar “distorsiones conceptuales”.
Al final apuestan con toda firmeza y fundamento por una “ley específica que establezca la prohibición”. Aunque apelan a la protección de los derechos de los menores, no consideran necesario que la prohibición de la publicidad de una “actividad tolerada” se instrumente como “ilícito penal”, sino que basta con las sanciones administrativas que se establezcan.
Recomiendan en primer lugar “ceñir la prohibición a la prensa escrita”, pues los diarios impresos generalistas contienen informaciones de actualidad en materia económica, política, internacional, local, cultural y deportiva y cuentan con una audiencia relativamente amplia y un acceso fácil y masivo, sin restricciones de edad que “justifica una medida como la planteada” para “impedir que se extienda la idea de que la prostitución es una actividad lícita equiparable a cualesquiera otras cotidianas”.
El Consejo de Estado, que también aboga por extender la prohibición a los teléfonos eróticos y a los medios audiovisuales y electrónicos, deja clara la cuestión en su nítido informe de 59 folios. Pero, como decía al principio, ahora está por ver si el asunto corre tanta prisa al Gobierno como a los legisladores, y si el Ejecutivo se siente tan estimulado como para restringir la publicidad institucional o, por el contrario sólo gesticula y mantiene la velocidad caracol.
