El Consistorio de Lugo explica este lunes su responsabilidad en la ‘operación Carioca’

Exteriores del club de alterne Queens, precintado por la Policía y meca de la trama. | S. P.Exteriores del club de alterne Queens, precintado por la Policía y meca de la trama. | S. P.

  • La edil de Igualdad comparecerá por la situación de los pisos de acogida
  • Una queja de trabajadoras sociales habría alertado de los proxenetas
  • El PP pidió explicaciones al consistorio para saber la seguridad de las casas
  • Carmen Basadre evitó darlas amparándose en el secreto del sumario

Las informaciones reveladas por la parte alzada del sumario de la ‘operación Carioca’ en los pasados meses trajeron consigo un agrio debate entre el PSOE y el PP. La trifulca tuvo como telón de fondo laspresuntas «irregularidades» que habría cometido el Gobierno local con la información que podría obrar en su poder sobre la presencia de proxenetas en los pisos de acogida municipales para las mujeres víctimas de la violencia de género. El enfrentamiento volverá este lunes a la palestra con la comparecencia en pleno, a petición del PP, de la concejal encargada de Bienestar Social, Carmen Basadre.

La parte alzada del sumario de la ‘operación Carioca’, que investiga una presunta trama de prostitución ilegal y corrupción en la provincia, dejó al descubierto la existencia de una supuesta queja trasladada por las trabajadoras sociales encargadas de los pisos de protección municipal a la concejal del área. En ella habrían advertido al Gobierno local sobre la presencia de posibles proxenetas en las viviendas, así como de ‘madames’ que acudían al lugar como una medida de coacción para que las prostitutas trabajases a su servicio.

Varios de los testigos desvelan además que el cabo 1º Armando Lorenzo, uno de los acusados sobre los que pesa un mayor número de imputaciones, se movía de manera frecuente por los pisos de titularidad municipal. En sus visitas a las viviendas intentaba convencer a las jóvenes para que trabajasen en el mundo de la noche llegando incluso a recomendar los nombres de aquellas personas que podían serles de ayuda.

El ‘Carioca’ se cuela en el debate político

A raíz de las informaciones publicadas en los medios de comunicación, coincidiendo con la precampaña electoral, el grupo municipal ‘popular’ pedía al Gobierno local explicaciones sobre la situación de unos pisos cuyo emplazamiento debería ser secreto, así como una aclaración sobre la seguridad de las mujeres que hoy en día pueden residir en los inmuebles.

La petición desataba una tormenta política con acusaciones cruzadas por parte de ambos partidos, una guerra en la que los nacionalistas se mantuvieron al margen. La concejal interpelada, Carmen Basadre, rechazó dar explicaciones en la comisión de bienestar social convocada con carácter de urgencia un mes antes de las elecciones del 20 de mayo alegando que se trata de un proceso judicial «todavía abierto» y bajo secreto de sumario.

Los ‘populares’ temían que la derrota de los socialistas en los comicios municipales evitase las explicaciones de la edil si ésta no formaba parte del nuevo gobierno, por lo que insistieron en su petición dándole traslado al pleno. El Gobierno local aceptaba la comparencia en el último pleno del mandato, de manera que se pospuso hasta la constitución de una nueva corporación municipal.

Ahora, tres meses después, tras haberse iniciado un nuevo mandato entre socialistas y nacionalistas, la concejal se ve obligada a comparecer para dar cuenta de la actuación del Ayuntamiento en relación con los pisos de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.

Los ‘populares’ tienen previsto interpelar a la concejal sobre el organismo al que el Gobierno local habría remitido la información facilitada por las trabajadoras municipales en el año 2005, habida cuenta de que la investigación judicial comenzó varios años después, a finales de 2008. Tal y como recoge la parte alzada del sumario, la investigación por parte del Juzgado número 1 estuvo motivada por la denuncia de una prostituta que supuestamente fue agredida por el cabecilla de la trama, de manera que la información sobre los pisos protegidos no habría sido decisiva para iniciar el caso.

Traslado al organismo competente

Al parecer, la edil del Ayuntamiento de Lugo habría puesto los hechos en conocimiento del ex subdelegado del Gobierno en Lugo, quien más tarde fue imputado en la trama. Sin embargo, varias de las prostitutas interrogadas por la jueza Pilar de Lara reconocen no haber tenido noticias sobre la queja trasladada por las trabajadoras municipales en relación con la entrada de varios de los imputados en el caso en los pisos cuya gestión depende del Ayuntamiento.

En una entrevista concedida a ELMUNDO.es por el alcalde de Lugo, el socialista José López Orozco, el pasado mes de agosto defendía el trabajo hecho por el Ayuntamiento con las mujeres que sufren como «impecable y extraordinario». Orozco mantuvo que «ningún juez» metió al Gobierno local en la investigación y culpa al PP de haber intentado sacar rédito político en período preelectoral.

Tras las críticas e insinuaciones de los ‘populares’, desde el Gobierno local se anunció que darían traslado de las declaraciones del PP al juzgado a través de una comunicación oficial. Desde el PP, la concejal Sofía López Linares, que ya no forma parte del grupo municipal popular,exigía a los socialistas informar «sobre aquellas actuaciones que ocurren en instalaciones municipales» y de las que los grupos con representación «deben estar al tanto».

En el año 2010, la concejal de Bienestar Social e Igualdade, Carmen Basadre, prestó declaración ante la juez Pilar de Lara, posiblemente para trasladar la información que desde el Ayuntamiento habían facilitado al Juzgado. Desde el consistorio han tratado de mantener la discreción sobre un caso que se encuentra todavía bajo secreto de sumario y en el que, siempre han subrayado, «se ha colaborado intensamente» en la defensa de las mujeres y de sus derechos.

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