Las redes de trata de blancas nigerianas cobran hasta 60.000 euros a sus víctimas

La Universidad acogió ayer una jornada sobre el abordaje de la trata de personas para la prostitución en España, organizada por el Centro de Estudios de las Migraciones y las Relaciones Interculturales (CEMyRY). Esta actividad tenía por objetivo analizar las estrategias que el estado ha puesto en marcha para luchar contra la trata, así como el impacto que están teniendo tanto para las mujeres que la ejercen como para las entidades que trabajan con ellas. De esta manera «intentamos contribuir a que se avance en la reflexión de por qué este tipo de estrategias no están funcionando y qué se debe hacer», explicó Estefanía Acién, investigadora colaboradora del CEMyRY y coordinadora de la jornada. Actualmente el gobierno está aplicando el Plan Integral de lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual, un plan cuyas medidas, según Acién, «no terminan de solucionar la situación, a pesar de que hay muy buena intencionalidad por parte de la administración». Y es que las mujeres que ejercen la prostitución que son víctimas de trata «terminan sin ver en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado un aliado al que acudir», apuntó la coordinadora de la jornada. A lo largo de la mañana, tuvieron lugar dos mesas en las que participaron, por un lado Míriam Benterrak, consejera técnica de la Delegación de Gobierno, y Francisco Castillo, jefe del grupo de la UCRIF, para hablar de la intervención de la administración en la lucha contra la trata; y, posteriormente, María Dolores Machado, profesora de Derecho Penal de la UAL y Cristina Garaizábal, portavoz de la Plataforma por los Derechos en el Trabajo Sexual (Hetaira), realizaron un análisis de la intervención estatal. La delegada de Empleo, Francisca Pérez, también asistió al acto.

Benerrak explicó durante su intervención en qué consiste el plan puesto en marcha por el Estado y los objetivos que persigue, mientras que el jefe del grupo de la UCRIF facilitó durante su intervención numerosos datos, entre los cuales destaca que las redes de trata nigerianas cobran entre 48.000 y 60.000 euros a sus víctimas, mientras que las sudamericanas cobran entre 4.000 y 9.000 euros. Las que trafican con mujeres de los países del Este, por su parte, cobran entre 3000 y 6000 euros. Asimismo, durante la ponencia Castillo ha explicado algunas de las operaciones contra la trata más importantes que se han llevado a cabo en la provincia de Almería, entre las que se encuentran la operación Zarpa, desarrollada entre 2006 y 2008, que finalizó con la detención de 76 personas en España y otras 56 en Rusia, la identificación de casi 400 víctimas y el cierre de numerosos locales de prostitución en el Poniente de Almería.

Ya por la tarde, los asistentes, unas cien personas aproximadamente, profundizaron en el panorama para el trabajo de las ONGs contra la trata, también en la provincia de Almería, y los derechos humanos, en dos mesas integradas por distintas entidades, y que contaron con la participación de una trabajadora de sexo, quien aportó la visión de las mujeres que trabajan en la prostitución sobre las estrategias que se están adoptando.

Por otra parte, la crisis también ha afectado a este colectivo. «Con la crisis aumenta el número de mujeres que ejerce la prostitución y también se incrementan los sistemas de vulnerabilidad de las personas sin recursos y se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo», comenta Acién. La prostitución es un negocio ilícito que mueve en torno a 18.000 millones de euros en España y que en los últimos años ha registrado un importante incremento porque se percibe como parte de la oferta de ocio y diversión.