La encargada de los pisos afirma que “eran libres”, “yo solo les alquilaba habitaciones”. Solo una de las tres denunciantes declaró en el juicio, las otras no han sido localizadas
Las tres acusadas, ayer en el momento en el que la encargada de los pisos declaró en el juicio.Foto:RUFINO VIVAS
I. BRAVO 21/06/2012
En los pisos había chicas, chicos, travestis…, de diferentes países y edades, y en ellos se ejercía la prostitución, “pero todos lo hacían libremente, porque querían”. Es lo que ayer aseguraron en el juicio, celebrado en la Audiencia Provincial, las tres mujeres –dos colombianas y una brasileña–, a las que se acusa de obligar a prostituirse a extranjeras en un piso de la calle San Pedro de Alcántara de Cáceres y en otro de la calle Santa Eulalia de Mérida.
A Orfa Nery C. G. y Carmen Esilda C. S., ambas colombianas, y la brasileña Daiana O. M., se les acusa de captar a jóvenes de nacionalidad brasileña para ejercer la prostitución en los pisos que regentaba la primera en Mérida y Cáceres, a lo que les obligaban una vez estaban en España con la coacción de que tenían que devolverles el dinero que les había costado traerlas a España. Y también se les acusa de tenerlas retenidas en los pisos, “de los que no se les permitía salir solas en ningún momento”, así como de obligarlas “a estar disponibles las 24 horas del día”.
Es de lo que les acusan las tres mujeres que denunciaron su situación tras estar en sus pisos en el 2008, y que ayer debían declarar en el juicio como testigos, dos de ellas en calidad de testigos protegidos, pero que tan solo una lo hizo, y por videoconferencia –las otras dos están en paradero desconocido–.
Pero las tres acusadas aseguraron ser inocentes; afirmaron que lo denunciado sobre ellas “son todo mentiras”. Y según sus respuestas a las preguntas formuladas sobre “porqué consideran entonces, si es todo mentira, que les denunciaron”, su consideración fue que puede que lo hicieran “para conseguir legalizar su situación”.
LAS DECLARACIONES Tanto Orfa C., encargada de los pisos por ser ella la que los tenía alquilados, y que lleva “legalmente” en España 11 años; como Carmen C., residente en el país, “también legal”, desde hace 4 años; y Daiana O., en “situación ilegal” en España desde el 2007, se dedican a la prostitución. Las tres lo reconocieron ayer en la vista, pero también aseguraron que nunca han obligado a otros a hacerlo, ni se han quedado con el dinero de los servicios prestados por otros, ni han tenido retenido a nadie contra su voluntad.
Orfa reconoció que tenía alquilados tanto el piso de Mérida como el de Cáceres para ejercer en ellos la prostitución, pero negó todos los hechos que se le imputan. “Yo lo único que hacía era alquilar las habitaciones de los pisos, pero quienes vivían en ellos sabían que se ejercía la prostitución, algo que todos hacían porque querían, estaban libremente”. Y que lo único que pagaban eran 150 euros por el alquiler del cuarto más los gastos comunes, como productos de aseo, comida, sábanas, toallas, preservativos… “que pagaban entre todos los que estaban en cada piso, entre cuatro y cinco cada 20 días más o menos, pues solían cambiar de unos a otros”.
Todo lo declarado por Orfa fue ratificado por Carmen y Daiana, que manifestaron que en los pisos ellas eran “simplemente una chica más”, negando la primera que sustituyera en los cobros, controles… a Orfa cuando esta no estaba, y la segunda que hubiese cobrado por captar chicas en Brasil –está acusada de cobrar de Orfa mil euros por cada chica que llevaba a los pisos–.
Lo niegan todo y se declaran inocentes, por lo que sus respectivos abogados defensores piden para todas la libre absolución; mientras que la fiscal mantiene su acusación. Recordar, como ya publicó ayer este diario, que la Fiscalía les imputa seis delitos –un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros con abuso de una situación de especial vulnerabilidad de la víctima, un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros, un delito de inducción a la prostitución, y tres delitos de detención ilegal– y pide para cada una de ellas 27 años de prisión y casi 5.500 euros de multa.
