Asegura que esta práctica de la Policía Local no está en la ordenanza de convivencia e impide proteger a las mujeres explotadas y maltratadas
Un lugar frecuentado por las prostitutas es el polígono Guadalhorce. :: CARLOS MORET
Fiscalía contra la Violencia de Género considera que las denuncias por desobediencia que realiza la Policía Local contra las prostitutas que incumplen de forma reiterada la ordenanza municipal de convivencia que prohibe las prácticas sexuales en la calle hacen un flaco favor a estas mujeres, que en muchos casos «pueden estar sufriendo situaciones de explotación y de violencia machista». Por ello, la fiscal delegada contra los malos tratos, Flor de Torres, ha pedido una reunión de la junta de fiscales de Málaga en la que se propone plantear que no se acuse a estas mujeres en la vía penal por faltas de desobediencia por las que son denunciadas y que las sanciones mueran en la vía administrativa.
De Torres destaca que la ordenanza municipal «no establece en ningún caso» que la Policía Local o cualquier agente de la autoridad deba realizar un atestado y remitirlo a la autoridad judicial, como se viene haciendo hasta ahora. Es más, agrega que la normativa recoge expresamente que cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito debe ser comunicando antes al Ministerio Fiscal».
La propuesta de no ejercitar la acción penal contra las prostitutas denunciadas por desobediencia es apoyada también por el fiscal encargado de los asuntos de Extranjería, Juan Andrés Bermejo, que ha manifestado su preocupación porque la mayoría de las chicas, que aparentemente ejercen de forma voluntaria la prostitución, en realidad, están siendo objetos de trata y explotación sexual. Ambos fiscales comparten la opinión de que si lo primero que se hace es multarlas y luego denunciarlas en la vía penal difícilmente podrán visibilizarse las conductas delictivas de los que las explotan y las maltratan.
La ordenanza municipal de convivencia prohibe, en su artículo 36.5, «las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de
servicios sexuales en la vía pública». Se entiende que estas prácticas afectan a la convivencia ciudadana «cuando se llevan a cabo a menos de 200 metros de centros docentes, educativos, parques infantiles, zonas residenciales o cualquier otro lugar en el que se realicen actividades comerciales o empresariales», como es el caso del Polígono Guadalhorce, lugar donde con frecuencia las prostitutas ofrecen sus servicios. Las mujeres que la incumplan se enfrentan a multas entre 750 y 1.500 euros.
Lo que hace la Policía Local es elaborar un atestado que remite a la autoridad judicial denunciando por desobediencia a estas mujeres cuando incumplen de forma reiterada la normativa. «Luego se celebra un juicio rápido sin la más mínima actividad probatoria de si estamos ante conductas que esconden trata o violencia de género, por lo que deberíamos proteger a esas mujeres, o si se trata de un ejercicio libre de la prostitución, que siempre debe estar ajeno a la vía penal», añade De Torres.
La junta de fiscales para tratar esta cuestión se celebrará después del verano.
