Diez capitales ya tienen ordenanza y Murcia espera una regulación estatal para poner coto al mercado del sexo
DE INTERÉS
1.615
personas que ejercen la prostitución fueron atendidas en 2011 por Cats; 777 contactaban con la asociación por primera vez.
22
voluntarios de la Asociación Cats participan en salidas nocturnas para atender a prostitutas y en actividades formativas.
30.000
euros de multa impone Cataluña por ejercer en carreteras.
Prostituta en una campaña de limpieza organizada por Cats. Foto: Fran Manzanera/AGM
La regulación de la prostitución callejera en el municipio no es una prioridad para el Ayuntamiento de Murcia. El Pleno rechazó en mayo, con los votos en contra del PP e IU-Verdes, la propuesta del PSOE de redactar una ordenanza argumentando, la concejal de Bienestar Social, Maruja Pelegrín, que el asunto excede las competencias municipales.
En todo caso, el Pleno acordó, a propuesta del PP, elevar la petición al seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), a fin de consensuar una postura común para los 45 ayuntamientos de la Región. Con este afán trabaja el consejero de Presidencia, Manuel Campos, que tiene pendiente celebrar en próximas fechas una reunión con ediles de corporaciones locales con el objeto de coordinar acciones conjuntas.
Pero, mientras desde La Glorieta se rechaza de forma abierta la prohibición de esta actividad -la edil Pelegrín asegura que en muchos casos es la única salida que tienen muchas mujeres en época de crisis- y a la espera de una norma de rango superior, a nivel nacional o, al menos, regional, para que todos los ayuntamientos actúen en la misma línea, otras ciudades españolas han tomado la delantera a Murcia y han puesto coto al negocio del sexo en la calle. Al menos, una decena de capitales de provincia -Bilbao, Málaga, Sevilla, Granada, Ávila, Albacete, Alicante, Barcelona, Badajoz y Guadalajara- cuentan con una ordenanza restrictiva. La última ha sido Barcelona, que desde el viernes multa a los clientes de las meretrices con sanciones de hasta 1.500 euros, que pueden doblarse hasta los 3.000 si mantienen relaciones sexuales en la vía pública. En este caso, la solicitud, demanda y negociación de servicios sexuales retribuidos en el espacio público pueden ser sancionados con entre 1.000 y 1.200 euros, aunque si la conducta del demandante ocurre a menos de 200 metros de un colegio llega a 1.500 euros. Las prostitutas pueden ser multadas con entre 100 y 750 euros.
El Gobierno español tiene sobre la mesa una propuesta del Ministerio del Interior para endurecer la lucha contra la prostitución, con la previsión de multar a las meretrices que ejerzan en las carreteras. De hecho, en vías catalanas de titularidad de la Generalitat también se ha empezado a multar este año a las prostitutas y a sus clientes, con sanciones de hasta 30.000 euros.
En Murcia, la prostitución callejera se ha trasladado en los últimos meses al Barrio del Carmen, donde la Asociación de Vecinos Carmelitanos libra su particular batalla contra esta actividad, a la que responsabilizan de la degradación del entorno. De hecho, cuando el Pleno del Ayuntamiento rechazó en mayo la propuesta de redactar una ordenanza, la entidad convocó inmediatamente una asamblea para abordar este asunto, a la que asistieron 200 personas y en la que, además de mostrar su malestar por la decisión, se acordó presionar a la Administración municipal con recogidas de firmas. El PSOE y UPyD, que han hecho de altavoz de las críticas de esta asociación, apoyan la medida al entender que el Ayuntamiento no puede mantenerse al margen del impacto tan negativo que está provocando en El Carmen este mercadeo en plena calle.
Desde la Concejalía de Sanidad insisten en que el Ayuntamiento sí está «ocupado y preocupado» con la salud y con garantizar que a las prostitutas les llegan todos los recursos disponibles, a través de un convenio con la Asociación Cats (Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo).
MURCIA
Multas de 750 a 3.000 euros por solicitar, negociar o aceptar servicios
Las ordenanzas de los municipios que han regulado ya la prostitución callejera incluyen multas a clientes y meretrices que van desde los 750 a los 3.000 euros, aunque aún hay muchas capitales de provincia que no cuentan con una norma al respecto, como es el caso de Murcia, Madrid, Valladolid, Gijón, Logroño, Pamplona, Santander, Santiago de Compostela, Vigo, Palma de Mallorca y Santa Cruz de Tenerife. Las Palmas ha empezado a trabajar ya en el texto y Valencia está elaborando una ordenanza que, según el concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, debe incluir la sanción a prostitutas y clientes.
La ordenanza de Alicante, aprobada en febrero de 2011, contempla sanciones trabajadores y solicitantes, siempre y cuando las actividades se desarrollen en espacios públicos, y ya se han levantado 900 actas. Las multas oscilan entre los 1.500 y los 3.000 euros.
Málaga cuenta desde septiembre de 2010 con una ordenanza que establece multas -de 750 a 1.500 euros- para las prostitutas a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas, que abarcan desde el ofrecimiento y la solicitud, a la negociación y aceptación de servicios sexuales retribuidos.
Bilbao aprobó en marzo de 2010 una ordenanza que prevé multas de 750 euros en caso de sanciones por infracciones leves y de 3.000 euros para las muy graves, como en Granada. En Sevilla hay desde el 28 de octubre una ordenanza para combatir la prostitución callejera, que prevé multas para los clientes de entre 750 y 3.000 euros, y desde esa fecha se han cursado un centenar de denuncias. Esta ordenanza considera «víctimas» a las mujeres que se prostituyen y no prevé ninguna medida sancionadora contra ellas, sino actuaciones «de carácter social».
