La ordenanza que multa a prostitutas y clientes entrará en vigor en un mes

PP y PSOE aprueban el texto y se comprometen a poner en marcha un plan para su erradicación; IU-Verdes y UPyD no creen en su efecto disuasorio

En noviembre entrará en vigor la nueva ‘Ordenanza para luchar contra la prostitución en Murcia’, aprobada ayer -justo en el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas- con los votos a favor de PP y PSOE en la Comisión de Asuntos Sociales, y en contra de IU-Verdes y UPyD. Por tanto, el texto, que no tiene que ser refrendado ya por el Pleno, tendrá plena vigencia a partir de los 30 días de su publicación en el Boletín Oficial de la Región (BORM). El PP aceptó ayer la propuesta del PSOE de incluir «un anexo con un Plan de Acción Integral para promover la erradicación de la trata de mujeres, la prostitución y otras formas de explotación sexual, haciendo especial hincapié en el apoyo y la reinserción de las víctimas».

No ha sido posible finalmente aprobar un texto conjunto, ya que IU-Verdes considera que la nueva ordenanza no tendrá utilidad para acabar con el ejercicio de la prostitución, como demuestran otras experiencias similares en Cataluña, «que es el mayor prostíbulo de España», según la portavoz de IU, Esther Herguedas, partidaria de fijar «un marco estatal». «Mientras eso no se haga, estas normas municipales seguirán siendo una muestra de cinismo social que no admite la explotación en público y hasta la ve con buenos ojos en privado».

Rubén Serna, portavoz de UPyD, afirma que «ésta no es la ordenanza que solucionará el problema de la explotación sexual» y repara en la incongruencia del texto. «Al mismo tiempo sanciona a las personas que se ven obligadas a ejercer la prostitución y dice querer luchar contra la explotación sexual, y eso es un contrasentido», sostiene el edil José Antonio Sotomayor. «Esta nueva ordenanza», según UPyD, «debería sancionar la demanda de servicios sexuales y el favorecimiento, promoción o facilitación de estas conductas, acciones ejercidas desde la figura del cliente, que debe ser sancionado desde el primer momento». Para UPyD, sancionar a las prostitutas ocasionará una «revictimización» de las mismas.

La portavoz del Gobierno municipal, Nuria Fuentes, reiteró ayer que la Ordenanza fija una distancia mínima de 300 metros para ejercer la prostitución cerca de centros docentes o educativos, u otros espacios con afluencia de público infantil y/o juvenil, y núcleos urbanos, y sanciones que oscilan entre los 750 euros (ofrecer servicios sexuales retribuidos) a los 3.000 euros (mantener realciones sexuales mediante retribución en los lugares señalados, y solicitar, negociar o aceptar los demandantes servicios sexuales). También recoge que los clientes menores de edad puedan conmutar la sanción económica por trabajos sociales, siempre que los padres autoricen, y solo se aplica a la primera sanción.

La nueva norma ha contado, según una nota del Gobierno local, con las sugerencias de vecinos, comerciantes, asociaciones y organizaciones que trabajan con la prostitución, aunque el Ayuntamiento no citó que las cuatro entidades que habitualmente asisten a prostitutas en Murcia -CATS, Apramp, Programa Oblatas y EAPN-TRM- presentaron alegaciones en contra, aunque fueron desestimadas «porque no se persigue a las mujeres que ofrecen sus servicios sexuales, sino que lo hagan en la vía pública». Fuentes, dijo, no obstante, que se han mantenido «reuniones» con colectivos, vecinos, asociaciones y con los grupos políticos con el fin de que la Ordenanza nazca del consenso, y así expresamente lo han apoyado la Junta Municipal de El Carmen, que pidió una ampliación de 200 a 300 metros la distancia de las colegios, y la Federación de Asociaciones Vecinales de Murcia.

LAS FRASES

NURIA FUENTES PORTAVOZ DEL GOBIERNO LOCAL
«No perseguimos a las mujeres que ofrecen sus servicios, sino que hagan sexo en la vía pública»
JUAN PATRICIO CASTROCONCEJAL DEL PSOE
«El apoyo y reinserción de las víctimas debe ser lo primordial, y exigimos un Plan de Acción Integral»
JOSÉ ANTONIO SOTOMAYOR CONCEJAL DE UPYD
«Las multas no lograrán el deseado efecto disuasorio, ya que la práctica totalidad son personas insolventes»
ESTHER HERGUEDASPORTAVOZ DE IU-VERDES
«Esta norma agravará las situaciones de trata y tráfico de mujeres»
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