Prostitución, legalidad y política

La denominada «economía ilegal» cuenta en la contabilidad nacional, no cabe mayor hipocresía

IVÁN PRADA MORAL El pasado mes de abril fue rechazada, unánimemente, la propuesta electoral de cierto grupo político de legalizar la prostitución, por todos los partidos de mayoritaria representación estatal. Es inaprensible que a la prostitución, a pesar de ser una actividad que lleva ejerciéndose en nuestra nación desde tiempos inmemoriales, con un consumo masivo por parte de los españoles, no se le haya dotado, en pleno siglo XXI, de un marco legal, como a cualquier otra actividad.

Según datos del pasado año de la comisión del Congreso asumidos por el INE, un 6% de la población total de los españoles recurre a la prostitución. En total, quienes consumen prostitución, gastan 1.530 euros al año entre las 300.000 personas que se dedican a este oficio en nuestro país (otras fuentes sitúan la cifra en 100.000 personas). La denominada «economía ilegal», la que contabiliza el tráfico de drogas y la prostitución, supone un 0,87% del total del PIB español, y la misma es utilizada en nuestra contabilidad nacional para la estimación de esta magnitud, a pesar de ser una actividad ilegal para nuestro ordenamiento jurídico, lo que evidencia otra muestra más de la hipocresía que impera en nuestra clase política. Para despejar cualquier atisbo de duda, la prostitución es una actividad absolutamente ilegal desde que España firmó en 1949 un convenio de la ONU, la Convención por la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Cuestión distinta es el hecho de que, en la práctica, las personas que de manera voluntaria ejercen esta ocupación se encuentran en una situación de «alegalidad», es decir, que no tienen ningún tipo de protección laboral, con las nefastas consecuencias que ello entraña, al no tener la posibilidad de cotizar, ni por tanto el derecho a las prestaciones de la seguridad social.

Veamos los motivos de oposición que adujeron los principales partidos políticos. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que la subcomisión creada en el Parlamento no es partidaria de la legalización, y recordó que «la explotación de la mujer es un delito y la trata es un delito execrable que hay que perseguir». Nuevamente, la tesis de la cuasi totalidad del PP pasa por vincular, burda y groseramente, cualquier tipo de prostitución, con mafia o delincuencia organizada, para desprestigiarla y marginarla, actuación, por otra parte, en sintonía con otras materias donde su línea de ataque es similar, como la drogas o el aborto, confundiendo al ciudadano medio con aseveraciones tóxicas, y obviando que, aproximadamente, un 20% del total de las personas que viven de este negocio lo hacen de manera completamente libre y voluntaria. De otro lado, la portavoz parlamentaria de igualdad del PSOE, Carmen Montón, manifestó que «Ciudadanos quiere legalizar la prostitución porque tiene una vertiente económica», o «en el PSOE estamos preocupados por ofrecer salidas a la crisis a través de trabajos no precarios y sueldos dignos, para que ninguna mujer se vea en la obligación de prostituirse», así como que «esta derecha no se ha enterado de que las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho». Obviamente el único motivo (o por lo menos el de mayor peso), para legalizar un ámbito como el que nos ocupa es precisamente la vertiente económica del mismo, por los beneficios que ello entraña, no solo para el conjunto de nuestra sociedad por la vía impositiva, sino para sus principales protagonistas, es decir, las prostitutas (ellos y ellas), que de una vez por todas van a poder ser beneficiarios de los rendimientos de su trabajo personal, como por ejemplo, entre otros muchos, la percepción de cualquier tipo de prestación o subsidio de carácter social. En cuanto a la «supuesta preocupación» del PSOE por los trabajos no precarios y sueldos dignos, nos parece de un enorme cinismo tal manifestación, hasta para alguien que ejerce la política. No hay mayor precariedad para una nación que el que esta tenga una tasa de paro que durante los últimos años se ha situado en torno al 25%, y de todo ello es responsable directo el PSOE, que con su gestión política ha llevado a la debacle a nuestro Estado, condenando a ejercer esta actividad a innumerables individuos, que no han visto otra salida a la crisis que ejercer la prostitución, como último acto desesperado. Y es allí precisamente donde, fruto de la miseria generada por este partido político, anidan las mafias de la trata de personas, campando a sus anchas y aprovechándose de los seres humanos que en un contexto más desfavorecedor se hallan. Como colofón a tan esperpénticas aseveraciones, culmina la señora Montón resaltando que pretender legalizar la prostitución conlleva, necesariamente, a convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda clase, sin plenos derechos, cuando, a mayor abundamiento, el no legalizar este campo conduce, inexorablemente a esta circunstancia, a condenar al más absoluto ostracismo a cualquier ciudadano que de manera voluntaria quiera decantarse por tal actividad laboral.

Lo peor de lo expuesto radica en que las reacciones políticas respecto a esta cuestión, de manera unánime, sin importar el signo ideológico de los representantes que las han vertido, vinculan de manera errónea prostitución con mujeres exclusivamente, cuando la realidad dista de ser así, ya que en este negocio hay cada más presencia masculina. Si nuestros políticos, salvo contadas excepciones, ni tan siquiera son capaces de conocer los detalles más elementales de la prostitución, ¿cómo van a ser capaces de afrontar y dar salidas a temas de mayor complejidad, como la situación de alegalidad en que están sumidas miles de personas que, de manera voluntaria, deciden ganarse la vida con su cuerpo?

Hay que asumir, sin complejos, que el libre ejercicio de la prostitución es un trabajo que no conoce de género, tan digno y válido como cualquier otro, que debido a sus circunstancias especiales necesita de una regulación particular, para dar cobertura legal a quienes quieran dedicarse a ello, y de paso poder combatir, eficientemente, mediante el poder del Estado de Derecho, la criminalidad organizada, que es la gran beneficiaria de la ausencia de un marco normativo, mantenido y perpetuado por la cobardía e inacción de nuestros ilustres legisladores.

http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2015/05/26/prostitucion-legalidad-politica/846002.html

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