Interior dice que la ‘ley mordaza’ no reducirá la prostitución en las vías

Dos prostitutas en una carretera

Dos en una carretera MARGA CRUZ

ANDRÉS NEF Girona

El número de mujeres que ejercen la en la frontera entre Cataluña y Francia no deja de crecer. Un fenómeno que constatan las estadísticas, pero también cualquier trayecto por las carreteras de acceso a La Jonquera, meca de la prostitución a uno y otro lado de la frontera. Según un informe presentado a mediados de abril por la Fundación Apip, hasta 111 mujeres ejercían el año pasado en el asfaltado de la N-II entre Báscara y La Jonquera, más del doble que en 2008.

La cifra es una evidencia estadística de que la normativa que activó la Generalitat en 2012 para reducir el fenómeno en las carreteras catalanas a golpe de multas a clientes y prostitutas no ha dado resultado en e lAlt Empordà. Según el Departament d’Interior, la Ley de Seguridad Ciudadana -más conocida como ley mordaza- tampoco lo hará.

La ley que comenzará a aplicarse a partir de julio prevé sanciones de entre 600 y hasta los 30.000 euros para quien solicite o acepte servicios en la vía pública o en lugares donde haya menores. Un aspecto que podría minimizar, pero no solucionar, la problemática de la prostitución en las carreteras gerundenses, según explicó el director de Serveis Territorials d’Interior de Girona, Albert Ballesta, durante la reunión a inicios de mayo de la Comissió Institucional sobre la Problemática de la Prostitución del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (CCAE) para evaluar, precisamente, el impacto en la comarca de la entrada en vigor de la nueva ley.

«No es la que queríamos porque se ha quedado a medias», explicó Ballesta, en referencia a la negativa que el Congreso de los Diputados hizo a la petición del CCAE y el Departament d’Interior de reformar el Código Penal y erradicar la prostitución de las carreteras. «Se tenía que haber hecho como en Francia, tal y como dicta el Parlamento Europeo. Criminalizar al cliente y convertir en delito la aceptación de en la vía pública», aseguró. «En lugar de eso», lamentó, «se ha aprobado una ley de seguridad ciudadana que sólo contempla sanciones de carácter administrativo y no de carácter penal como habíamos propuesto».

La nueva legislación, además, tampoco ayuda a solucionar el principal problema de la provincia como es el creciente número de turistas franceses que cruzan la frontera sólo para comprar servicios sexuales y atraídos por el gran número de instalados en el Alt Empordà. «Es muy diferente poner al cliente ante un juez y sancionarlo penalmente que simplemente ponerle una multa», comentó Ballesta para expresar el temor de que las sanciones queden en agua de borrajas. «Cuando vengan los ciudadanos franceses a comprar servicios sexuales y la policía los pare y los denuncie, ¿cómo haremos para cobrarle la sanción administrativa por muy alta que sea?», añadió.

Ballesta sí admitió que la nueva ley supone un «salto hacia adelante» al tratarse de una ley orgánica y no de una ordenanza municipal como la redactada por el Ayuntamiento de La Jonquera y el Consell Comarcal de l’Alt Empordà para sancionar la prostitución en las calles. Para Ballesta, al contar con el respaldo de una ley la medida será más disuasoria y efectiva, sobre todo porque podrá «aplicarse al conjunto de las carreteras estatales». La normativa elaborada en 2012 por la Generalitat únicamente permite a los Mossos d’Esquadra multar en carreteras que gestiona la Generalitat y los municipios. La nueva ley dará más poder a las policías Local y a los Mossos para denunciar sin importar que la titularidad de la carretera. Una novedad que según Ballesta «ejercerá más presión sobre los clientes [autóctonos]».

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/05/16/55575dad22601dd4708b4574.html

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