El plan de Colau para regular la prostitución voluntaria levanta una ola de críticas

El plan de Colau para regular la prostitución voluntaria levanta una ola de críticas

La FAVB y alcaldesas metropolitanas consideran que “frivoliza” la actividad y le exigen que “reconsidere” su postura

El plan de Colau para regular la prostitución voluntaria levanta una ola de críticas

JULIO CARBÓ

Dos prostitutas rumanas, en la calle de Sant Pau, en Ciutat Vella.

ROSA MARI SANZ

¿Abolir o regular la prostitución? Periódicamente se abre este debate a nivel social y político sin que acabe derivando en cambios significativos. De nuevo, tras la aprobación en diciembre de la puesta en marcha de un plan que dote a Barcelona de unmarco normativo municipal para la prostitución voluntaria y que elimine las multas a las mujeres, han salido voces a favor y contrarias a esta proposición que planteó Ciutadans y se aprobó con el ‘sí’ de Barcelona en Comú (BC), ERC y la CUP. Entre estas últimas, las más sonoras han llegado en forma de manifiesto: el que han suscrito las alcaldesas de Santa Coloma de Gramenet,Núria Parlón (PSC); L’Hospitalet, Núria Marín (PSC); Sant Boi,Lluïsa Moret (PSC), y Sant Cugat del Vallès, Mercè Conesa (CiU), para pedir a su homóloga Ada Colau (BC) que “reconsidere” su posición y refuerce las medidas para erradicar la prostitución de las calles. Tras esta iniciativa están también las entidades Moviment Democràtic de Dones y Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic de Dones i Nenes. “Reglamentar la prostitución […] supone asumir que es una alternativa ‘laboral’ aceptable para las mujeres pobres”, denuncian.

El proyecto municipal, todavía en fase de estudio y de debate, no contempla de momento ninguna medida concreta al respecto de la regulación de la prostitución no sujeta a explotación sexual o tráfico de personas, precisa la concejala de Ciclo de la Vida, Feminismos y LGTBI, Laura Pérez. De hecho, matiza, un ayuntamiento no tiene competencias para regular esta práctica otorgando derechos laborales, ni tampoco para abolirla. Compete a la Generalitat, que aprobó en el 2002 un decreto que regula los locales donde se ejerce la prostitución, a los que fija un horario de apertura y cierre, así como una batería de condiciones sanitarias.

Lo que sí puede hacer el consistorio es introducir cambios normativos para legalizar ‘meublés’ en los que las prostitutas ejerzan de manera voluntaria y en buenas condiciones de seguridad e higiene, y donde se realicen inspecciones periódicas, una medida, reconoce Pérez, que aunque se contempla no está ni mucho menos decidida.

El consistorio puede introducir cambiosnormativos para legalizar meublés en los que las prostitutas ejerzan de manera voluntaria y en buenas condiciones de seguridad e higiene

“No soy ni abolicionista ni regulacionista. Lo que tenemos es la obligación de mejorar las condiciones de vida de las mujeres que ejercen la prostitución, de respetar sus decisiones y ofrecerles alternativas y ayudas para la formación e inserción. En definitiva, hemos de defender sus derechos como los de cualquier persona”, defiende la concejala. E insiste en que Barcelona, y todos los gobiernos, “deben tener políticas firmes contra la trata y el tráfico, pero nunca a costa de los derechos de las mujeres”.

MESA DE TRABAJO

Otra de las medidas que se debatirá en la mesa de trabajo, a la que acudirán representantes del colectivo, es reformar los proyectos para que garanticen a todas las mujeres que quieran salir de la prostitución itinerarios de empleo no estigmatizadores, “y que realmente permitan un cambio cuando así lo decidan”. Pero lo primero, insiste la concejala, es dejar de multarlas en base a unaordenanza del civismo que se está revisando.

Ese cambio podría implicar también el dejar de sancionar a los clientes, prosigue Pérez, “para asegurar un marco que no persiga a las prostitutas”. La marcha atrás de las sanciones es algo que lleva años reclamando la síndica en funciones de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, quien se muestra de acuerdo con la propuesta del ayuntamiento de crear un nuevo marco normativo.

En la otra cara de la moneda está la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). Aunque entre esta organización conviven dos sensibilidades, una radicalmente prohibicionista y otra más próxima a la regulación, la federación ha criticado duramente el plan municipal a través de un comunicado en sintonía con el manifiesto firmado por las alcaldesas metropolitanas. Pese a que también se muestra favorable a que la Guardia Urbanadeje de multar a las mujeres, la FAVB es contraria a que se terminen las sanciones a clientes y considera que con el nuevo plan se está trasladando a la opinión pública un mensaje de normalidad por lo que respecta a la compra de servicios sexuales.

“Un ayuntamiento democrático no puede frivolizar con la realidad de la prostitución”, denuncia la FAVB

“Un ayuntamiento democrático no puede frivolizar con la realidad de la prostitución“, ha denunciado la FAVB, que considera “muy difícil promover políticas de igualdad si aceptamos la existencia legítima, en nuestra ciudad, de una reserva de mujeres exclusivamente destinadas a satisfacer los caprichos de los hombres”. En la misma nota, los vecinos consideran que el consistorio cuenta solo con la opinión del colectivo Prostitutas Indignadas, que aboga por la regulación, mientras silencia a mujeres “chinas, nigerianas, rumanas… el grueso de las mujeres prostituidas”, y exigen al consistorio “coraje para mirar la realidad cara a cara y no contentarse con soluciones fáciles”.

RESPUESTA DEL COLECTIVO

Si la propuesta del Ayuntamiento de Barcelona ha tenido esta dura respuesta por parte de la FAVB, las prostitutas tampoco se han quedado calladas ante el manifiesto contra el plan. Así, la plataforma Prostitutas Indignadas ha reclamado “responsabilidades por la violencia hacia las trabajadoras sexuales” que aseguran que han ejercido durante 10 años los gobiernos de CiU y PSC en Barcelona. La reclamación va dirigida precisamente al grupo de alcaldesas metropolitanas.

SIN LEY

  • Actividad alegal La prostitución es una actividad alegal, porque no está regulada ni prohibida por ley. Lo que sí está prohibido es el proxenetismo (lucrarse con la explotación sexual de una persona). Solo el Estado tiene competencia para legislar sobre el sexo de pago.
  • Prostíbulos La regulación de los locales donde se ejerce esta actividad alegal es competencia de la Generalitat, que promulgó una ley para regular los requisitos de higiene y seguridad de los locales de espectáculos con salas anexas.
  • Ordenanzas Los ayuntamientos pueden prohibir el ofrecimiento o la solicitud de servicios sexuales en la vía pública mediante ordenazas de civismo, mientras que la Generalitat modificó la ley de carreteras para multar a meretrices y clientes por poner en riesgo la seguridad vial.

‘No somos carne de vuestras campaña, somos mujeres con derechos’ es el título de la réplica de Prostitutas Indignadas. La plataforma subraya que no pide al gobierno de Colau “una nueva regulación de ámbito municipal”, sino “generar políticas que garanticen los derechos de todas las mujeres que ejercen la prostitución y que contrarresten las vulneraciones y las violencias que han supuesto las políticas previas”.

Además del PSC y de CiU, votó en contra de la normativa el PP. La portavoz popular Àngels Esteller ha reiterado este lunes la posición de su grupo afirmando que las medidas para acabar con la prostitución deben ser “hacer cumplir la ordenanza de convivencia que prohíbeofrecer y prestar servicios sexuales en la calle”. En este sentido, la concejala ha destacado que antes de hacer propuestas de este tipo se han de tener en cuenta las consecuencias de la prostitución y cómo se degradan los barrios que la sufren provocando problemas de convivencia. Por ello, ha propuesto reforzar la presencia policial y perseguir las mafias que explotan a estas mujeres.

http://www.elperiodico.com/es/noticias/barcelona/polemica-regulacion-prostitucion-barcelona-colau-5008179

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El Ayuntamiento de Valencia compra un microbús para trasladar a las prostitutas

Se trata de un servicio que el consistorio presta a través de un convenio de colaboración con Médicos del Mundo

VImagen del microbús. LP

El Ayuntamiento de Valencia ha comprado un microbús para el programa móvil de atención sociosanitaria a personas que ejercen la prostitución en la ciudad, un servicio que el consistorio presta a través de un convenio de colaboración con Médicos del Mundo.

La concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas y de Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, ha explicado en un comunicado que el Bus Solidario del Ayuntamiento circula por las noches y ofrece revisiones ginecológicas gratuitas e información sanitaria y sobre los recursos de inserción sociolaboral de que dispone el consistorio.

El Bus Solidario también hace entrega gratuita de material para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, como son preservativos y lubricantes, según el comunicado.

Lozano ha asegurado que que este autobús sustituirá al que había hasta ahora, “que ya no cumplía las condiciones necesarias porque estaba viejo y había que estar reparándolo continuamente”.

La concejala ha apuntado además que “desde el Ayuntamiento se quiere mejorar las condiciones sociosanitarias de las personas que presentan situaciones de vulnerabilidad y exclusión social”, al tiempo que ha añadido que con la compra de este autobús se trabajan “aspectos como la inserción sociolaboral en el grupo de personas que ejercen la prostitución en la calle”.

Los objetivos del programa municipal son aumentar los conocimientos sobre salud sexual y reproductiva a estas mujeres, facilitarles el acceso a los recursos sociosanitarios normalizados, que muchas veces desconocen o que, incluso, evitan por miedo a ser “repatriadas” a sus países, así como promover las pruebas de detección para VIH e ITS, según el comunicado.

Averías en el anterior vehículo

“Desde el Ayuntamiento vamos a fomentar actuaciones de información y educación sanitaria dirigidas a este público específico, hay que concienciar a las personas que se dedican a la prostitución que deben hacerse revisiones médicas, sin miedos, porque es su derecho”, ha manifestado la edil.

Asimismo, ha explicado que, a lo largo de 2014, al menos en 14 ocasiones no fue posible salir con el Bus Solidario porque estaba en el taller. En otros dos momentos la intervención se interrumpió por avería, por lo que fue necesario avisar al servicio técnico.

Estas incidencias “han supuesto una reducción del número de intervenciones, que afectan de manera especial a la atención sanitaria y a la realización de talleres, por eso hemos decidido comprar un vehículo nuevo para ofrecer el servicio de la mejor manera, atendiendo a las personas de este colectivo, que en su mayoría son mujeres, en condiciones adecuadas”, ha apostillado Lozano.

http://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/201602/20/ayuntamiento-valencia-compra-microbus-20160220104800.html

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Prostitución y regulación por Ysabel Torralbo portavoz den el Ayuntamiento de Málaga Ahora

Cuando hablamos de prostitución nos adentramos en terreno resbaladizo. Para empezar, bajo ese mismo término, a veces se mezclan dos realidades bien diferentes: por un lado, el tráfico y la trata de mujeres, contra el que no hay que escatimar medios, y por otro el trabajo sexual voluntario, del que quiero hablar. Digo voluntario, y no libre, de manera consciente, puesto que con tasas de paro escandalosas y precariedad rampante como la nuestra, casi nadie elige libremente en qué trabajar.

Es un terreno resbaladizo también porque entran en juego muchos factores delicados: la violencia patriarcal, el abuso contra las mujeres, la moral, pero también el derecho a elegir sobre nuestro cuerpo, las regulaciones laborales, la criminalización y, sobre todo, la hipocresía. Todo el mundo tiene su opinión sobre la prostitución, incluso nos permitimos legislarla y, desde luego, muchos hombres, principalmente, hacen uso de ella. Sin embargo, casi nunca se presta atención a quienes más tienen que decir: las propias trabajadoras sexuales.

Las corrientes abolicionistas, que no siempre llegan desde posiciones conservadoras o el feminismo institucional, consideran el trabajo sexual como una variante más de la violencia patriarcal sobre las mujeres: bajo ese prisma, en lugar de un servicio prestado por una mujer, su cuerpo se volvería mercancía utilizada por el hombre. Partamos de que rechazo cualquier forma de abuso sexual. Sin embargo, entiendo que hay abusos que a menudo también se dan en el mercado laboral o son frecuentes dentro de la pareja, sin que por ello nos planteemos abolir el trabajo o el matrimonio. Como feminista, estoy convencida de que debemos abordar el abuso de la sexualidad subalterna en nuestra sociedad, pero no desde la criminalización -a lo que ha contribuido la Ley Mordaza-, la victimización -como ciertas corrientes abolicionistas- ni la invisibilización -en la línea conservadora- de los múltiples sujetos afectados.

Si no queremos caer en la condescendencia o la prepotencia, ambas caras de una misma moneda machista, debemos escuchar a las propias trabajadoras. Uno de las quejas habituales de los colectivos de trabajadoras sexuales es precisamente ese: se decide en su nombre, como si se tratara de mujeres en minoría de edad intelectual.

Esa fue una de las mayores preocupaciones que tuvimos en Málaga Ahora al redactar nuestra parte programática sobre feminismos. Por fortuna, en nuestra ciudad contamos con la Asociación de Mujeres Transexuales y Trabajadoras de Sexo (AMTTSE), cuyo discurso, perfectamente articulado, se me antoja más legítimo que el de tantas voces que, sencillamente, las ningunea. Decía hace poco Íñigo Errejón que habría que garantizar que las mujeres no sean discriminadas laboralmente y tengan independencia económica, de manera que la prostitución supusiera la última salida a la pobreza. Después, se deberían otorgar todos los derechos y obligaciones laborales para quienes quieran ejercer, como autónomas o en cooperativas. Son ideas en consonancias con las dos principales reivindicaciones de la AMTTSE: derogación de la actual ordenanza municipal y regulación de su actividad.

Regular, como vemos, no significa convertir a las trabajadoras de los clubs en falsas autónomas, como pretende Ciudadanos, o esconderlas en zonas periféricas, como intenta el PP. Por otro lado, la actual ordenanza, que en principio debería multar a clientes y trabajadoras, en la práctica persigue casi exclusivamente a estas últimas: durante la primera mitad de 2015, tan sólo 24 multas de 134 recayeron sobre clientes. En otras palabras, no solo no se garantiza salidas para las mujeres que prefieran otra opción, sino que se las criminaliza. De ahí que esa dos reivindicaciones vayan en sentido contrario al modelo de Suecia, cuya ley de 1999 prohíbe en la práctica el trabajo sexual. Este país, junto a Noruega, es el que suele citar el abolicionismo.

Dejemos a un lado las enormes diferencias entre nuestro país y el Estado de Bienestar y tasas de paro escandinavas. Digamos que en 2010 Suecia hubo de duplicar (de seis a doce meses) las penas para los clientes, ante la ineficacia de la ley. De hecho, esta ley ha sido reprobada por 560 ONG y organizaciones de la sociedad civil, así como 86 académicos e investigadores que instan a los otros Estados de la Unión Europea a no adoptarla. La Policía Sueca ha demostrado que el trabajo sexual ahora se ejerce en la clandestinidad y ha aumentado la vulnerabilidad de las trabajadoras. Los salones de masaje Thai que ofrecen servicios sexuales en Estocolmo, por ejemplo, han aumentado. El principal problema, de nuevo, parece ser que se mezcló la trata de mujeres con el trabajo sexual, un error legislativo de bulto, y que una vez más se despreció la voz de las trabajadoras.

¿Qué opinión tengo sobre las mujeres que por unos u otros motivos deciden ejercer la prostitución? Solo una: que nuestra opinión no es relevante. Empecemos por cambiar eso.

http://www.diariosur.es/opinion/201601/25/prostitucion-regulacion-20160125004659-v.html

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La prostitución, ese “infame oficio”

PALLARÉS

David Lema

David Lema

Defendía Antonio Maura, un católico convencido, que para regenerar la sociedad había que organizarla según los comportamientos de los ciudadanos. Una premisa que le llevó, a principios del siglo XX, a proponer la regulación del juego y de la prostitución. El argumento, traducido, (demasiado zarrapastroso): si existe una fuerte oferta y una mayor demanda, hagamos lo posible para que la actividad se desarrolle en las mejores condiciones.
No fue Maura un iluminado en el asunto. En 1845, se instauró en Zaragoza un reglamento que obligó a las prostitutas a pasar un reconocimiento médico semanal (según ‘La prostitución en la España contemporánea’) para que no pudieran contagiar ninguna enfermedad. Se creaba así una especie de registro. Y cien años antes, el Conde de Cabarrús, que consideraba la prostitución un “infame oficio” (‘Cartas del Conde de Cabarrús al señor D. Gaspar de Jovellanos’), mantenía que había que restablecer “las mancebías” que se había cargado Felipe IV otros cien años antes porque la fornicación con rameras, en lenguaje de la época, era “inevitable”. A todos les preocupaba la sanidad pública, no las condiciones degradantes en las que se movían las prostitutas, y veían en la regularización la única forma de defenderla.
El PSOE quiere ahora “desmantelar la industria del sexo” multando a los clientes de prostitutas, prohibiendo los burdeles e introduciendo en el Código Penal “el proxenetismo lucrativo medie o no el consentimiento de la persona prostituida”. Con estas medidas, los socialistas pretenden sacar a un buen número de mujeres de la marginación y la delincuencia. Ardua empresa la de eliminar  una actividad  alegal que en España generó en 2010, según el INE, 3.783 millones de euros (el 0,35% del PIB). No está nada ‘mal’, contando que somos 46 millones de españoles…
Prohibir la prostitución es el camino más corto para agravar las inhumanas situaciones en las que trabajan la mayoría de las mujeres (sí, trabajan, así lo sentenció un juez de lo social de Barcelona este año que reconoció derechos laborales)  y el camino más largo para erradicarla. Pues si la mayoría de las prostitutas ya se sienten al margen del engranaje de la sociedad, criminalizar a lo que se dedican, forzosa o voluntariamente, las pondrá, todavía más, a los pies de las mafias.
Ponerle coto a pecho descubierto y a la fuerza a una actividad que se basa  en obligar a las mujeres (según varios informes, un 80%) a prostituirse es imposible. Ojo al dato, los mismos documentos revelan que a un 20% de ellas nadie las fuerza, lo que tampoco implica que lo hagan a gusto, aunque las haya también.
Con este enrevesado panorama, el único camino -aunque largo- para mejorar la vida de las prostitutas y el único para acabar con la prostitución -más largo todavía- parece ser su regularización. Para empezar, se otorgaría a las mujeres que de forma voluntaria quieren ofrecer servicios sexuales protección social y jurídica (firmar contratos, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos). Un tramo recorrido. Por otro lado, habría que sacar legalmente esta ya ocupación profesional de las calles.Desplazar la prostitución a locales acondicionados acabaría con buena parte del hábitat de las mafias. Todo esto sería humo si no va acompañado de un severo control de los clubes de alterne y, aunque sea obvio, la persecución de los proxenetas.
Decía Cabarrús: “Un desorden funesto, pero casi inevitable, mientras no se atajen sus principales causas”. Para todo lo demás, moralinas e hipocresía.

@davidlema_perez

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/fueradelinea/2015/10/20/la-prostitucion-ese-infame-oficio.html

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Despenalizar la prostitución

BEGOÑA ZABALA GONZÁLEZ

Este verano de 2015 está resultando un tanto atípico. Lejos de las tranquilas vacaciones habituales de la política, sobre todo de la institucional, abundan este año los temas de esta índole: la constitución de los gobiernos locales y autonómicos de las fuerzas del cambio y sus primeros pasos tan denostados por los medios conservadores; las próximas elecciones catalanas con el morbo añadido de las listas electorales, -con quién, qué nombre, qué nación-; las siguientes elecciones generales del Estado, con los consiguientes últimos coletazos traicioneros de quien ve perder su poder, como estos recientes presupuestos ya listos para 2016; la capitulación del gobierno griego ante el acoso y el chantaje de la dictadura de la troika; los miles de personas inmigrantes huidas de sus países en busca de asilo y refugio en la Europa Schengen, para encontrarse con la Europa fortaleza que, cuando no las mata, las encarcela o persigue; el terrible aumento de la violencia machista, en términos de asesinatos de mujeres, con sus horrorosas repercusiones en las hijas e hijos de las víctimas, también víctimas de la violencia masculina y patriarcal,…

Cuando empiece el nuevo curso, nos dará la impresión de que realmente no ha habido tregua ni descanso. En este ambiente, el sempiterno gobierno del PP, y para atraer los votos que se le escurren por las grietas de estas miserias, realiza algunas promesillas y trampea con cuatro medidas de dádivas para las poblaciones más menesterosas.

Entre estas noticias, actividades y quehaceres del mundo sociopolíticos ha aparecido de forma, a mi entender, imprevista, la declaración realizada por la organización Amnistía Internacional (AI) sobre la prostitución. Normalmente habría pasado inadvertida la recomendación, pero el contenido, sin ser de lo más osado, tiene su miga, y sus enemigas.

Dice esta prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos en el mundo, que después de dos años de laboriosa investigación y estudio llevado a cabo desde sus filas, en muy diferentes países, se observa que “las trabajadoras y los trabajadores sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, quienes en la mayoría de los casos afrontan un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso”. Frente a esta situación la recomendación que hace a los gobiernos, es la de despenalización de la prostitución, en todos sus ámbitos. Es decir, para todos los actores: trabajadoras y trabajadores sexuales, clientes y proxenetas.

Esta noticia ha hecho saltar las alarmas de los sectores abolicionistas y, de entre ellos, los medios destacan –supongo que no por su militancia o sabiduría en el tema, sino por su glamour– las opiniones en contra de las grandes damas de la escena de Hollywood. Aparecen los nombres de Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway, entre otros, firmando un manifiesto en contra de las pretensiones de Amnistía Internacional. En otras versiones más osadas, ya la noticia se intitula de forma más contundente: ”Hollywood contra Amnistía Internacional” /1..

En cambio, los grandes partidos del Estado, de corte abolicionista o penalizador, como el PSOE y sectores de IU, no se han manifestado expresamente. Parece que dejaran este espacio a los lobbys abolicionistas, que se posicionan frente a esta medida, alegando razones en contra de la trata y del tráfico de mujeres, que obviamente no es lo mismo.

Sí llama la atención, que una formación electoral catalana, de las conocidas como emergentes, “Catalunya si es pot”, encabezada por Lluis Rabell, designe para su segundo puesto a Gemma Liennas, escritora y conocida abolicionista en los debates y en sus escritos. También el propio cabeza de lista Rabell tiene trayectoria de posturas abolicionistas desde supuestos feministas, como se puede ver en un amplio artículo por él escrito de esta revista /2.

Despenalización de la prostitución.

Si bien la mayoría de los medios de comunicación y algunas personas han querido significar que con esta declaración lo que se pretende es normalizar la prostitución como un trabajo más y dotarle de todos los derechos a las mujeres y hombres que lo ejercen, la realidad es más justita de lo que se pretende, y a lo que se apela desde la organización Amnistía Internacional es a la despenalización. Es decir, que no sea delictivo el realizar o prestar servicios sexuales mediante precio, ni tampoco el contratarlos como cliente, ni tampoco se considere delito el obtener algún beneficio del ejercicio de la prostitución, lo que vulgarmente se conoce como actividad de proxenetismo. Esto quiere decir que en el análisis de AI se ha observado que en la mayoría de los países, en lugar de proteger a este colectivo que se considera vulnerable, lo que se hace es perseguirlo legalmente, con lo que se multiplica su sufrimiento, marginación y discriminación y produce con frecuencia obstrucción ilegal.

Por parte de muchas personas, y refiriéndonos al Estado Español concretamente, la figura de la prostitución es considerada desde el punto de vista jurídico como alegal, es decir que no está regularizada como una actividad, ni tampoco está prohibida o penalizada. Pero esto no es así, de ninguna de las formas. Mucho menos desde que el PP arremetió de malos modos contra el Código Penal y tipificó la figura del proxenetismo, como la de quien se lucra por la actividad de la prostitución, o quien aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de una persona, determina o mantiene a ésta en la situación de prostitución, aunque sea con su voluntad expresa /3.

Hay más figuras que conectan con la penalización de la prostitución, como es el caso específico de la entrada irregular de personas inmigrantes y la participación en la entrada de terceras personas, con fines del ejercicio de la prostitución, que nos llevan a considerar que realmente el ejercicio de la prostitución se mueve en el campo de la ilegalidad y de la delincuencia, más que en el de la actividad inocua o alegal.

Y en este punto Amnistía Internacional, a mi modo de ver, da en un clavo muy interesante desde el punto de vista jurídico y de las políticas penales. Y termina con la falacia tan extendida por las filas fariseistas del abolicionismo de penalizar, no a las personas que ejercen de forma no elegida la prostitución, que a su entender son todas, sino a las que contratan como clientes u operan bajo el genérico de proxenetas.

Efectivamente, es a todas luces imposible –a no ser que seas el exministro Gallardón- tipificar una figura delictiva mediante la caracterización de una actividad, que en este caso sería la prostitución, y pretender que todo el mundo que participa en la misma sea reo de delito, a excepción de la actora principal, que por mor de su no voluntariedad presumida contra viento y marea, queda in-imputada. Es el mismo argumento que utilizó el exministro y su corte jurídica para pretender penalizar el aborto, y exculpar a la mujer que voluntariamente se somete a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque no es libre o está en situación de incapacidad para prestar libremente su consentimiento. Una vez más la consideración de las mujeres víctimas como tontas, locas o incapaces planea sobre el horizonte jurídico. Y esto después de que nos sacudiésemos la calificación franquista de la mujer casada como incapaz para contratar, al lado de los menores, incapaces y locos.

En este sentido, la argumentación y la recomendación de Amnistía Internacional, debe ser acogida con todos nuestros aplausos, como lo han hecho ya varios colectivos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, pues delimita perfectamente el camino de esta actividad fuera de la penalización, en todo su sentido y extensión.

Esto también quiere decir que esas ordenanzas y normas locales y autonómicas, que pretenden mediante la reglamentación del uso de los espacios públicos, o de las vías de circulación, sancionar y reprimir esta actividad, deben ser derogadas y abolidas, por los mismos argumentos. Hace tiempo también que en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, la contestación a esta normativa ha sido muy visible por parte de los colectivos de personas que ejercen la prostitución y de grupos feministas.

Reconocimiento de derechos

Siendo absolutamente necesario el paso iniciado por Amnistía Internacional, para presionar a los gobiernos en pos de la despenalización, no cabe duda que la lucha tiene que seguir hasta el pleno reconocimiento de los derechos, todos, para las trabajadoras sexuales. Esta postura de reconocimiento de derechos, y hay que señalarlo porque a veces hay graves equívocos, no equivale a la que tradicionalmente se ha llamado como reglamentista.

Todo el análisis que se realiza desde la organización Amnistía Internacional, y también desde los grupos de apoyo a las trabajadoras del sector, destacan la imposibilidad de luchar frente a las situaciones de marginación y explotación desde la clandestinidad. Ninguna mujer, en su sano juicio y con experiencia migratoria, que sea explotada sexualmente en este Estado, acudiría tranquilamente a la comisaría de turno para denunciar a quien la explota, chantajea o violenta. Ha habido algunas que lo han hecho. Muchas de ellas han pagado con su vida tal osadía, otras han sido retornadas a sus países de origen, otras han sido detenidas e internadas en centros para inmigrantes, cárceles específicas para ellas… No estoy hablando de que el sistema judicial­-policial es ineficaz en grado alto, que lo es en muchos casos. Estoy expresando la imposibilidad real de que quien no tiene reconocida ni siquiera la capacidad de estar en un lugar, ni de tener ningún derecho, pueda ejercer mínimamente el derecho a ser protegida por unas autoridades que la desprotegen y la secundarizan por ley.

Este sería el primer paso importante: el reconocimiento de derechos para las personas migrantes, con la totalidad de garantías, para poder acceder a los servicios de justicia, sin poner en peligro su estatus. Y se sitúa el adjetivo de migrante por ser mayoritario este colectivo y tener impedidos por ley el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos.

Habría más pasos, evidentemente. Pues no se trata únicamente de que las personas que trabajan en la industria del sexo, en general, y en la prostitución en particular, puedan acudir en petición de auxilio al sistema judicial, cuando se ven violentadas o extorsionadas o agredidas. Se trata de que están realizando una actividad, que debe ser normalizada como tal actividad, sin levantar sospechas, juicios, denuncias, detenciones… En definitiva, dotar a esta actividad de un marco elemental para que al ser visibilizado y legalizado se pueda perfectamente desarrollar dentro de los límites normativos y fuera de la clandestinidad.

Hay quien ve más ventajas en esta legalización, pues mientras las leyes migratorias sigan siendo tan restrictivas que solo permiten acceder a la regularización de las personas extranjeras a las que tienen un trabajo o una actividad remunerada, la consideración de tal para esta actividad, conllevaría la situación regular administrativa. Efectivamente, sería una consecuencia interesante que encauzaría esta actividad en los márgenes de una actividad remunerada de la que se derivarían los derechos que en esta sociedad tienen las personas que trabajan de forma regular. Si bien nuestra reivindicación sigue siendo que todas las personas, de forma individual, deben tener reconocidos todos los derechos y serles posibilitados su ejercicio con los máximos márgenes de libertad.

En este planteamiento, que difiere ampliamente de las corrientes abolicionistas, se trata de poner en el centro del reconocimiento de los derechos y de la mejora de las condiciones de vida, a las propias mujeres. Y posibilitar que sean ellas mismas las que decidan. Sabemos que la decisión libre tiene límites, a veces impuestos por terceras personas y su afán de lucro. Pero esto, y nosotras las mujeres lo sabemos bien, nos pasa a todas. Se trata simplemente de ampliar los márgenes de libertad, en lugar de estrecharlos mediante las leyes.

Para terminar, transcribo literalmente lo que recoge algún medio de comunicación del manifiesto de las “estrellas de Hollywood” y las razones que les llevan a solicitar medidas penales para la prostitución, pues incide efectivamente en el lugar en donde se pone el foco de atención. Dicen ellas que “preocupa profundamente la propuesta de AI al adoptar una política que llevaría a la despenalización de los proxenetas, los dueños de los burdeles y consumidores del sexo, los pilares de una industria global del sexo que mueve 99.000 millones de dólares US… la total despenalización convierte a los proxenetas en hombres de negocios que venden con impunidad a personas vulnerables con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y acoso sexual ”. Si éstas son las razones que realmente impulsan el manifiesto, sería mejor que mirasen a la propia industria en la que prestan sus servicios, o a la industria de la guerra y armamentística, para pedir ya su ilegalización, pero no la de las personas que son reclutadas forzosamente y con engaños para ser carne de cañón de las ganancias de estos sátrapas. A estas personas, como a ellas mismas, se les debe conceder la dignidad de la lucha y la rebelión, mediante los instrumentos oportunos, que nunca serán la ilegalización y la represión.

Notas

1/ Tomado de la página “Estilo” de El Pais, versión digital, del día 29/7/2015, cuando todavía AI estaba estudiando el proyecto de la recomendación de despenalización que, finalmente aprobó el 10 de agosto pasado.

2/ “Un debate que divide al feminismo y a la izquierda”. Sylviane Dahan y Lluis Rabell. Viento Sur, número 106,

http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0106.pdf , pág. 119

3/ Sobre este tema, y para no repetir argumentos, se puede ver de la autora el artículo “Políticas prohibicionistas: la prostitución ilegalizada” en esta misma Tribuna, del día 28 de febrero de 2014 www.vientosur.info/spip.php?article8794 y el publicado por la Fundación Isonomía “Marco legal de la prostitución”.

http://vientosur.info/spip.php?article10421

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La paradoja de la prostitución

Eduardo Goligorsky

Amnistía Internacional (AI) aparca circunstancialmente su compromiso de denunciar las tropelías de las dictaduras de derecha e izquierda, algo que ya la convierte en la bestia negra de los adictos a ambos totalitarismos, y se mete en un campo minado cuando propone despenalizar la prostitución. La prostitución ejercida voluntariamente, por supuesto, a la que hay que proteger tanto de las mafias que la explotan al amparo de la clandestinidad como de la arbitrariedad del Estado, que se suma, mediante el cobro de multas, a la extorsión de los chulos. Esta es la paradoja de la prostitución criminalizada. La argumentación de Amnistía es rigurosa (LV, 13/8):

AI sostiene que las mujeres que se prostituyen (porque básicamente son mujeres) corren peligro y merecen protección legal para evitar abusos, como violaciones o violencia física. “Si tienen reconocidos sus derechos, si despenalizamos su trabajo, les damos un mayor control para actuar de manera independiente, autoorganizarse en cooperativas informales y controlar su propio entorno de trabajo”, defiende el documento de la organización. (…) Donde prostituirse es ilegal, insisten, las mujeres están “desprotegidas y no se atreven a denunciar delitos o pedir ayuda”. (…) “Condenamos la trata de personas”, añaden, y defienden que se luche jurídicamente contra ella. (…) “Cuando el trabajo sexual se despenaliza, los trabajadores y trabajadoras sexuales son más capaces de agruparse y reclamar sus derechos, para lograr mejores estándares y condiciones de trabajo y una mayor supervisión del sexo comercial y de la posible trata de personas”.

Balance aterrador

La trata de personas es la mayor lacra que se cierne sobre el ya de por sí sórdido mundo de la prostitución y, al mismo tiempo, es una consecuencia de la clandestinidad. Las víctimas son siempre las prostitutas, tanto voluntarias como forzadas. Aunque la ausencia de censos impide dar cifras precisas, se calcula que en España hay un total de 600.000 prostitutas, de las cuales el 80 por ciento –procedentes sobre todo de África, América Latina y Europa del Este– son víctimas de distintos sistemas de intimidación. El balance es aterrador, pero debería emplearse como argumento para hacer más visible esta actividad en el marco de la ley y no para perpetuar la marginalidad. A nadie se le ocurre pedir la ilegalización de la industria textil por el hecho de que existen talleres de confección clandestinos donde se esclaviza a inmigrantes indocumentados. La diferencia consiste en que toda actividad relacionada con el sexo es más vulnerable.

La policía se indigna

Enrique Gil Calvo traza una nítida línea divisoria entre la actividad sexual que debe estar amparada por la ley en la sociedad abierta y la actividad delictiva sobre la que debe caer todo el peso del Código Penal (“Contra la prostitución”, El País, 25/9/2014):

Por una parte tenemos los servicios sexuales voluntariamente ofrecidos por trabajadoras libres que no estén sometidas a ninguna coacción física ni moral, económica ni autoritaria. Llamemos a esa categoría “comercio sexual”. Y por otra parte aparecen las cautivas sexuales obligadas a someterse a los clientes cómplices de las redes criminales que las secuestran y las obligan. Llamemos a este otro contingente “explotación sexual”.

Es precisamente la policía la que se indigna porque, como informa un titular periodístico (LV, suplemento Vivir, 27/3),

Leyes caducas entorpecen la lucha contra la trata de mujeres – Policías que han sufrido reveses judiciales hablan de sus frustraciones y de sus esperanzas

Los especialistas de los Mossos d’Esquadra y de la Policía Nacional explican que “largas investigaciones con centenares de horas de escuchas telefónicas y seguimientos a veces durante años se han saldado con penas mínimas o absoluciones en bloque”. Los expertos recuerdan que sobre los 40 mafiosos chinos detenidos en la operación Turandot pesaban graves acusaciones por delitos de tráfico de seres humanos y explotación de prostitutas, a pesar de lo cual la mayor pena impuesta fue de tres años por un pequeño tráfico de drogas. En la operación Andrómeda, se archivaron las imputaciones a los 13 rumanos que explotaban mujeres en régimen de semiesclavitud en el club Dallas de Agullana y todos los acusados quedaron penalmente limpios.

Los policías atribuyen algunos de estos despropósitos a la obsolescencia del andamiaje legal que sustenta sus investigaciones: hay una Ley de Enjuiciamiento Criminal que data de 1882. Y, para colmo, la figura del testigo protegido es tan endeble que a veces se habla, en broma, de la “ley de desprotección de testigos”.

Un paso adelante

Un paso adelante es el que ha dado un juez en lo social de Barcelona al sentenciar, en una demanda laboral de prostitutas contra su empleadora (LV, 9/3):

“El marco regulador de la prostitución” se queda en “regulación administrativa y despenalización aplicativa”; y también considera que ha quedado “plenamente acreditado que las trabajadoras ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresa demandada, bajo su dirección y dependencia”, por lo que sólo cabe declarar que “la relación existente” entre la propietaria del local y las mujeres “tiene un carácter laboral”. (…) La decisión judicial ha tenido su primera consecuencia: la Tesorería de la Seguridad Social ha reclamado a los propietarios del salón de masajes las cuotas que, en virtud de este fallo, deberían haber ingresado por tener a tres empleadas.

Como era previsible, las feministas y sus aliados progres, con la élite de Hollywood a la cabeza, arremetieron automáticamente contra la propuesta de AI y la sentencia del juez de Barcelona. Victoria Camps sube al púlpito y estigmatiza a las apóstatas (“Legalizar la prostitución”, El País, 14/4):

Pero la legislación no debe mirar a esa pequeña minoría de mujeres que se autodenominan libres, sino a la gran mayoría que no vacila en reconocer que vende su cuerpo porque es lo más lucrativo que tiene a su alcance.

Curioso y más que curioso, como dijo Alicia en el País de las Maravillas. La profesora Camps y sus cofrades lucharon durante muchos años para que la Ley de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres diga (LV, 9/7):

Se ha de reconocer el derecho de las mujeres a su propio cuerpo (…) los derechos sexuales y reproductivos, y garantizar la libre decisión de las personas a la hora de ejercerlos.

Hoy la mujer que desea actuar sobre su propio cuerpo puede modificarlo mediante la cirugía plástica, cambiar de sexo, alquilar su útero, ligar sus trompas. Pero la profesora Camps, evocando el relato de Nathaniel Hawthorne sobre los puritanos de antaño, le estampa la letra escarlata en la frente si se aparta de sus dogmas y si alquila (no vende), por necesidad o por vocación, “lo más lucrativo que tiene a su alcance”. También algunos intelectuales pervierten lo más lucrativo que tienen a su alcance y los felicitan.

Estamos ante un cúmulo de interrogantes peliagudos. ¿En qué categoría legal coloca este colectivo de flamantes puritanas a la mujer que se casa por interés pecuniario? ¿Y a las promiscuas que sólo buscan el placer pero aceptan un regalo de sus numerosos amantes? ¿Y a las fans de 50 sombras de Grey con su parafernalia sadomasoquista?

Cambio de piel

Lo cierto es que la polémica sobre la prostitución hace aflorar los sentimientos irracionales que incluso las personas presuntamente más evolucionadas exhuman para juzgar todo lo que se relaciona con el sexo. Ahí está la polígrafa hoy podemita Ángeles Caso, que escribió “343 asquerosos intelectuales” (LV, Magazine, 24/11/2013) para denigrar a sus colegas franceses que firmaron el manifiesto Touche pas à ma pute (“Deja en paz a mi puta”) contra la ley que las expulsaba de las calles. Caso confiesa no tener una solución para el problema, pero abomina de los firmantes y cita entre ellos a “el famoso escritor Frédéric Beigbeder, al que no pienso volver a leer”.

El criterio que emplea Caso para montar su peculiar sistema de represalias podría hacerle borrar de la memoria los cuadros de los puteros Henri Toulouse-Lautrec y Pablo Picasso, entre muchos otros; las novelas del putero Henry Miller, entre muchos otros; la filmografía de los actores puteros y las actrices venales que Kenneth Anger cita en Hollywood Babilonia (2 vols., Tusquets, 1994 y 1996), entre muchos otros; y los discursos del putero John F. Kennedy (que antes de pronunciarlos, para distenderse, se hacía practicar una felación por las chicas que le proporcionaba el clan Sinatra).

Hoy la prostitución cambia de piel. Para bien o para mal, la informática hará que todas estas controversias queden relegadas al desván de la memoria. Anuncia otro titular (LV, 22/6/2014):

Desembarca en España el mayor Ciberalcahuete – Una web busca universitarias “atractivas” y “benefactores”

Si se generaliza la moda de que los benefactores generosos satisfagan las expectativas de las atractivas mercenarias, pasando por la web, lostraficantes de seres humanos por un lado y las represoras de las meretrices por otro, lo tendrán crudo. Fin de la paradoja.

http://www.libertaddigital.com/opinion/eduardo-goligorsky/la-paradoja-de-la-prostitucion-76453/

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Prostitución y ciudadanía

La legalización y regulación de la prestación de servicios sexuales puede ser deseable, toda vez que las mujeres están mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. El Estado velaría para evitar situaciones de abusos y coacciones

RAQUEL MARÍN

Si existe un debate difícil, ese es el debate sobre prostitución, en parte por la complejidad del tema, en parte por la marginación y el estigma de las personas que podrían estar más interesadas en el desarrollo del mismo, o también por el desinterés en la existencia de un debate serio de quienes obtienen ingentes beneficios de esta actividad, o, más importante todavía, por la existencia de un poderoso sector de la ciudadanía que podríamos calificar de impecable e implacable. Lo cierto es que en nuestro país todo lo anterior da como resultado una situación de alegalidad e indefensión de un número importante de mujeres. Hay hombres y transexuales también en esta actividad, pero hablar en femenino refleja mucho mejor la realidad. Por supuesto, los indispensables clientes adoptan el papel de ciudadanos irresponsables.

El primer escollo importante en este debate, para muchos insalvable, es el de definir de qué hablamos cuando hablamos de prostitución o, mejor, de qué no hablamos. No hablamos aquí de trata de personas con fines de explotación sexual, ni de esclavitud, ni de ejercicio forzado, ni de tráfico, o de inmigración. Vamos a hablar de prostitución definida como “prestación voluntaria y negociada de servicios sexuales remunerados” (Maqueda). Adoptar una definición como la anterior supone una clara toma de posición.

La posibilidad de un ejercicio voluntario de esta actividad no es admitida pacíficamente. Es cierto que vivimos en una sociedad patriarcal y sexista en la cual las mujeres han ocupado tradicionalmente y todavía ocupan en buena medida posiciones de subordinación con respecto a los varones. Y por tanto no estamos en una sociedad igualitaria. En este contexto, puede ser que cierto tipo de elecciones y de preferencias, en ocasiones, tengan que ver en alguna medida con preferencias adaptativas, es decir, con ese tipo de preferencias que por decirlo de algún modo más coloquial “hacen de la necesidad virtud”. Las personas acaban prefiriendo algo que en un contexto diferente no sería una opción deseable. En este caso, consentir en el ejercicio de una actividad como la prostitución reflejaría los deseos deformados por las condiciones del sexismo cultural y unas determinadas condiciones socioeconómicas. Si llevamos esta posibilidad al extremo, no cabría una presunciónprima facie de que se ha consentido libremente en ninguna relación sexual que podamos identificar con actividades de prostitución.

No se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger

Sin embargo, hemos de ser conscientes de que si admitimos lo anterior, y puesto que la desigualdad patriarcal permea por completo todas nuestras sociedades y todas nuestras actividades, la conclusión lógica sería que el consentimiento, cualquier consentimiento otorgado por las mujeres, al seguir inmersas en sociedades patriarcales y en situaciones de desigualdad, carecería de valor, pues nunca sería un consentimiento genuino. Si damos este paso, las consecuencias serían devastadoras y completamente indeseables, fundamentalmente para las mujeres, pero también para el resto de la sociedad. Dejaría a las mujeres inermes e incapacitadas para actuar como personas y como ciudadanas.

La prostitución es una actividad mercantil y aunque podríamos calificar a ciertos mercados como mercados nocivos, sin embargo, de tal calificación no se seguiría siempre que un mercado de ese tipo haya de prohibirse, pues en ocasiones esa prohibición intensificaría los problemas que nos han llevado a condenar ese mercado en un primer análisis. En la evaluación de los mercados no hay que olvidar nunca los efectos sobre ricos y pobres, sobre hombres y mujeres, y sobre los más y menos poderosos. Las preguntas pertinentes a la hora de realizar evaluaciones van desde cuestionar en qué medida contribuyen a una mayor igualdad, qué tipo de regulaciones y de límites son deseables y cuál es su relación con una idea de igual ciudadanía. En los análisis acerca de la prostitución, sin dejar de atribuir a esta actividad, tal y como se realiza actualmente, una influencia negativa en la persistencia de la imagen de subordinación de las mujeres y por tanto favorecedora de la desigualdad, aun así, su legalización y su regulación pueden ser deseables, pues las mujeres se encuentran en una posición mucho peor en la clandestinidad y en la alegalidad. Y el poder que pueden lograr las mujeres a partir de una regulación que las tome en consideración y castigue severamente los abusos y las coacciones, contribuiría a que alcancen una situación más simétrica en ese mercado y más igual en la sociedad.

Una prostituta no se vende ella misma, ni renuncia a su dignidad, si tal cosa pudiera hacerse

La consideración de la prostitución como un trabajo podría ser una manera de formalizar una actividad ejercida por unas mujeres, que posiblemente no sean las que pueden optar por un abanico de elecciones más amplio, y que al dedicarse a esa actividad van a quedarse desprotegidas y privadas de derechos y por tanto completamente vulnerables. La laboralización de esa actividad es lo que permitiría clarificar de una vez por todas que una prostituta no se vende ella misma, ni renuncia a su dignidad, si tal cosa pudiera hacerse, simplemente vende un servicio. Sin olvidar que el reconocimiento de su actividad como trabajo permitiría a estas mujeres acceder a la ciudadanía con plenitud de derechos, en igualdad de condiciones que los demás trabajadores, acceso que de otro modo se les niega con las implicaciones de marginación y discriminación que conlleva tal negativa. No se trata meramente de despenalizar, sino de regular con una finalidad de proteger, y esto implicaría un tipo de legislación especialmente cuidadoso con la especificidad de la actividad que se aborda. Regular esta actividad tiene que suponer, además, el firme compromiso por parte del Estado de no permitir ninguna situación de coacción y de vigilar y castigar con rigor cualquier violación en este sentido.

Para terminar, nos encontramos actualmente en una situación de regulación de la prostitución por defecto. No hay apenas regulaciones, excepto tímidos intentos municipales, pues las Administraciones no están dispuestas a asumir el coste que supone una regulación frente a la ciudadanía impecable e implacable. Así, el resultado es que ciertos grupos de presión fuertemente organizados van imponiendo sus intereses y logrando una completa impunidad e ingentes ganancias, y en la confusión, a veces interesada, en torno al tema de la prostitución, las mujeres que ejercen esta actividad siguen sometidas a los poderes mafiosos y completamente desprotegidas. Ante la incomodidad del tema, y lo bronco que puede llegar a ser este debate, tenemos que pensar con Rafael del Águila, que “hemos de resistir la tentación de convertirnos en satisfechos ciudadanos (y ciudadanas) implacables o impecables, para arrostrar la más modesta tarea de ser ciudadanos reflexivos a secas. Y no hay ley, regla o derecho que nos exima de esa responsabilidad y de los riesgos que comporta”.

 

Elena Beltrán es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Autónoma de Madrid.

Suscriben el presente texto Alfonso Ruiz Miguel, Antonio Arroyo Gil, Antonio Rovira, Blanca Mendoza, Blanca Rodríguez Chávez, Borja Suarez, Elena García Guitián, Enrique Peñaranda, Esther Gómez Calle, Fernando Martínez, Fernando Molina, Gregorio Tudela, Ignacio Tirado, José Luis López, José Ramón Montero, Juan Antonio Lascuraín, Juan Carlos Bayón, Julián Sauquillo, Laura Beck, Luis Rodriguez Abascal, Manuel Cancio, Manuel Sánchez Reinón, María Moreno, Mario Maraver, Marisa Aparicio, Marta Lorente, Mercedes Pérez Manzano, Pablo de Lora, Pilar Benavente, Pilar Pérez Álvarez, Soledad Torrecuadrada, Susanne Gratius y Yolanda Valdeolivas, profesores de la Facultad de Derecho de la UAM y miembros del Colectivo DeLiberación.

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El dinero de la prostitución

Me animé a ver el reportaje El valor de la prostitución que emitió La Sexta porque recientemente había leído el excelente libro Filosofía de la prostitución (Éride Ediciones) firmado por Cosme de las Heras y Senén López. Los autores de este libro firman con seudónimo. Solo conozco la identidad de Cosme de Las Heras, que me entregó un ejemplar de esta obra tan bien pensada como escrita con humor cañero en la Feria del Libro de Madrid. El valor de la prostitución fue uno de los tres reportajes que emitió el programa Equipo de investigación. En España trabajan más de 400.000 prostitutas. Solo un número mínimo de ellas están dadas de alta en la Seguridad Social.

Por primera vez, por una orden dictada en Bruselas, el dinero ilegal de la prostitución, de las drogas y del tabaco de contrabando ha sido contabilizado en el Producto Interior Bruto (PIB). Estas actividades ilegales generaron 9.200 millones de euros, que equivalieron al 0,87 % del PIB. La prostitución genera anualmente 4.000 millones de euros. El incluir estos rendimientos económicos en el PIB ha reducido un poco nuestro déficit: ya es algo menor nuestra deuda pública. Alemania ha sido el último país en legalizar el trabajo de las prostitutas. Contabilizados ya los ingresos de las prostitutas en el PIB, la legalización general de estas trabajadoras está ya en marcha. Fue muy interesante la visita del programa a Hamburgo. El barrio de prostitución de St. Paoli es uno de los lugares más conocidos de este oficio de servicios sexuales en Europa.

Desde el siglo XVIII, el feminismo calificó el matrimonio de prostitución vitalicia. En el programa faltó una distinción entre prostitutas explotadas por las mafias y que, por tanto, no son libres de ejercer este oficio, y prostitutas que, sin presión de mafias ni de proxenetas, deciden voluntariamente elegir este oficio. En el primer caso, la detención de los mafiosos y la liberación de las esclavas sexuales debe ser objetivo primordial de la policía. En el segundo caso, las personas -mujeres, hombres o transexuales- que decidan voluntariamente prostituirse deben ser respetados y ayudados para que ejerzan su oficio con el menor riesgo físico posible.

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2015/06/08/dinero-prostitucion/0003_201506G8P13991.htm

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Prostitución, legalidad y política

La denominada “economía ilegal” cuenta en la contabilidad nacional, no cabe mayor hipocresía

IVÁN PRADA MORAL El pasado mes de abril fue rechazada, unánimemente, la propuesta electoral de cierto grupo político de legalizar la prostitución, por todos los partidos de mayoritaria representación estatal. Es inaprensible que a la prostitución, a pesar de ser una actividad que lleva ejerciéndose en nuestra nación desde tiempos inmemoriales, con un consumo masivo por parte de los españoles, no se le haya dotado, en pleno siglo XXI, de un marco legal, como a cualquier otra actividad.

Según datos del pasado año de la comisión del Congreso asumidos por el INE, un 6% de la población total de los españoles recurre a la prostitución. En total, quienes consumen prostitución, gastan 1.530 euros al año entre las 300.000 personas que se dedican a este oficio en nuestro país (otras fuentes sitúan la cifra en 100.000 personas). La denominada “economía ilegal”, la que contabiliza el tráfico de drogas y la prostitución, supone un 0,87% del total del PIB español, y la misma es utilizada en nuestra contabilidad nacional para la estimación de esta magnitud, a pesar de ser una actividad ilegal para nuestro ordenamiento jurídico, lo que evidencia otra muestra más de la hipocresía que impera en nuestra clase política. Para despejar cualquier atisbo de duda, la prostitución es una actividad absolutamente ilegal desde que España firmó en 1949 un convenio de la ONU, la Convención por la Supresión del Tráfico de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena. Cuestión distinta es el hecho de que, en la práctica, las personas que de manera voluntaria ejercen esta ocupación se encuentran en una situación de “alegalidad”, es decir, que no tienen ningún tipo de protección laboral, con las nefastas consecuencias que ello entraña, al no tener la posibilidad de cotizar, ni por tanto el derecho a las prestaciones de la seguridad social.

Veamos los motivos de oposición que adujeron los principales partidos políticos. El portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando, aseguró que la subcomisión creada en el Parlamento no es partidaria de la legalización, y recordó que “la explotación de la mujer es un delito y la trata es un delito execrable que hay que perseguir”. Nuevamente, la tesis de la cuasi totalidad del PP pasa por vincular, burda y groseramente, cualquier tipo de prostitución, con mafia o delincuencia organizada, para desprestigiarla y marginarla, actuación, por otra parte, en sintonía con otras materias donde su línea de ataque es similar, como la drogas o el aborto, confundiendo al ciudadano medio con aseveraciones tóxicas, y obviando que, aproximadamente, un 20% del total de las personas que viven de este negocio lo hacen de manera completamente libre y voluntaria. De otro lado, la portavoz parlamentaria de igualdad del PSOE, Carmen Montón, manifestó que “Ciudadanos quiere legalizar la prostitución porque tiene una vertiente económica”, o “en el PSOE estamos preocupados por ofrecer salidas a la crisis a través de trabajos no precarios y sueldos dignos, para que ninguna mujer se vea en la obligación de prostituirse”, así como que “esta derecha no se ha enterado de que las mujeres somos ciudadanas de pleno derecho”. Obviamente el único motivo (o por lo menos el de mayor peso), para legalizar un ámbito como el que nos ocupa es precisamente la vertiente económica del mismo, por los beneficios que ello entraña, no solo para el conjunto de nuestra sociedad por la vía impositiva, sino para sus principales protagonistas, es decir, las prostitutas (ellos y ellas), que de una vez por todas van a poder ser beneficiarios de los rendimientos de su trabajo personal, como por ejemplo, entre otros muchos, la percepción de cualquier tipo de prestación o subsidio de carácter social. En cuanto a la “supuesta preocupación” del PSOE por los trabajos no precarios y sueldos dignos, nos parece de un enorme cinismo tal manifestación, hasta para alguien que ejerce la política. No hay mayor precariedad para una nación que el que esta tenga una tasa de paro que durante los últimos años se ha situado en torno al 25%, y de todo ello es responsable directo el PSOE, que con su gestión política ha llevado a la debacle a nuestro Estado, condenando a ejercer esta actividad a innumerables individuos, que no han visto otra salida a la crisis que ejercer la prostitución, como último acto desesperado. Y es allí precisamente donde, fruto de la miseria generada por este partido político, anidan las mafias de la trata de personas, campando a sus anchas y aprovechándose de los seres humanos que en un contexto más desfavorecedor se hallan. Como colofón a tan esperpénticas aseveraciones, culmina la señora Montón resaltando que pretender legalizar la prostitución conlleva, necesariamente, a convertir a las mujeres en ciudadanas de segunda clase, sin plenos derechos, cuando, a mayor abundamiento, el no legalizar este campo conduce, inexorablemente a esta circunstancia, a condenar al más absoluto ostracismo a cualquier ciudadano que de manera voluntaria quiera decantarse por tal actividad laboral.

Lo peor de lo expuesto radica en que las reacciones políticas respecto a esta cuestión, de manera unánime, sin importar el signo ideológico de los representantes que las han vertido, vinculan de manera errónea prostitución con mujeres exclusivamente, cuando la realidad dista de ser así, ya que en este negocio hay cada más presencia masculina. Si nuestros políticos, salvo contadas excepciones, ni tan siquiera son capaces de conocer los detalles más elementales de la prostitución, ¿cómo van a ser capaces de afrontar y dar salidas a temas de mayor complejidad, como la situación de alegalidad en que están sumidas miles de personas que, de manera voluntaria, deciden ganarse la vida con su cuerpo?

Hay que asumir, sin complejos, que el libre ejercicio de la prostitución es un trabajo que no conoce de género, tan digno y válido como cualquier otro, que debido a sus circunstancias especiales necesita de una regulación particular, para dar cobertura legal a quienes quieran dedicarse a ello, y de paso poder combatir, eficientemente, mediante el poder del Estado de Derecho, la criminalidad organizada, que es la gran beneficiaria de la ausencia de un marco normativo, mantenido y perpetuado por la cobardía e inacción de nuestros ilustres legisladores.

http://www.laopiniondezamora.es/opinion/2015/05/26/prostitucion-legalidad-politica/846002.html

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Entrevista a Cristina Garaizabal, cofundadora de Colectivo Hetaira

“La propuesta de Ciudadanos de legalizar la prostitución está hecha a medida de los empresarios”

Cristina Garaizabal es cofundadora de Hetaira , colectivo pionero que cumple 20 años luchando por los “derechos de las prostitutas y la normalización de su trabajo”

Su postura choca de frente contra buena parte del movimiento feminista, que considera que la prostitución supone la mercantilización del cuerpo de las mujeres

“En la sociedad hay trabajos muy desagradables, pero a nadie se le ocurre que tengan que desaparecer. Lo que hay que hacer es dotarlos de derechos”

Cristina Garaizabal, activista y cofundadora de Hetaira / M.B

Cristina Garaizabal, activista y cofundadora de Hetaira / M.B

Cristina Garaizabal lleva 40 años dedicándose al activismo feminista. Psicóloga especializada en terapia de género y transexualidad, comenzó luchando por el derecho al divorcio y al aborto para, años después, convertirse en una de las referentes en la defensa de los derechos de las prostitutas. El Mundial de fútbol de 1982 las expulsó de los alrededores del campo del Fútbol Club Barcelona. Fue el primer contacto que estableció con ellas, a las que no deja de referirse intencionadamente como trabajadoras del sexo.

Lo hace así porque para Hetaira , colectivo del que es cofundadora y que ha cumplido 20 años, la prostitución voluntaria es un trabajo que urge normalizar y reconocer con derechos laborales. La suya es una de las muchas voces que hablan de prostitución dentro del movimiento feminista. Otras, que representan el abolicionismo, consideran que es una forma de violencia que debe desaparecer, pues supone la mercantilización del cuerpo de la mujer. La controversia se ha trasladado ahora al panorama político, después de que Ciudadanos se mostrara favorable a legalizar la prostitución.

El partido de Albert Rivera ha apostado por legalizar la prostitución e incorporar al mundo laboral a las mujeres que la ejercen como autónomas ¿Qué te parece la propuesta?

La propuesta de Ciudadanos se ha hecho al más puro estilo neoliberal y coincide totalmente con la de ANELA (Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne), es decir, es una propuesta a medida de los empresarios. En primer lugar, la prostitución no se puede legalizar porque no es ilegal. Lo necesario es reconocer los derechos de las trabajadoras que se prostituyen por decisión propia. Creemos que su intención es controlar a las prostitutas, pues hablan de convertir en delito la prostitución en la calle, que es la más autónoma y libre.

Decenas de personas se manifiestan por los derechos de las prostitutas

Una manifiestación de prostitutas por sus derechos en Madrid

Que todas se hagan autónomas se puede convertir en una terrible trampa, sobre todo, planteado por los empresarios. En otros sectores ya se ha hecho y el resultado ha sido la creación de “falsos autónomos”. Es muy sospechoso también cuando hablan de salubridad e higiene, pues la experiencia europea nos dice que esto se traduce en controles médicos obligatorios, que alimentan el estigma social de que son ellas las que transmiten enfermedades a los clientes y no al revés, algo que es totalmente falso. Todos sabemos que no hay grupos de riesgo, sino prácticas de riesgo.

A raíz de la propuesta de Ciudadanos, que abrió el debate, ¿cuál ha sido la relación tradicional entre la izquierda y la prostitución?

En la prostitución no hay izquierda ni derecha, por desgracia. Izquierda Unida y el PSOE tienen discusiones fuertes en su seno, pero normalmente las direcciones están presionadas por los grupos internos abolicionistas. Son personas a título individual las que están a favor de los derechos. No obstante, nos alegramos de que Alberto Garzón, tras decir en La Sexta que “la prostitución es el grado más extremo de violencia de género”, nos haya concedido una entrevista en cuanto pasen las elecciones. Por lo menos, evidencia una postura más abierta al diálogo.

¿Los partidos políticos suelen escuchar a las prostitutas a la hora de proponer iniciativas que les afectan?

No. Así de tajante y sin matices. Lo que es cierto es que con los que han surgido últimamente, como Podemos o Ahora Madrid, sí tenemos otras posibilidades, aunque en su interior hay debates importantes. Pero en general, cuesta mucho que los políticos escuchen a las trabajadoras del sexo empoderadas, en pie de igualdad. De ellas no se acuerdan nunca, solo cuando los ciudadanos se quejan porque ha ocurrido algo en la calle o en periodo electoral.

La Ley de Seguridad Ciudadana entrará en vigor el próximo julio ¿Cómo afecta al ejercicio de la prostitución esta norma?

Nos va a afectar a todos de forma terrible. Si además añadimos las lindezas que va diciendo Esperanza Aguirre sobre las personas sin hogar y las manifestaciones por ‘perjudicar al turismo’, en este país volvemos al franquismo a la que nos descuidemos. La ley mordaza empeorará las condiciones de las trabajadoras del sexo. No hará que desaparezcan. En el fondo, el objetivo de estas normas es que no se vean.

Una parte del feminismo considera que la prostitución es una forma de sumisión de las mujeres hacia los hombres  que supone la mercantilización y cosificación del cuerpo de la mujer. ¿Es la prostitución violencia de género?

La prostitución como institución, al igual que el matrimonio, tiene que ver con el sistema heteropatriarcal. Por eso las mujeres que ofrecen o compran servicios sexuales están más estigmatizadas que los hombres que lo hacen. Pero cuando se habla de que la prostitución es la compra del cuerpo de las mujeres, lo que se está haciendo es reforzar la idea de que el hombre que va de prostitutas puede hacer lo que quiera porque las está comprando enteramente. Ellas no se venden, ellas lo que hacen es ofrecer servicios sexuales que tienen su precio. Intercambian actos sexuales por dinero, lo cual no tiene mayor problema a pesar de que mayoritariamente sea entre una mujer y un hombre, aunque no exclusivamente.

Hemos sido socializadas desde pequeñas en que existen dos tipos de mujeres: las buenas y las malas

Este tipo de afirmaciones hacen un flaco favor a las trabajadoras del sexo y pasan por alto la necesidad de educar a los hombres en que ir a comprar servicios sexuales es igual que ir al bar a pedir un café, por supuesto, teniendo en cuenta las particularidades del trabajo sexual: por mucho que tras la barra esté una mujer inmigrante sin papeles, tu no te crees con el derecho de comprarla a ella por completo, sino que accedes a un servicio concreto.

¿La prostitución es entonces un trabajo como otro cualquiera?

Tiene sus especificidades como las tienen el resto. La primera es que aparece el sexo de por medio; tiene mucho que ver con la intimidad, por lo que es muy importante que las trabajadoras del sexo se profesionalicen y no hagan aquello con lo que no se sienten cómodas. La segunda es que sobre quien ejerce este trabajo recae un estigma enorme: o bien cometen un pecado o representan el colmo de la traición patriarcal. Mira que hay trabajos desagradables en la sociedad…pero a nadie se le ocurre decir que tendrían que desaparecer, sino que habría que dotarles de derechos para ejercerlos en condiciones dignas.

¿De dónde proviene ese estigma?

De la ideología patriarcal, que las criminaliza porque son mujeres que manejan dinero y que consiguen su independencia económica a través de su sexualidad. Es algo revolucionario porque va contra el control de la sexualidad de las mujeres y la reproducción que pretende el patriarcado. El abolicionismo ayuda a alimentar esta idea cuando dibuja a todas las trabajadoras sexuales, independientemente de que lo hagan de forma voluntaria o no, como víctimas.

¿En qué se traduce ese control de las mujeres que, según afirmas, hace el sistema patriarcal?

Hemos sido socializadas desde pequeñas en que existen dos tipos de mujeres: las buenas y las malas. Las primeras no muestran su sexualidad de forma explícita, son recatadas y no llaman la atención. Luego están las malas mujeres, las putas, las que se muestran claramente sexuales, que van “provocando” y, para colmo, piden dinero por algo por lo que las demás deberíamos estar encantadas de hacer: mantener una relación heterosexual. Las trabajadoras del sexo son las representantes de todo lo que no hay que hacer, según los mandatos patriarcales, que nos indican que las buenas mujeres serán protegidas y las malas no.

¿Hay muchas prostitutas que ejercen la prostitución voluntariamente?

Una y otra vez se repite la cifra falsa de que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución son víctimas de trata, pero nadie es capaz de ofrecer estudios concretos que lo avalen. El único informe serio al respecto es de Naciones Unidas, que confirma que una de cada ocho trabajadoras del sexo es víctima de trata. Es decir, en torno a un 85% lo hacen por propia voluntad. Otra cosa es que la capacidad de decisión esté condicionada por las necesidades económicas u otras circunstancias, pero todos lo estamos. La pobreza, aunque empequeñece las alternativas, no elimina la posibilidad de elección. Lo que sí que no se elige son las condiciones de trabajo, que son abusivas por la falta de derechos.

En varias ocasiones habéis alertado del peligro que supone confundir prostitución y trata de seres humanos. ¿Por qué es tan peligroso?

Lo es confundir trata y prostitución voluntaria porque es muy difícil luchar de forma eficaz contra ella cuando no se diferencian bien, pues es más costoso identificar a las víctimas. Meter ambas realidades en el mismo saco hace que no acabe de quedar claro qué es la trata: secuestrar a una persona para someterla a esclavitud. Y esto les pasa a mujeres y hombres y para diversos fines, entre ellos, explotación sexual, pero no solo. No es lo mismo que la prostitución voluntaria.

¿Por qué es tan necesario el reconocimiento laboral de las prostitutas que ejercen por decisión propia?

Porque nadie vive mejor sin derechos. No se puede seguir excluyendo a las trabajadoras del sexo voluntarias porque vivimos en sociedades en las que los derechos ciudadanos se adquieren fundamentalmente a partir de la inserción en el mundo laboral. Con las mujeres inmigrantes ese ha sido uno de los grandes problemas: mujeres que viven en este país y que cuentan con medios autónomos que provienen de la prostitución, no pueden regularizar su situación.

Los derechos y las leyes laborales impedirían que los empresarios plantearan condiciones abusivas en los clubes, pues no serían libres para hacer lo que quisieran. Se deberían regular las relaciones laborales defendiendo la autonomía y la libertad de las mujeres, respetando a qué clientes y qué servicios desean ofrecer. Los derechos servirían, además, para normalizar el trabajo sexual voluntario como lo que es: un trabajo.

http://www.eldiario.es/sociedad/Entrevista-Cristina-Garaizabal_0_387411495.html

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