Alemania obligará a usar preservativo en los burdeles

La nueva ley que regulará la prostitución en Alemania parece, al fin, encarrilada. El gobierno de coalición CDU-SPD se ha puesto de acuerdo para reformar la antigua norma en aspectos clave, como la inclusión de asesoramiento y orientación a las trabajadoras del sexo o la obligación del uso del preservativo en los prostíbulos.

La ministra de Familia, la socialdemócrata Manuela Schwesig, aplaudió el acuerdo y añadió que espera tener el borrador de ley listo para marzo. «Por fin, la prostitución será regulada, y esto servirá para proteger a las mujeres y los hombres que trabajan en ella», declaró Schwesig.

En la nueva regulación se contempla, entre otras medidas, un examen para certificar un mínimo de calidad y confianza en los burdeles, así como una serie de requisitos para sus propietarios, que no podrán tener antecedentes penales. Los regentes de prostíbulos que no cuenten con los permisos o que empleen a más prostitutas de lo reglamentado serán sancionados. No usar condón en las relaciones sexuales será también objeto de elevadas multas. Las trabajadoras del sexo deberán además apuntarse a gremios para poder ejercer su trabajo, tanto a nivel regional como federal.

Tanto el Partido Socialdemócrata (SPD) como la Unión Democristiana (CDU) se mostraron satisfechos por haber solventado las diferencias que los separaban del acuerdo. «Luchamos para erradicar la prostitución forzada, así como para frenar a los proxenetas y traficantes de personas que se lucran del negocio del sexo», declaró el portavoz de políticas de la mujer de la CDU, Marcus Weinberg. El partido de la oposición Los Verdes criticó por su parte la obligación de las prostitutas de darse de alta para ejercer de forma legal.

Se espera que la nueva ley entre en vigor en 2017. La norma actual, aprobada en 2001 por la colación SPD-Los Verdes, consta como demasiado laxa a ojos de la conservadora CDU. Ahora, en consenso con los socialdemócratas, se disponen a emprender una reforma que, según su tesis, fortalecerá la posición de las mujeres que ofrecen su cuerpo a cambio de dinero.

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/02/03/56b222c346163f683e8b46cc.html

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La Policía Local multa en Valencia a 25 clientes de prostitutas en dos años

Las sanciones se producen cuando los clientes son sorprendidos en la calle por segunda vez y alcanzan los 2.000 euros.

El Ayuntamiemto abrirá una mesa de diálogo con agentes sociales para tratar de mejorar la situación de las mujeres y ofrecerles una salida laboral.

La prostitución campa a sus anchas en LinkedIn pese a las condiciones de uso (Foto: ANTONIOLEDERER en Flickr)

Una prostituta en plena calle.

Con dos años y cuatro meses de vida, la ordenanza que prohíbe la prostitución callejera en Valencia se ha saldado ya con 112 multas.

Según han informado fuentes de la Policía Local, 25 de ellas han sido contra clientes, 19 de ellas al ser sorprendidos requiriendo los servicios de las meretrices y 6 por practicar sexo en la vía pública.

Todos ellos son reincidentes ya que la primera vez que los agentes los detectan se levanta un acta de notificación, y es cuando se les localiza por segunda vez cuando se materializa la sanción, que puede ir de los 200 a los 2.000 euros.

El resto de denuncias son por promover servicios sexuales en paneles publicitarios, de las cuales en 7 casos estaban a menos de 200 metros de centros escolares, lo que supone una infracción grave.

La aplicación de esta ordenanza, demandada sobre todo por los vecinos del barrio de Velluters, cuyas calles han estado literalmente tomadas por proxenetas, no ha estado exenta de controversia.

De hecho, un reciente informe de Médicos del Mundo denunció que la entrada en vigor de la normativa ha supuesto un descenso del 50% de la prostitución en la calle, pero ha subido en en la misma proporción en pisos clandestinos y clubes, donde según la entidad, aumenta la desprotección de las mujeres y la vulnerabilidad a la violencia psicológica y física. Además, las organizaciones sociales tienen más difícil el acceso en este entorno, en el que solo llegan a un 13% de ellas.

Ante esta situación, fuentes municipales han informado que el Ayuntamiento de Valencia tiene previsto abrir una mesa de diálogo a principios de este mes en el que participarán todos los agentes sociales implicados con el objetivo de mejor la situación de las meretrices y de ofrecerles una salida laboral. Además, tampoco es descartable que se proponga una modificación de la actual ordenanza.

http://www.eldiario.es/cv/Policia-Local-Valencia-clientes-prostitutas_0_478753138.html

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Las tres mafias del sexo de pago


Nigerianos, chinos y los grupos de Europa del Este controlan un negocio que mueve millones en MallorcaDeudas astronómicas, agresiones y ritos de vudú son la clave para someter a las chicas

  • LAURA JURADO
  • Palma

Con servicios a 20 euros afrontan una deuda que puede llegar a los 50.000. Y que nunca deja de crecer. Antes de recibir al primer cliente, muchas mujeres han tenido que prostituirse para pagar un viaje que empieza en Benín City (Nigeria) o en el pueblo más remoto de China. Luego, una vez en la Mallorca que les vendieron como la utopía de la felicidad, llegan las amenazas. Y los golpes. Para muchas, también, la droga con la que sobrellevar un infierno de sexo y angustia al que difícilmente ven salida.

Sólo en 2015, la Policía Nacional ha desarrollado en la Isla cuatro operaciones contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Las tramas nigerianas, chinas y de Europa del Este lideran un turbio negocio que ha dejado una veintena de detenidos en los últimos meses y al menos una decena de mujeres liberadas. «Pero las cadenas que las someten no se cortan sólo con un arresto», advierten.

Las ‘mamis’ africanas

El Plan de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual impulsó una labor silenciosa que en Baleares ejerce la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsificación (UCRIF) de la Policía Nacional y que sirvió para colocar a las víctimas en el centro de todo el proceso. «Antes estaban los explotadores», afirman.

Ahí se situaban las mamis: captadoras y proxenetas nigerianas. Peligrosas y violentas, consiguieron asentarse en dos clanes principales en Playa de Palma con los que controlaban a al menos una veintena de chicas. La mayoría procedentes de la sureña Benín City. «Son grupos itinerantes: en verano hacen temporada aquí y luego se trasladan en invierno a Canarias», explican los responsables del grupo especializado contra la trata ilegal de seres humanos de la UCRIF.

Sus víctimas son jóvenes de zonas deprimidas y de un entorno que conocen lo suficiente como para poder amenazarlas con matar a sus familias. Esa supuesta «vida mejor» en España se traduce, de entrada, en una deuda que alcanza los 50.000 euros y cuyo límite de pago se reduce a una o dos temporadas. A eso suman un viaje que cruza el continente y acaba en patera de la mano de las grandes mafias de transporte de norte de África. Muchas llegan a prostituirse en el camino para poder pagar los traslados. «Cuando haces 10.000 kilómetros para llegar a un país, tu miedo no es la Policía ni lo que te pase a ti, sino lo que ocurra con tus familiares», señalan.

Llegan en situación irregular. Algunas consiguen contratos falsos en empresas ficticias y otras se mueven con una petición de asilo. Ya en Mallorca, las bandas se reparten las calles de Playa de Palma y Magaluf. Servicios a 20 euros que apenas roen una deuda sigue aumentando con cerca de 200 euros mensuales por alojamiento y 50 semanales por comida.

Robo turistas

El paso al robo de turistas llega solo. Las mamis las obligan a asaltarles en plena calle con la excusa de ofrecerles sus servicios sexuales. Para ellas, el botín -siempre a repartir- es una manera de aumentar ingresos. «Lo bueno lo venden aquí. En sólo un verano hemos recuperado 40.000 euros en joyas y teléfonos de alta gama», destacan desde la UCRIF. El resto, lo introducen en furgonetas que sellan para convertirlas en contenedores móviles que envían a Nigeria.

La violencia y las amenazas componen un día a día que transcurre siempre bajo la atenta vigilancia de las proxenetas. «En su país pueden tener hasta palacios, pero aquí las mamis viven en pisos de Son Gotleu incluso con la luz cortada», señalan los agentes.

Los novios búlgaros

En las mafias de Europa del Este -Rusia, Rumanía y Bulgaria-, las mujeres ocupan el papel de víctimas. Los líderes son, paradójicamente, sus novios. Compatriotas que ejercen como sus parejas y que dibujan la llegada a España como la oportunidad para tener un futuro juntos. La idea se disipa en cuanto cruzan nuestras fronteras. Algo que, desde la entrada de varios de estos países en la Unión Europea, se produce de forma legal y cada vez más sencilla tanto en avión como en coche.

Primero intentan convencerlas: necesitan dinero y la prostitución es una forma rápida de conseguirlo. «Después llega la violencia para controlarlas. Rumanía y Bulgaria proporcionan muchas mujeres a la trata, pero los rusos son los más violentos», aseguran. El control se ejerce casi de tú a tú, sin grandes grupos. En la intimidad de una falsa relación en la que, además, y sin que ellas lo sepan, un hombre explota a varias mujeres a la vez.

Ellas son las que llenan los clubes de alterne de la Playa de Palma. «La mayoría, con contratos y permisos de trabajo aunque sean ellas quienes pagan su propia seguridad social». Ellos las vigilan de cerca. Son los que requisan el dinero y se lo funden en salones recreativos, en fiestas regadas con droga. En el Jaguar que conducen sin pudor por la zona. «También hay amenazas a su familia y son reales, no se quedan en algo verbal», explican los agentes. En su memoria sigue el caso de una joven rumana de 17 años a quien sus proxenetas cazaron llamando a su madre. Aquella llamada bastó para localizarles en Rumanía y extorsionarles.

Yuyu-Vudú y violencia

El pasado mes de febrero el Supremo condenaba a 85 años de cárcel a seis acusados de proxenetismo y trata de seres humanos con fines de explotación sexual en Palma y Magaluf. El testimonio de las víctimas reveló las prácticas de estas organizaciones nigerianas que a menudo recurren a la brujería para controlarlas. El comienzo es una suerte de ‘rito de iniciación’ en el que las jóvenes se comprometen a hacer frente a la deuda. En ellos suelen participar un brujo y algún familiar como testigo e incluye que les quiten pelo de la cabeza, restos de su menstruación, así como las uñas de pies y manos para asegurarse de que devolverán el dinero.

El brujo los custodia para utilizarlos en rituales de yuyu-vudú si no cumplen. ¿Cuál era el castigo? Para algunas, la muerte de ellas o de sus familiares. Para otras, volverse locas. Ya en España el control continuaba a base de golpes; algunas relataron que fueron agredidas incluso con una fregona. Las que tenían hijos, se exponían a que los menores pasaran a estar bajo custodia de la trama. A una que se quedó embarazada durante un servicio la obligaron a abortar en Madrid.

http://www.elmundo.es/baleares/2015/11/09/5640664f268e3e6b4b8b45f9.html

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«Soy puta porque me encanta»

‘Soy puta porque me encanta’

En el Polígono Marconi, uno de los mayores focos de prostitución de Europa, coexisten víctimas de trata de mujeres y meretrices que ejercen la prostitución libremente y que reclaman la regularización

  • DANIEL MARTÍN
  • Madrid
  • JAVIER NADALES (VÍDEO)

Antonella se baja de un coche con una botella de tequila caro en la mano. «Me la ha regalado un cliente», señala orgullosa mientras arroja un preservativo envuelto en papel al interior de una bolsa de basura que ella misma ha atado a un árbol. «Queremos que la calle esté limpia», explica la mujer transexual, que asevera que lleva ejerciendo la prostitución en España de manera voluntaria desde que llegó de Ecuador hace 15 años. «Y no, no era menor de edad cuando empecé», advierte sin que se le pregunte por el tema en una calle del Polígono Marconi, uno de los mayores focos de prostitución de Europa.

«Soy puta porque me encanta este trabajo. Siento que tengo más libertad que si trabajara para un empresario y de alguna manera tengo que pagar el alquiler y las facturas», confiesa con una amplia sonrisa la meretriz, que forma parte de la Asociación Feminista de Trabajadoras del Sexo (Afemtras).

Se trata de un colectivo con un mes de vida compuesto mayoritariamente por transexuales que pide normalizar y regular la prostitución «como un trabajo más. Sabemos que debemos cumplir unas obligaciones, pero también queremos darnos de alta en la seguridad social, si queremos irnos un mes de vacaciones, tenerlo pagado, si nos queremos jubilar, poder jubilarnos, tener sanidad…lo mismo que cualquier otro ciudadano», explica.

Ella cobra por servicio unos 20 euros, unos 1.000 euros al mes, y nunca se ha planteado trabajar de otra cosa. Ejerce en la zona del polígono más próxima a la Colonia Marconi, la zona residencial al Sur del distrito de Villaverde donde trabajan sobre todo transexuales. Sin embargo, es en el Polígono del Gato, junto al antiguo casco histórico de Villaverde y el barrio de San Andrés, donde se concentran casi todas las prostitutas.

En esta zona el paisaje cambia y se observa un fuerte trasiego de vehículos, de los que continuamente entran y salen las mujeres. Muchas de ellas están semidesnudas y algunas preparan hogueras para calentarse en medio de las aceras. La Policía y las ONG que trabajan en la zona consideran que la mayoría son víctimas de trata que se prostituyen obligadas por las mafias.

«Nadie te va a reconocer que es víctima de trata jamás y lo que intentan es no hablar contigo, pero te vas dando cuenta de que lo son. Me da pena por las mujeres que no lo hacen por su propia voluntad, pero muchas sí que lo hacemos y la trata nunca va a dejar de existir», argumenta Antonella, que arroja una lanza a favor de las últimas. «Muchas mujeres han perdido su trabajo, no tienen para pagar la casa o dar de comer a sus hijos y se han visto obligadas a prostituirse. Y, ¡olé! por ellas, que han tenido el coraje».

Las integrantes de Afemtras se reunieron hace varias semanas con la concejal de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, y con el concejal de Villaverde, Guillermo Zapata, para explicarles que querían mejorar la convivencia con vecinos y empresarios, manteniendo limpias las calles y llevando un «vestuario adecuado».

Las meretrices les propusieron que buscase un espacio donde poder ejercer sin molestar ni ser molestadas. «Marta Higueras fue fría y no nos dio esperanza alguna. Zapata se portó muy bien, se mostró cercano y nos dijo que hablaría con los empresarios y los vecinos para ver qué se podía hacer».

Los vecinos y los comerciantes de Marconi no ven las cosas como Antonella. Para la presidenta de la Asociación de Vecinos Resina, Mabel Díaz, la «suciedad, inseguridad y el espectáculo por la calle» son el pan de cada día. «Desde la ventana, el autobús o el centro cultural se las ve haciendo sus necesidades y ofreciendo sus servicios». Sin embargo reconoce que desde que se aplica la Ley de Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el pasado 1 de julio, «hay muy poquitas dentro de la zona residencial y nunca dentro de la colonia; la zona más afectada es la del Gato». Díaz asegura que no es partidaria de la abolición, pero tampoco de la regulación. «Se debería de abrir el debate sin hipocresía y alcanzar un punto medio».

Para Eladio Díez, secretario de la Asociación de Empresarios de Villaverde (AEVI), la prostitución en el polígono «es una ruina» para cualquier negocio que se instale allí. «Imagina que cuando viene un proveedor o un cliente hay un espectáculo dentro de un coche o una transexual masturbándose en la puerta». Díez también explica que «es imposible que en Marconi haya empresas con ambiente femenino» porque se sienten inseguras, ya que «los clientes las abordan pensando que son prostitutas». «Tenemos uno de los distritos con más paro de Madrid pese a tener el parque empresarial más grande».

Hace dos semanas el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, señaló que, desde que entró en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley mordaza, «se han recibido un total de 300 denuncias a clientes y se han iniciado 240 expedientes de sanción, ninguno a prostitutas». Las multas van desde los 601 a los 30.000 euros para los clientes y de los 100 a los 600 para las prostitutas, de las que se estima, en España entre el 80% y el 90% ejercen obligadas.

La portavoz de Afemtras, Ninfa, no se cree estos datos y denuncia que la policía sí multa a las prostitutas. Además se pregunta: «¿Qué hace el Gobierno por las víctimas?, ¿las está indemnizando?, ¿qué ley se les aplica?, ¿la de extranjería y las mandan a su país?, ¿a cuántas está dando asilo?».

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Macrorredada de la Policía contra los clubes de alterne del Alt Empordà

El Club Paradise fue uno de los objetivos de la redada de la Policía Nacional AFP

La Policía Nacional lanzó durante la madrugada del viernes una operación contra la trata de mujeres con una macrorredada en clubes de alterne repartidos por el Alt Empordà (Girona), una de las comarcas catalanas que mayor número de locales dedicados a las prostitución acumulan. Entre ellos, algunos de los más grandes de Europa.

La operación se centró en 11 de dichos locales y participaron cerca de 200 agentes de la Policía. Según fuentes conocedoras de la operación, el despliegue llevó a la detención de al menos cinco responsables de los prostíbulos, acusados todos ellos de los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.

También fueron identificadas cerca de 400 mujeres que podrían ser víctimas de las redes de prostitución forzada. Dichos grupos se distribuyen el negocio del sexo de pago en clubes de carretera diseminados por Girona.

Entre los locales afectados por la redada se cuenta el Paradise, situado en el municipio fronterizo con Francia de La Jonquera. Se trata de uno de los mayores macroburdeles de Europa y el cual acumula en su historial redadas anteriores. Su propietario, José Moreno, fue detenido a inicios de julio pasado acusado de delitos contra Hacienda. En cambio, Moreno fue absuelto en 2014 de las acusaciones de liderar una red de proxenetas que traficaban con mujeres procedentes de Brasil.

La operación llevada a cabo en la madrugada del viernes responde al plan elaborado en la actual legislatura por el Ministerio del Interior para luchar contra la trata de mujeres. El golpe a los clubes forma parte de una estrategia que, entre otros elementos, incluye elevar la presión sobre los clientes de mujeres forzadas a prostituirse.

http://www.elmundo.es/cataluna/2015/10/24/562b521446163f1d458b45a5.html

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Posición de Amnistía Internacional sobre el trabajo sexual

Gauri Van Gulick, de Amnistía Internacional, explica la posición de la organización sobre el trabajo sexual.

En todo el mundo, los trabajadores y trabajadoras sexuales están expuestos constantemente a sufrir abusos. Esto no es noticia. Tampoco lo es que sean un grupo sumamente marginado de personas, obligadas a menudo a vivir fuera de la ley.

Política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales

1. ¿Por qué necesita AI una política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales?

Los trabajadores y las trabajadoras sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo. En muchos países se ven amenazados por toda una serie de abusos, tales como la violación, las palizas, la trata de personas, la extorsión, el desalojo forzoso y la discriminación, que incluye la exclusión de los servicios de salud. Lo más habitual es que apenas gocen de protección jurídica, si es que gozan de ella en absoluto. De hecho, en muchos casos, estos abusos y violaciones de derechos humanos son perpetrados por la policía, por clientes y por terceras partes.

Por ejemplo, un estudio realizado en 2010 sobre los trabajadores y las trabajadoras sexuales en la capital de Papúa Nueva Guinea, Port Moresby, concluyó que, a lo largo de un periodo de seis meses, el 50 por ciento de los trabajadores y las trabajadoras sexuales habían sido víctimas de violación (por parte de clientes o de policías).

2. ¿Cuál es la diferencia entre legalización y despenalización? ¿Por qué no pide Amnistía Internacional que se legalice el trabajo sexual?

La despenalización del trabajo sexual significa que los trabajadores y las trabajadoras sexuales ya no infringen la ley por realizar trabajo sexual. No se ven obligados a vivir fuera de la ley, y hay un mayor espacio para proteger sus derechos humanos.

Si se legaliza el trabajo sexual, eso significa que el Estado formula leyes y políticas muy específicas que regulan formalmente dicho trabajo. Esto puede dar lugar a un sistema de dos niveles en el que muchos trabajadores y las trabajadoras sexuales –a menudo los más marginados, los que realizan su trabajo en la calle– actúen fuera de esa normativa y sigan sufriendo criminalización. La despenalización pone en las manos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales un mayor control para actuar de manera independiente, autoorganizarse en cooperativas informales y controlar su propio entorno de trabajo de una manera que la legalización con frecuencia no permite.

Durante nuestra consulta con trabajadores y las trabajadoras sexuales, la mayoría de aquellos con los que hablamos apoyaban la despenalización, pero con frecuencia veían con inquietud las implicaciones de la legalización. Esto no se debía únicamente a su desconfianza en las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, sino también al temor a que, si se adopta el modelo erróneo de legalización, puede desempoderarlos o incluso llevarlos a sufrir criminalización y abusos.

Cuando los trabajadores y las trabajadoras sexuales dejan de ser vistos y tratados como «delincuentes» o «cómplices», corren menos riesgo de sufrir tácticas policiales agresivas, y pueden exigir protección y mejores relaciones con la policía y disfrutar de ellas. La despenalización devuelve sus derechos a los trabajadores y las trabajadoras, y los convierte en agentes libres.

No nos oponemos a la legalización en sí, pero querríamos asegurarnos de que las leyes que se aprueben promueven los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales y cumplen el derecho internacional de los derechos humanos.

3. ¿Acaso la despenalización del trabajo sexual no alienta la trata de personas?

Es importante dejar muy claro que Amnistía Internacional condena enérgicamente todas las formas de trata de seres humanos, incluida la trata con fines de explotación sexual. La trata de seres humanos constituye un abominable abuso contra los derechos humanos y debe ser penalizada como cuestión de derecho internacional. Esto queda claro para todas nuestras deliberaciones sobre política.

La despenalización del trabajo sexual no significa eliminar las sanciones penales para la trata de personas. No hay indicios que sugieran que la despenalización da lugar a un aumento de la trata.

Creemos que las despenalización ayudaría a abordar la trata de personas. Cuando el trabajo sexual se despenaliza, los trabajadores y las trabajadoras sexuales son más capaces de trabajar juntos y reclamar sus derechos, para lograr mejores estándares y condiciones de trabajo y una mayor supervisión del sexo comercial y de la posible trata de personas destinadas a este fin.

Cuando no están bajo la amenaza de la criminalización, los trabajadores y las trabajadoras sexuales pueden también colaborar con las fuerzas encargadas de hacer cumplir la ley para identificar a los autores y las víctimas de trata.

Algunas organizaciones, como la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, Anti-Slavery International y la Organización Internacional del Trabajo, están de acuerdo en que la despenalización puede desempeñar un papel positivo. La despenalización fomenta un mayor reconocimiento de los derechos de las personas que venden sexo y puede ayudar a poner fin a las violaciones de derechos humanos que sufren estas personas, incluida la trata.

4. ¿Cómo puede la despenalización del trabajo sexual proteger los derechos de las mujeres?

La política propuesta por Amnistía Internacional pretende proporcionar una mayor protección a los derechos humanos de las trabajadoras sexuales –que a menudo se encuentran entre las mujeres más marginadas de la sociedad– promoviendo una mayor protección y un mayor empoderamiento de dichas trabajadoras sexuales.

La desigualdad de género y la discriminación pueden influir enormemente en que una mujer se dedique al trabajo sexual. No somos ingenuos ni indiferentes respecto a este problema. Pero no creemos que el criminalizar a las mujeres por su falta de opciones o el utilizar leyes penales y prácticas policiales que hagan su vida menos segura sea la respuesta a este problema.

La criminalización de las trabajadoras sexuales hace que a éstas les resulte más difícil obtener un empleo de su elección. La política que proponemos expone una serie de acciones que los Estados deben tomar –además de la despenalización– para empoderar a las mujeres y a otros grupos marginados con el fin de garantizar que nadie tiene que realizar trabajo sexual para sobrevivir.

Los Estados deben proporcionar acceso oportuno y adecuado a medidas de apoyo, por ejemplo prestaciones sociales, educación y formación y/o un puesto de trabajo alternativo. Esto no significa que las personas que se dedican al trabajo sexual estén obligadas a participar en dichos programas.

5. ¿Qué pruebas tiene AI para respaldar su propuesta de política sobre trabajo sexual?

Hemos dedicado dos años a elaborar nuestra propuesta de política para proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Esta política se basa en una sólida investigación y consulta con una diversidad de organizaciones y personas.

Hemos examinado el amplio trabajo realizado por organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ONUSIDA, el relator especial de la ONU sobre el derecho a la salud y otros organismos de la ONU. También hemos examinado las posturas adoptadas por otras organizaciones como ONU Mujeres, Anti-Slavery International y la Alianza Global contra la Trata de Mujeres. Hemos realizado investigaciones detalladas, hemos entrevistado a más de 200 trabajadores y las trabajadoras sexuales, y también a ex trabajadores y las trabajadoras sexuales, la policía, gobiernos y otros organismos en Argentina, Hong Kong, Noruega y Papúa Nueva Guinea.

Nuestras oficinas nacionales en todo el mundo han contribuido también a la política mediante una consulta amplia y abierta con grupos de trabajadores y las trabajadoras sexuales, grupos que representan a supervivientes de prostitución, organizaciones abolicionistas, feministas y otros representantes de los derechos de las mujeres, activistas LGBTI, organismos contra la trata de personas, activistas que trabajan sobre el VIH/sida y muchos más.

6. Quienes venden sexo necesitan protección, pero ¿por qué proteger a los proxenetas?

Nuestra política no consiste en proteger a los proxenetas. Según el modelo que proponemos, los terceros que exploten a trabajadores o trabajadoras sexuales o abusen de ellos seguirán estando criminalizados.

Pero existen leyes excesivamente amplias, como las que prohíben «promover la prostitución» o «regentar burdeles», que se utilizan a menudo contra trabajadores y las trabajadoras sexuales y criminalizan las acciones que emprenden para tratar de mantenerse a salvo. Por ejemplo, en muchos países, si dos trabajadores o trabajadoras sexuales trabajan juntos por motivos de seguridad se considera que forman un «burdel». Nuestra política pide que las leyes se reorienten para abordar los actos de explotación, abuso y trata, en lugar de establecer delitos de carácter muy general que criminalizan a los trabajadores y las trabajadoras sexuales y ponen en peligro su vida.

7. ¿Por qué no apoya Amnistía Internacional el modelo nórdico?

Aunque el modelo nórdico no criminaliza directamente a los trabajadores y las trabajadoras sexuales, hay aspectos operativos –como la compra de sexo o el alquiler de locales en los que vender sexo– que siguen estando criminalizados. Esto pone en peligro la seguridad de los trabajadores y las trabajadoras sexuales y los hace vulnerables a abusos; pueden seguir siendo objeto de persecución por parte de la policía, cuyo objetivo a menudo es erradicar el trabajo sexual mediante el cumplimiento de la ley penal.

En realidad, las leyes contra la compra de sexo significan que los trabajadores y las trabajadoras sexuales tienen que correr más riesgos para proteger a los compradores y evitar que sean detectados por la policía. Los trabajadores y las trabajadoras sexuales con los que hemos hablado nos han contado de forma habitual que les piden que visiten a los clientes en sus casas para ayudarles a evitar a la policía, en lugar de ir a un lugar donde el trabajador o trabajadora sexual se sienta más seguro.

En el modelo nórdico, el trabajo sexual sigue estando sumamente estigmatizado, y contribuye a la discriminación y la marginación de quienes se dedican a él.

8. ¿Cree Amnistía Internacional que pagar por trabajo sexual es un derecho humano?

Nuestra política no trata sobre los derechos de quienes compran sexo: se centra exclusivamente en proteger a los trabajadores y las trabajadoras sexuales que se enfrentan a una serie de violaciones de derechos humanos vinculadas a la criminalización.

Al adoptar esta política, Amnistía Internacional dice que creemos que deben protegerse los derechos de un grupo de personas que pueden ser sumamente vulnerables a los abusos contra los derechos humanos.

9. Como organización de derechos humanos, ¿significa esta votación que ustedes promueven el trabajo sexual?

No. No creemos que nadie deba realizar trabajo sexual contra su voluntad, y nadie debe verse nunca obligado o coaccionado para convertirse en trabajador o trabajadora sexual. Existen pruebas de que, a menudo, los trabajadores y las trabajadoras sexuales se dedican a este trabajo como su único medio de supervivencia, y porque no tienen otra opción. Esto sólo perpetúa la marginación de los trabajadores y las trabajadoras sexuales, y es por eso por lo que queremos garantizar que contamos con una política que defienda sus derechos humanos.

10. Amnistía Internacional ha adoptado una decisión pero, ¿qué sucederá a continuación?

La votación ha dado a nuestra Junta Directiva Internacional luz verde para elaborar y acordar una política con la que proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales. Esta política se debatirá en su próxima reunión de octubre. La Junta se basará en las conclusiones de la consulta y en la investigación llevada a cabo hasta la fecha y tomará una decisión sobre la mejor política para reflejar el compromiso de Amnistía Internacional de proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales.

https://www.es.amnesty.org/temas/trabajo-sexual/

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La prostitución divide al PSOE

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmando ayer el...El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, firmando ayer el Compromiso Socialista con la Ciencia junto a la secretaria de Innovación, la diputada María González Veracruz. Ballesteros EFE

El programa electoral plantea ‘abolir’ el sexo de pago pero parte de la Ejecutiva prefería no abordar el asunto

Pedro Sánchez sí ha evitado que se penalice a los clientes, como querían las feministas

El PSOE llevará en su programa electoral para las elecciones generales de 2015 la apuesta más avanzada de lucha contra la prostitución de su historia, como reconocen tanto dentro del partido como en las asociaciones de mujeres. Sin embargo, Pedro Sánchez y su equipo más próximo decidieron no llegar tan lejos como algunas mujeres de la Ejecutiva querían. Finalmente, Sánchez evitó proponer la penalización de la compra de servicios sexuales, como pretendía la secretaria de Igualdad del partido, Carmen Montón.

El programa sí introduce la penalización de la llamada tercería locativa (el alquiler de habitaciones para la prostitución, como ocurre en los prostíbulos y locales de alterne). El texto también sanciona la demanda y compra de prostitución, siempre a los clientes, nunca a las prostitutas, pero no lo introduce en el Código Penal.

Los debates sobre este asunto han despertado una viva controversia interna en la dirección del PSOE desde el pasado verano y en varias reuniones, como ha podido saber EL MUNDO.

Estos debates fueron protagonizados por miembros de la Ejecutiva, coordinados por Meritxell Batet, y por personas que forman parte del comité de sabios que asesora a Pedro Sánchez como Victoria Camps, que se ocupa de ética, o Gregorio Cámara, que está especializado en asuntos constitucionales.

Carmen Montón trasladó a la coordinadora del programa socialista, Meritxell Batet, una batería de propuestas «encaminadas a la abolición de la prostitución» por ser «una de las manifestaciones más crueles de desigualdad», según defiende la Secretaría de Igualdad que dirige.

Según el planteamiento que detalló la ahora consejera de Sanidad de laGeneralitat Valenciana, la prostitución «supone una vulneración de los más elementales derechos humanos». Por eso, la apuesta del PSOE, en su opinión, debería dirigirse a «erradicarla».

Esta argumentación fue asumida por los principales dirigentes del PSOE. Pero parte de la Ejecutiva -en especial hombres- se resistió a introducir en el programa medidas que pueden ser polémicas en un asunto sensible y sobre el que no hay consenso social.

Varios miembros de la dirección del PSOE preferían no aprobar medidas coercitivas contra los clientes de las prostitutas, según han explicado a este diario fuentes de la Ejecutiva. Su intención era que el programa se limitara a perseguir el proxenetismo y la trata de mujeres con fines de explotación sexual, como se ha hecho en anteriores programas electorales. Pero sin entrar tampoco en la penalización de los prostíbulos.

La primera propuesta de Montón, según un borrador en poder de este diario, proponía incluso «penalizar la compra de servicios sexuales». Es decir, introducir en el Código Penal el consumo de sexo de pago. Pero finalmente se desechó para perseguir un mayor consenso social. En el texto definitivo figura «sancionar la demanda y compra de prostitución».

Fuentes socialistas explican que la penalización del consumo de prostitución sólo se ha planteado en Francia y no de forma tajante: la ley francesa ahora en discusión sanciona a los clientes de la prostitución dos veces. A la tercera, por una cuestión de reincidencia, los penaliza.

Lo que tiene claro todo el partido es que el PSOE debe estar en contra de legalizar la prostitución, como propone Ciudadanos. Fuentes de la Ejecutiva explican que esto sería «un regalo para los proxenetas y los traficantes» porque «promueve el tráfico sexual» y «no supone un control de la industria del sexo», sino que la expande al aumentar la prostitución clandestina, ilegal y la que se produce en la calle.

El ejemplo, según estas fuentes, está en Alemania, que legalizó la prostitución hace 10 años. En ese tiempo, afirman en el PSOE, la industria del sexo se ha disparado y no ha aumentado la seguridad ni de las meretrices, ni de los clientes. De hecho, son menos de 50 las prostitutas que se han dado de alta en laSeguridad Social.

Fuentes de la dirección del PSOE admiten que la pretendida «abolición de la prostitución» es un objetivo imposible. «Pero no por ello vamos a renunciar a ello», argumentan las mismas fuentes, «igual de imposible es acabar con las muertes por accidentes de tráfico, pero hay que intentar aproximarse lo máximo posible a cero», añadieron, y por eso el anterior Gobierno socialista aprobó el carné de conducir por puntos, explican.

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La prostitución, ese «infame oficio»

PALLARÉS

David Lema

David Lema

Defendía Antonio Maura, un católico convencido, que para regenerar la sociedad había que organizarla según los comportamientos de los ciudadanos. Una premisa que le llevó, a principios del siglo XX, a proponer la regulación del juego y de la prostitución. El argumento, traducido, (demasiado zarrapastroso): si existe una fuerte oferta y una mayor demanda, hagamos lo posible para que la actividad se desarrolle en las mejores condiciones.
No fue Maura un iluminado en el asunto. En 1845, se instauró en Zaragoza un reglamento que obligó a las prostitutas a pasar un reconocimiento médico semanal (según ‘La prostitución en la España contemporánea’) para que no pudieran contagiar ninguna enfermedad. Se creaba así una especie de registro. Y cien años antes, el Conde de Cabarrús, que consideraba la prostitución un «infame oficio» (‘Cartas del Conde de Cabarrús al señor D. Gaspar de Jovellanos’), mantenía que había que restablecer «las mancebías» que se había cargado Felipe IV otros cien años antes porque la fornicación con rameras, en lenguaje de la época, era «inevitable». A todos les preocupaba la sanidad pública, no las condiciones degradantes en las que se movían las prostitutas, y veían en la regularización la única forma de defenderla.
El PSOE quiere ahora «desmantelar la industria del sexo» multando a los clientes de prostitutas, prohibiendo los burdeles e introduciendo en el Código Penal «el proxenetismo lucrativo medie o no el consentimiento de la persona prostituida». Con estas medidas, los socialistas pretenden sacar a un buen número de mujeres de la marginación y la delincuencia. Ardua empresa la de eliminar  una actividad  alegal que en España generó en 2010, según el INE, 3.783 millones de euros (el 0,35% del PIB). No está nada ‘mal’, contando que somos 46 millones de españoles…
Prohibir la prostitución es el camino más corto para agravar las inhumanas situaciones en las que trabajan la mayoría de las mujeres (sí, trabajan, así lo sentenció un juez de lo social de Barcelona este año que reconoció derechos laborales)  y el camino más largo para erradicarla. Pues si la mayoría de las prostitutas ya se sienten al margen del engranaje de la sociedad, criminalizar a lo que se dedican, forzosa o voluntariamente, las pondrá, todavía más, a los pies de las mafias.
Ponerle coto a pecho descubierto y a la fuerza a una actividad que se basa  en obligar a las mujeres (según varios informes, un 80%) a prostituirse es imposible. Ojo al dato, los mismos documentos revelan que a un 20% de ellas nadie las fuerza, lo que tampoco implica que lo hagan a gusto, aunque las haya también.
Con este enrevesado panorama, el único camino -aunque largo- para mejorar la vida de las prostitutas y el único para acabar con la prostitución -más largo todavía- parece ser su regularización. Para empezar, se otorgaría a las mujeres que de forma voluntaria quieren ofrecer servicios sexuales protección social y jurídica (firmar contratos, cotizar a la Seguridad Social y pagar impuestos). Un tramo recorrido. Por otro lado, habría que sacar legalmente esta ya ocupación profesional de las calles.Desplazar la prostitución a locales acondicionados acabaría con buena parte del hábitat de las mafias. Todo esto sería humo si no va acompañado de un severo control de los clubes de alterne y, aunque sea obvio, la persecución de los proxenetas.
Decía Cabarrús: «Un desorden funesto, pero casi inevitable, mientras no se atajen sus principales causas». Para todo lo demás, moralinas e hipocresía.

@davidlema_perez

http://www.elmundo.es/blogs/elmundo/fueradelinea/2015/10/20/la-prostitucion-ese-infame-oficio.html

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Despenalizar la prostitución

BEGOÑA ZABALA GONZÁLEZ

Este verano de 2015 está resultando un tanto atípico. Lejos de las tranquilas vacaciones habituales de la política, sobre todo de la institucional, abundan este año los temas de esta índole: la constitución de los gobiernos locales y autonómicos de las fuerzas del cambio y sus primeros pasos tan denostados por los medios conservadores; las próximas elecciones catalanas con el morbo añadido de las listas electorales, -con quién, qué nombre, qué nación-; las siguientes elecciones generales del Estado, con los consiguientes últimos coletazos traicioneros de quien ve perder su poder, como estos recientes presupuestos ya listos para 2016; la capitulación del gobierno griego ante el acoso y el chantaje de la dictadura de la troika; los miles de personas inmigrantes huidas de sus países en busca de asilo y refugio en la Europa Schengen, para encontrarse con la Europa fortaleza que, cuando no las mata, las encarcela o persigue; el terrible aumento de la violencia machista, en términos de asesinatos de mujeres, con sus horrorosas repercusiones en las hijas e hijos de las víctimas, también víctimas de la violencia masculina y patriarcal,…

Cuando empiece el nuevo curso, nos dará la impresión de que realmente no ha habido tregua ni descanso. En este ambiente, el sempiterno gobierno del PP, y para atraer los votos que se le escurren por las grietas de estas miserias, realiza algunas promesillas y trampea con cuatro medidas de dádivas para las poblaciones más menesterosas.

Entre estas noticias, actividades y quehaceres del mundo sociopolíticos ha aparecido de forma, a mi entender, imprevista, la declaración realizada por la organización Amnistía Internacional (AI) sobre la prostitución. Normalmente habría pasado inadvertida la recomendación, pero el contenido, sin ser de lo más osado, tiene su miga, y sus enemigas.

Dice esta prestigiosa organización de defensa de los derechos humanos en el mundo, que después de dos años de laboriosa investigación y estudio llevado a cabo desde sus filas, en muy diferentes países, se observa que “las trabajadoras y los trabajadores sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo, quienes en la mayoría de los casos afrontan un riesgo constante de discriminación, violencia y abuso”. Frente a esta situación la recomendación que hace a los gobiernos, es la de despenalización de la prostitución, en todos sus ámbitos. Es decir, para todos los actores: trabajadoras y trabajadores sexuales, clientes y proxenetas.

Esta noticia ha hecho saltar las alarmas de los sectores abolicionistas y, de entre ellos, los medios destacan –supongo que no por su militancia o sabiduría en el tema, sino por su glamour– las opiniones en contra de las grandes damas de la escena de Hollywood. Aparecen los nombres de Meryl Streep, Emma Thompson y Anne Hathaway, entre otros, firmando un manifiesto en contra de las pretensiones de Amnistía Internacional. En otras versiones más osadas, ya la noticia se intitula de forma más contundente: ”Hollywood contra Amnistía Internacional” /1..

En cambio, los grandes partidos del Estado, de corte abolicionista o penalizador, como el PSOE y sectores de IU, no se han manifestado expresamente. Parece que dejaran este espacio a los lobbys abolicionistas, que se posicionan frente a esta medida, alegando razones en contra de la trata y del tráfico de mujeres, que obviamente no es lo mismo.

Sí llama la atención, que una formación electoral catalana, de las conocidas como emergentes, “Catalunya si es pot”, encabezada por Lluis Rabell, designe para su segundo puesto a Gemma Liennas, escritora y conocida abolicionista en los debates y en sus escritos. También el propio cabeza de lista Rabell tiene trayectoria de posturas abolicionistas desde supuestos feministas, como se puede ver en un amplio artículo por él escrito de esta revista /2.

Despenalización de la prostitución.

Si bien la mayoría de los medios de comunicación y algunas personas han querido significar que con esta declaración lo que se pretende es normalizar la prostitución como un trabajo más y dotarle de todos los derechos a las mujeres y hombres que lo ejercen, la realidad es más justita de lo que se pretende, y a lo que se apela desde la organización Amnistía Internacional es a la despenalización. Es decir, que no sea delictivo el realizar o prestar servicios sexuales mediante precio, ni tampoco el contratarlos como cliente, ni tampoco se considere delito el obtener algún beneficio del ejercicio de la prostitución, lo que vulgarmente se conoce como actividad de proxenetismo. Esto quiere decir que en el análisis de AI se ha observado que en la mayoría de los países, en lugar de proteger a este colectivo que se considera vulnerable, lo que se hace es perseguirlo legalmente, con lo que se multiplica su sufrimiento, marginación y discriminación y produce con frecuencia obstrucción ilegal.

Por parte de muchas personas, y refiriéndonos al Estado Español concretamente, la figura de la prostitución es considerada desde el punto de vista jurídico como alegal, es decir que no está regularizada como una actividad, ni tampoco está prohibida o penalizada. Pero esto no es así, de ninguna de las formas. Mucho menos desde que el PP arremetió de malos modos contra el Código Penal y tipificó la figura del proxenetismo, como la de quien se lucra por la actividad de la prostitución, o quien aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de una persona, determina o mantiene a ésta en la situación de prostitución, aunque sea con su voluntad expresa /3.

Hay más figuras que conectan con la penalización de la prostitución, como es el caso específico de la entrada irregular de personas inmigrantes y la participación en la entrada de terceras personas, con fines del ejercicio de la prostitución, que nos llevan a considerar que realmente el ejercicio de la prostitución se mueve en el campo de la ilegalidad y de la delincuencia, más que en el de la actividad inocua o alegal.

Y en este punto Amnistía Internacional, a mi modo de ver, da en un clavo muy interesante desde el punto de vista jurídico y de las políticas penales. Y termina con la falacia tan extendida por las filas fariseistas del abolicionismo de penalizar, no a las personas que ejercen de forma no elegida la prostitución, que a su entender son todas, sino a las que contratan como clientes u operan bajo el genérico de proxenetas.

Efectivamente, es a todas luces imposible –a no ser que seas el exministro Gallardón- tipificar una figura delictiva mediante la caracterización de una actividad, que en este caso sería la prostitución, y pretender que todo el mundo que participa en la misma sea reo de delito, a excepción de la actora principal, que por mor de su no voluntariedad presumida contra viento y marea, queda in-imputada. Es el mismo argumento que utilizó el exministro y su corte jurídica para pretender penalizar el aborto, y exculpar a la mujer que voluntariamente se somete a una Interrupción Voluntaria del Embarazo, porque no es libre o está en situación de incapacidad para prestar libremente su consentimiento. Una vez más la consideración de las mujeres víctimas como tontas, locas o incapaces planea sobre el horizonte jurídico. Y esto después de que nos sacudiésemos la calificación franquista de la mujer casada como incapaz para contratar, al lado de los menores, incapaces y locos.

En este sentido, la argumentación y la recomendación de Amnistía Internacional, debe ser acogida con todos nuestros aplausos, como lo han hecho ya varios colectivos de mujeres que ejercen o han ejercido la prostitución, pues delimita perfectamente el camino de esta actividad fuera de la penalización, en todo su sentido y extensión.

Esto también quiere decir que esas ordenanzas y normas locales y autonómicas, que pretenden mediante la reglamentación del uso de los espacios públicos, o de las vías de circulación, sancionar y reprimir esta actividad, deben ser derogadas y abolidas, por los mismos argumentos. Hace tiempo también que en ciudades como Madrid, Barcelona o Bilbao, la contestación a esta normativa ha sido muy visible por parte de los colectivos de personas que ejercen la prostitución y de grupos feministas.

Reconocimiento de derechos

Siendo absolutamente necesario el paso iniciado por Amnistía Internacional, para presionar a los gobiernos en pos de la despenalización, no cabe duda que la lucha tiene que seguir hasta el pleno reconocimiento de los derechos, todos, para las trabajadoras sexuales. Esta postura de reconocimiento de derechos, y hay que señalarlo porque a veces hay graves equívocos, no equivale a la que tradicionalmente se ha llamado como reglamentista.

Todo el análisis que se realiza desde la organización Amnistía Internacional, y también desde los grupos de apoyo a las trabajadoras del sector, destacan la imposibilidad de luchar frente a las situaciones de marginación y explotación desde la clandestinidad. Ninguna mujer, en su sano juicio y con experiencia migratoria, que sea explotada sexualmente en este Estado, acudiría tranquilamente a la comisaría de turno para denunciar a quien la explota, chantajea o violenta. Ha habido algunas que lo han hecho. Muchas de ellas han pagado con su vida tal osadía, otras han sido retornadas a sus países de origen, otras han sido detenidas e internadas en centros para inmigrantes, cárceles específicas para ellas… No estoy hablando de que el sistema judicial­-policial es ineficaz en grado alto, que lo es en muchos casos. Estoy expresando la imposibilidad real de que quien no tiene reconocida ni siquiera la capacidad de estar en un lugar, ni de tener ningún derecho, pueda ejercer mínimamente el derecho a ser protegida por unas autoridades que la desprotegen y la secundarizan por ley.

Este sería el primer paso importante: el reconocimiento de derechos para las personas migrantes, con la totalidad de garantías, para poder acceder a los servicios de justicia, sin poner en peligro su estatus. Y se sitúa el adjetivo de migrante por ser mayoritario este colectivo y tener impedidos por ley el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos.

Habría más pasos, evidentemente. Pues no se trata únicamente de que las personas que trabajan en la industria del sexo, en general, y en la prostitución en particular, puedan acudir en petición de auxilio al sistema judicial, cuando se ven violentadas o extorsionadas o agredidas. Se trata de que están realizando una actividad, que debe ser normalizada como tal actividad, sin levantar sospechas, juicios, denuncias, detenciones… En definitiva, dotar a esta actividad de un marco elemental para que al ser visibilizado y legalizado se pueda perfectamente desarrollar dentro de los límites normativos y fuera de la clandestinidad.

Hay quien ve más ventajas en esta legalización, pues mientras las leyes migratorias sigan siendo tan restrictivas que solo permiten acceder a la regularización de las personas extranjeras a las que tienen un trabajo o una actividad remunerada, la consideración de tal para esta actividad, conllevaría la situación regular administrativa. Efectivamente, sería una consecuencia interesante que encauzaría esta actividad en los márgenes de una actividad remunerada de la que se derivarían los derechos que en esta sociedad tienen las personas que trabajan de forma regular. Si bien nuestra reivindicación sigue siendo que todas las personas, de forma individual, deben tener reconocidos todos los derechos y serles posibilitados su ejercicio con los máximos márgenes de libertad.

En este planteamiento, que difiere ampliamente de las corrientes abolicionistas, se trata de poner en el centro del reconocimiento de los derechos y de la mejora de las condiciones de vida, a las propias mujeres. Y posibilitar que sean ellas mismas las que decidan. Sabemos que la decisión libre tiene límites, a veces impuestos por terceras personas y su afán de lucro. Pero esto, y nosotras las mujeres lo sabemos bien, nos pasa a todas. Se trata simplemente de ampliar los márgenes de libertad, en lugar de estrecharlos mediante las leyes.

Para terminar, transcribo literalmente lo que recoge algún medio de comunicación del manifiesto de las “estrellas de Hollywood” y las razones que les llevan a solicitar medidas penales para la prostitución, pues incide efectivamente en el lugar en donde se pone el foco de atención. Dicen ellas que “preocupa profundamente la propuesta de AI al adoptar una política que llevaría a la despenalización de los proxenetas, los dueños de los burdeles y consumidores del sexo, los pilares de una industria global del sexo que mueve 99.000 millones de dólares US… la total despenalización convierte a los proxenetas en hombres de negocios que venden con impunidad a personas vulnerables con historiales de pobreza, discriminación, falta de un hogar y acoso sexual ”. Si éstas son las razones que realmente impulsan el manifiesto, sería mejor que mirasen a la propia industria en la que prestan sus servicios, o a la industria de la guerra y armamentística, para pedir ya su ilegalización, pero no la de las personas que son reclutadas forzosamente y con engaños para ser carne de cañón de las ganancias de estos sátrapas. A estas personas, como a ellas mismas, se les debe conceder la dignidad de la lucha y la rebelión, mediante los instrumentos oportunos, que nunca serán la ilegalización y la represión.

Notas

1/ Tomado de la página “Estilo” de El Pais, versión digital, del día 29/7/2015, cuando todavía AI estaba estudiando el proyecto de la recomendación de despenalización que, finalmente aprobó el 10 de agosto pasado.

2/ “Un debate que divide al feminismo y a la izquierda”. Sylviane Dahan y Lluis Rabell. Viento Sur, número 106,

http://vientosur.info/articulosabiertos/vs_0106.pdf , pág. 119

3/ Sobre este tema, y para no repetir argumentos, se puede ver de la autora el artículo “Políticas prohibicionistas: la prostitución ilegalizada” en esta misma Tribuna, del día 28 de febrero de 2014 www.vientosur.info/spip.php?article8794 y el publicado por la Fundación Isonomía “Marco legal de la prostitución”.

http://vientosur.info/spip.php?article10421

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Campaña contra Amnistía Internacional por pedir que se despenalice la prostitución

  • Grupos feministas critican la propuesta de la ONG al entender que favorece la trata de blancas mientras que otras organizaciones de derechos humanos se suman a ella

ÓSCAR B. DE OTÁLORA | BILBAO

La decisión de Amnistía Internacional (AI) de apoyar la despenalización de la prostitución en todo el mundo ha generado una polémica, en la que colectivos feministas y de izquierdas están arremetiendo contra la ONG al entender que su propuesta favorece a los proxenetas. Incluso actrices de Hollywood se han sumado a esta campaña. Pero AI también está recibiendo apoyos por parte de organismos como Humans Rights Watch, que consideran positiva la iniciativa para acabar con la trata de blancas

La propuesta de Amnistía Internacional fue aprobada el pasado 11 de agosto en Dublín, en una reunión de 400 delegados de la ONG en la que se debatió un borrador que resumía dos años de trabajo. El texto final considera que la despenalización «ofrecerá condiciones de trabajo seguras, por lo que se espera que exista una mayor probabilidad de denunciar el abuso, la violencia de la policía, las palizas, el arresto arbitrario, la extorsión, el acoso, además permitir estándares básicos de sanidad y políticas de prevención de la salud». Uno de los puntos más polémicos es el que defiende que tampoco se persiga a clientes y proxenetas, al entender que ello favorecería la existencia de mafias.

De la misma manera, AI niega que su política pretenda defender a los clientes del sexo. «Nuestra iniciativa no es sobre los derechos de quienes compran sexo: se centra exclusivamente en proteger a los trabajadores y las trabajadoras sexuales que se enfrentan a una serie de violaciones de derechos humanos vinculadas a la criminalización», explican. A partir de este documento, Amnistía Internacional iniciará en octubre un análisis sobre cómo proteger los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras sexuales en cada país.

>La aprobación de este manifiesto había sido precedida de una campaña de protestas por colectivos que sostenían que beneficiaba a la prostitución y a los proxenetas. La critica más mediática surgió de un grupo de actrices de Hollywood que apoyaron a la Coalition Against Trafficking in Women (CATWA), un grupo internacional con sede en Nuena York contra la trata de blancas. Entre las firmantes del escrito contra Amnistía Internacional se encuentran Meryl Streep, Kate Winslet, Anne Hathaway o Emma Thompson. La misiva mostraba su preocupación por una postura que, a su juicio, «llevará a la legalización de burdeles, proxenetas y consumidores de sexo, los pilares de la industria sexual, que mueve 99.000 millones de dólares a escala global».

Críticas en España

En España, feministas históricas como Lidia Falcón han reaccionado con dureza contra la iniciativa por entender que no sirve para acabar con la explotación sexual. Falcón, en una carta abierta dirigida a Amnistía Internacional, se preguntaba la semana pasada: «¿A quién beneficia (la propuesta de AI)? La respuesta obvia es: a los proxenetas que organizan y se lucran del tráfico de personas con fines de explotación sexual».</

La sección española de Amnistía Internacional considera que, pese a estas protestas, su decisión es la correcta. «Estamos convencidos de que esta decisión es necesaria porque realmente ayuda a acabar con la explotación sexual y porque refuerza la protección de los derechos humanos», ha señalado a EL CORREO el director de AI, Esteban Beltrán. El responsable de la ONG, además, destaca que las campañas en contra de su iniciativa no han tenido eco en su afiliación. De los más de 80.000 socios que Amnistía Internacional tiene en España, sólo 14 personas han solicitado la baja a partir del documento sobre la prostitución.

Esteban Beltrán no duda en defender la medida. «Es necesaria para proteger a los trabajadores sexuales, uno de los grupos más marginales y que está sometido a todos tipo de malos tratos, explotación y otros abusos», insiste. El responsable de AI, además, resalta que su decisión «marca una clara diferencia entre la legalización, que no se contempla, y la despenalización». En cuanto a la situación española, Esteban Beltrán asegura que su organización, a la hora de aplicar esta directiva a sus campañas de sensibilización, iniciará un estudio de la situación de las prostitutas ante la legislación española, así como sobre las distintas ordenanzas municipales que afectan a su trabajo. «En España existe una situación alegal que permite que muchas prostitutas están bajo coacción», advierte.

Con respecto a los proxenetas, Beltran recuerda que Amnistía Internacional sigue pidiendo que se actúe contra aquellas personas que exploten sexualmente a mujeres. Sin embargo, recueda que en Europa existen legislaciones que prohíben, por ejemplo, que dos personas se dediquen a la prostitución de forma conjunta, aunque en muchas ocasiones sea la única forma de garantizar su seguridad.

http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201508/28/campana-contra-amnistia-internacional-20150827171747.html

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