La mayor red de blanqueo en prostíbulos salpica a futbolistas de Madrid y Atlético, toreros y cantantes

“Están en el chalet de Pozuelo con una borrachera y quieren chicas”: las fiestas sexuales al descubierto.

Detenciones en la operación Pompeya.

 

Detenciones en la operación Pompeya. Efe

 

Cinco organizaciones criminales de prostitución estaban unidas por una misma vía para defraudar a Hacienda y blanquear dinero: la empresa Larratruk, que les facilitaba TPVs (datáfonos) para cobrar en su nombre y ocultar a Hacienda el verdadero origen, el pago de prostitutas en clubes de alterne.

La ‘operación Pompeya’ se saldó con la detención en junio del año pasado de más de 60 personas vinculadas a estos locales, en la mayor investigación por blanqueo de capitales y fraude fiscal vinculada a la prostitución llevada a cabo en España.

El monto de lo defraudado fue estimado inicialmente en más de 260 millones de euros. Sin embargo, la causa, instruida por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, tiene otras vertientes: las relaciones de los dueños de los prostíbulos con políticos, futbolistas, empresarios o policías que requerían de sus servicios.

Por un lado, los propietarios de estos clubes buscaban personas con solvencia económica que pagaran bien los servicios de las chicas y por otro lado querían mantener contactos con gente del mundo de la política, abogados, altos cargos de la Administración y de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado para requerir de su ayuda en caso de necesitarles.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso al sumario, en el que quedan perfectamente reflejadas estas relaciones. Un gran número de futbolistas de Primera División pasaron por clubes de alterne como el ‘Vive Madrid’ o llamaron para pedir chicas a domicilio. En una conversación entre el dueño de este local, sito en la calle Marqués de Viana en la capital madrileña, y su mano derecha, en mayo de 2015, este último le comenta que “el chico” de un conocido torero ha llamado para pedir sus servicios.

Esa noche del 24 de mayo de 2015 habían montado una fiesta en un chalet en Pozuelo, entre el reconocido matador de toros, un jugador del Real Madrid y un famoso cantante. “Están con una borrachera y quieren chicas. Han llamado ya tres o cuatro veces. ¿Qué le digo por chica? Depende del tiempo y un par de horitas. ¿Cuánto les digo? Lo que pasa es que hay que llevarlas a Pozuelo”, pregunta uno de los investigados, Miguel Angel Bonache, a Ángel Crispín Gilaranz, dueño del ‘Vive Madrid’.

“Eso no es problema. El problema es que quieren mucho por poco”, explica Ángel Crispín. “Estos ya sabes como son”, apostilla Bonache, que añade que el torero “no es de los que escatima dinero”. “Si ya -contesta el dueño del club- pero son muchos y se lían unos con otros”.

La llamada se produjo a las cuatro de la mañana. “Quieren cuatro chicas hasta mañana por la mañana”, le sigue explicando Bonache. “Pues entonces quinientos cada una”, le ordena Ángel Crispín Gilaranz.

Fue el propio Bonache quien llevó a las chicas al chalet de Pozuelo, ya que conocía la casa de otras veces. “Que sean chicas espectaculares, ya sabes como son de tiquismiquis. No está Angelina porque está en una despedida de soltero pero está otra bailarina”, le recuerda Bonache, encargado del día a día del club.

CELEBRACIÓN DEL FINAL DE LIGA EN LA SUITE

Esa madrugada del 24 de mayo fue muy movida para ciertos futbolistas. Esa misma noche (23 de mayo) había sido la última jornada de Liga, ganada por el Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, en esa jornada número 38, el Real Madrid ganó 7-3 al Getafe y el Atlético de Madrid empató a cero con el Granada, lo que le daba el pase a la Champions. Esa noche había euforia. Mientras Bonache llevaba a las chicas al chalet de Pozuelo, en el que había un jugador del Real Madrid, en torno a las 4 y media de la mañana, éste recibió otra llamada. Un entonces jugador del Atlético de Madrid le llamó para decirle que iba a ir al club, aunque finalmente no fue.

Interior del club Vive Madrid.

Interior del club Vive Madrid.

Eso sí, cambió los planes para la noche siguiente. Este mismo jugador avisó de que estaba con tres amigos y pedía que les recogiera el coche por la puerta de atrás del ‘Vive Madrid’ para que no les vieran entrar, tal y como contó Ángel Crispín a Pedro L.B., otra de sus personas de confianza y también investigado, en una llamada del 24 de mayo por la noche.

“Tenéis que esperarles atrás, que deje el coche aparcado ahí. Harán falta dos personas, uno para bajarlos y otro para coger el coche. Cristian les puede bajar al reservado y que les pongan una copita. Hay que buscar cuatro majas”, ordena Ángel Crispín Gilaranz. “Ahora no hay muchas”, le explica su interlocutor. “Pues si están cenando, que dejen de cenar y luego ya se las da de cenar. Que hoy han dicho que son buenos, van a ir a la suite, los cuatro”.

Tres horas después se marcharon. El trabajador del ‘Vive’ llamó al propietario para contarle que “los futbolistas” se acababan de ir y que habían dejado “dos-seis”. “¿2.600?”, pregunta Ángel Crispín. “Sí. Han pagado la primera hora, han invitado a las niñas y han dejado 2.600 euros con botellas de champán que han invitado, con la suite, más luego lo de las niñas”, le explica su trabajador.

FIESTA DEL ATLÉTICO CON DENUNCIA INCLUIDA

Las relaciones con los futbolistas eran constantes. De las conversaciones se desprende cómo organizaron una fiesta de cumpleaños de un integrante del equipo técnico del Atlético de Madrid y que se celebró en marzo del pasado año en el restaurante ‘La Embajada’, que acabó con la Policía acudiendo al lugar de la fiesta por el ruido a las cuatro de la mañana e imponiendo una multa.

Para la organización del “evento”, Gilaranz llama a uno de sus trabajadores el día de antes y le dice que para esa noche necesita una mesa de 12 para cenar “los del Atlético” y que la parte de arriba “la deje para ellos solos y 20 chicas, con un picoteo como la otra vez”. El propio dueño del ‘Vive’ acudió aquella noche para controlar que todo iba bien. “Estoy haciendo guardia con los atléticos, en cuanto terminen voy para allí”, le dijo sobre las 1:40 de la madrugada a otro trabajador del club.

Más de dos horas después es cuando llama la persona que Gilaranz contrató para organizar la fiesta diciéndole que la Policía había acudido por el ruido que estaban haciendo. “Que apaguen la música de arriba, disculparos con ellos, y si falta algún papel se les llevará mañana”, ordenó el empresario. Tras la aparición de la Policía, los jugadores se marcharon y los agentes dejaron una denuncia. “Mañana va Pedro y la recurre”, tranquilizó Gilaranz a su interlocutor.

La voz iba corriendo de unos a otros. En las intervenciones telefónicas se ve cómo el teléfono de Crispín se iba moviendo entre deportistas y celebridades para obtener un trato de favor en su club. El 6 de junio de 2015, pocas semanas antes de su detención, el propietario del Vive Madrid llama a uno de sus empleados para decirle que “van a ir ahora seis jugadores del Mallorca y van a ir preguntando por Miguel en la puerta para que les reciban y les atiendan”. Y añade: “Si gastan les invitáis a una copita y si no gastan, pues nada”. Crispín dice a su interlocutor: “Son amigos del torero, que les ha mandado al club”.

Angel Crispín fue detenido en la ‘operación Pompeya’ el pasado 29 de junio junto a otras 60 personas tras una investigación iniciada en 2014 por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y Agencia Tributaria. Tras su detención y orden de ingreso en prisión por parte del juez Andreu, el empresario, al igual que el resto de investigados, obtuvieron su libertad y a día de hoy a pesar de seguir la causa abierta contra ellos mantienen los negocios operativos.

De la investigación se desprende que todo el entramado investigado en el marco del ‘caso Pompeya’ controlaba a en torno 2.000 mujeres, las cuales, en algunos de los casos, eran obligadas a mantener relaciones sexuales orales sin preservativo. Además, era controladas por un software de lectura de huella digital para saber el tiempo que estaban con cada cliente.

DESAPARICIÓN DEL EXNOVIO DE SABATER

En el caso de Crispín Gilaranz, explota los clubes de ‘Vive Madrid’, ‘Olimpo’ y ‘Princess Room’, los tres localizados en la comunidad madrileña. Está investigado por diversos delitos como fraude fiscal, blanqueo de capitales, contra el derecho de los trabajadores o prostitución.

Este empresario inició su carrera en el mundo de los clubes de alterne en los años 90 y ya fue investigado por introducir mujeres ucranianas, rusas y polacas en España para prostituirlas. Además, su madre también fue investigada en 1997 por blanqueo de capitales, tráfico de cocaína, inmigración clandestina y falsedad documental.

Pero no solo eso. Según datos recogidos en los informes policiales, uno de los hombres de Crispín Gilaranz, Francisco José Donate, también ha sido detenido con anterioridad a esta operación por su relación en el año 2009 con la desaparición de un prestamista llamado Roberto Corbo, expareja de la presentadora de televisión Leticia Sabater, y posteriormente, en 2014, fue detenido por un delito de extorsión. Además, tanto Crispín, como Donate y otras cinco personas fueron investigadas en el año 2009 por utilizar el ‘Vive Madrid’ como centro de reunión de diferentes individuos dedicados al cobro de deudas, tráfico de drogas y clonaciones de tarjetas, así como cargos ilegales a tarjetas de clientes.

EL FRAUDE DE LAS TPVS

Según informes policiales incorporados a la causa, Crispín Gilaranz podría haber ocultado a la Hacienda Pública en torno a 85 millones de euros, tanto del dinero que ha dejado de declarar al fisco por el cobro a través de los TPV (Terminal Punto de Venta) de la empresa Larratruk, como de haber dejado de declarar los trabajos de las chicas de sus clubes y gran cantidad de consumiciones en sus locales.

De la investigación se desprende que la organización de Crispín se dedicó a tener otros negocios así como invertir en proyectos inmobiliarios y compra de obras de arte para blanquear el dinero obtenido de los clubes de alterne.

Junto a la organización de Crispín Gilaranz, el ‘caso Pompeya’ investiga las tramas de Antonio Herrero, José Moreno, Santos Pérez Vargas y José Arsenio Pérez Vieitez, que dirigen una veintena de los principales prostíbulos de este país. Su nexo de unión es Larratruk S.L., y por ende Jesús María Larrañaga, su administrador único, “como pieza fundamental para que las organizaciones pudieran ocultar grandes cantidades de dinero a la Hacienda Pública gracias a la gestión de los TPVs utilizados en los clubes para pagar los servicios sexuales ofrecidos por las mujeres que trabajan en los mismos”.

Según la UDEF, las organizaciones investigadas dejaron de trabajar con Larratruk para crear sociedades similares que hacían la misma función. Es decir, por el uso de dichos TPVs, el cliente tiene que pagar un recargo del 10%, de forma que el 6,5% se lo queda la mercantil gestora del TPV y el otro 3,5% la sociedad que gestiona el club. El modus operandi consiste en que Larratruk presta dinero en efectivo a los clubes, comprometiéndose a la renovación del préstamo cuando éste se acaba.

10% POR PAGAR LAS CHICAS CON TARJETA

“Es decir, tanto el dinero cargado a las tarjetas bancarias como la comisión pagada por el uso del TPV deberían revertir en la propia Larratruk. En la realidad, esto no sucede así”, sostienen los investigadores en uno de sus informes entregados al Juzgado Central de Instrucción número 4.

En realidad lo que ocurre es que vinculada al TPV siempre hay una cuenta bancaria en la que la titular es la propia Larratruk, figurando como apoderado alguna persona vinculada al club en el que se instala la terminal. Tras en análisis de los movimientos de estas cuentas, los agentes han comprobado que la mayoría del dinero procedente de las remesas es retirado en efectivo por la persona apoderada relacionada con el club.

Así, realmente Larratruk sólo se queda con parte del porcentaje de la comisión pagada por el cliente, aproximadamente el 6,5%, puesto que el 3,5% restante y el dinero cobrado al cliente, es retirado por la persona vinculada al club. “Los TPVs funcionan como máquinas expendedoras de dinero, es decir, el cliente que utiliza dicho TPV no paga un servicio o realiza una compra, sino que, en principio recibe el dinero en metálico. Así, por usar dicho TPV, el cliente paga un recargo, que ha podido estimarse en un 10%, es decir, si el cliente quiere 100 euros, se cargan en su tarjeta de crédito 110 euros”, explica la Policía.

De esta manera, al ser el TPV de una empresa ajena al local, al cliente no se le puede identificar con dicho club al pagar con la tarjeta. “Se ha podido comprobar que los TPVs instalados por Larratruk ni se encuentran en las zonas de consumo de bar de los locales, ni son utilizados para pagar las bebidas, sino que se sitúan en la zona de las habitaciones donde se producen los pases sexuales, por lo que, pese a que el dinero se recibiría en metálico, el mismo es utilizado para el pago de éstos”, concluye el informe.

http://www.elespanol.com/espana/tribunales/20161106/168733400_0.html

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Conde-Pumpido jr.: “Hacienda quiere cobrar el 21% por cada servicio sexual de las chicas de Vive Madrid”

El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela (a la izquierda), junto al juez Elpidio Silva (Foto: Efe)

M.A. Ruiz Coll

La Policía investiga al abogado, hijo del ex fiscal general del Estado, por el presunto blanqueo de fondos procedentes de los propietarios de uno de los mayores clubes de alterne de la capital

“Hacienda quiere cobrar un 21% por cada servicio sexual que prestan las prostitutas, y eso es una aberración”. El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela -hijo del ex fiscal general del Estado en la etapa de Zapatero- ha explicado con estas palabras la operación Pompeyapuesta en marcha por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreucontra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal en el negocio de la prostitución.

Como ha informado OkDiario, la Policía investiga a Conde-Pumpido Varela por blanquear presuntamente a través de una cuenta suya del BBVA fondos procedentes de unos empresarios, propietarios de uno de los mayores prostíbulos de la capital, “Vive Madrid”, e imputados en laOperación Pompeya.

Como letrado, el hijo del ex fiscal general del Estado asumió la defensa de estos empresarios después de que el juez Andreu ordenara, el pasado mes de agosto, detener a 66 personas, registrar 14 clubes de alterne e intervenir 800 cuentas bancarias, en una investigación dirigida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

Según las fuentes consultadas por OkDiario, tras la operación policial elBBVA emitió una alerta a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España, al detectar en una cuenta perteneciente a Conde-Pumpido Varela movimientos de dinero millonarios de procedencia presuntamente ilícita.

Siempre según las mismas fuentes, uno de los empresarios socios del club de alterne “Vive Madrid” habría utilizado una cuenta del BBVA vinculada al joven abogado para transferir fondos procedentes de cobros de sus clientes. El Banco de España ha comunicado estos hechos a la Policía Judicial que, a su vez, ha informado al juez Andreu.

Piruetas para sortear la Ley

En declaraciones a OkDiario, Conde-Pumpido jr. ha asegurado que los fondos ingresados en dicha cuenta corresponden exclusivamente a sus honorarios como abogado, aunque ha alegado que, si hubiera permitido a los propietarios de “Vive Madrid” usar su cuenta para cobrar a clientes de sus negocios de la prostitución, “tampoco sería blanqueo, sino una simple gestión de cobros que es una actividad completamente legal, como la que hacen todos los bancos”.

El letrado explicó que, a su juicio, los empresarios imputados en la Operación Pompeya en ningún caso habrían blanqueado fondos procedentes de la prostitución, sino que en todo caso se trataría de un “autoblanqueo del delito fiscal” que les atribuye a Hacienda.

Y es que la situación de alegalidad en la que se encuentra la prostitución en España obliga a los empresarios del sector a realizar todo tipo de piruetas legales. “En España no está prohibida la prostitución”, recordó, pero sí está prohibido obligar a alguien a prostituirse bajo coacciones.

Instalaciones del burdel "Vive Madrid", situado en la calle Marqués de Viana, en el que trabajan 200 prostitutas
Instalaciones del burdel “Vive Madrid”, situado en la calle Marqués de Viana, en el que trabajan 200 prostitutas

Algunos propietarios de burdeles, añadió el letrado, han intentado regularizar la situación de sus establecimientos mediante una fórmula legal: las chicas se quedan directamente el dinero correspondiente a los servicios sexuales prestados, mientras que el empresario solo cobra por otros servicios como las copas consumidas por los clientes o el alquiler de la habitación.

Sin embargo, argumenta Conde-Pumpido Varela, “Hacienda quiere cobrar un 21% por cada servicio sexual que hacen las señoritas, y eso es una aberración. Si es un negocio ilegal, Hacienda no puede cobrarle impuestos”.

Los datáfonos de los burdeles

La investigación policial de la Operación Pompeya se centró en una empresa de Guipúzcoa, Larratruck, que suministraba los datáfonos empleados en estos establecimientos para cobrar los servicios sexuales a sus clientes. Las entidades financieras se negaban a prestar a los locales de alterne este sistema de cobro telemático, para evitar incurrir en actividades de blanqueo de capitales procedentes de una actividad ilegal.

Según la investigación judicial, Larratruk habría lavado cerca de 400 millones de euros procedentes de los prostíbulos de la red, a cambio de quedarse con una comisión próxima al 10% de la facturación. Todo ello se habría traducido en una fraude a la Hacienda pública que ronda los 115 millones de euros.

Este sistema tenía una ventaja añadida: en los cargos realizados en las tarjetas de crédito, siempre aparecía el nombre de Larratruk en lugar del nombre del local de alterne, para tranquilidad de los clientes. Conde-Pumpido Varela explicó que Larratruk dejó de prestar este servicio en 2007, cuando fue sustituida por otra empresa similar, por lo que el presunto delito fiscal probablemente habría prescrito.

El despacho profesional de Conde-Pumpido también asumió la defensa del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por encarcelar de forma injustificada al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa, y ha participado en otros procesos como los casos Gescartera, Malaya y el Saqueo 2 de Marbella.

En cambio, en contra de lo que ayer indicó por error este diario, no ejerció la defensa de la ex presidenta de la Comunidad de MadridEsperanza Aguirre en la querella que interpuso contra ella Podemos, sino que lo hizo el abogado José Carlos Velasco del despacho Fuster Fabra.

http://okdiario.com/investigacion/conde-pumpido-jr-hacienda-quiere-cobrar-el-21-por-cada-servicio-sexual-de-las-chicas-de-vive-madrid-21290

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La Policía investiga a Cándido Conde Pumpido jr. por blanquear millones del macroprostíbulo “Vive Madrid” en su cuenta

Cándido Conde Pumpido Jr., a la derecha de la imagen (Foto: EFE)

M.A. Ruiz Coll

El Banco de España alertó sobre operaciones realizadas en una de sus cuentas por un empresario imputado en la Operación Pompeya, propietario de una sala de alterne de Madrid en la que trabajan 200 mujeres.

La Policía investiga al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo del que fuera fiscal general del Estado bajo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, por blanquear presuntamente a través de una cuenta suya del BBVA millones de euros procedentes de uno de los grandes prostíbulos de Madrid.

Como letrado, Conde-Pumpido jr. asumió la defensa de varios socios deuna macrosala de alterne denominada “Vive Madrid”, que fueron imputados por el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu en la Operación Pompeya.

El magistrado ordenó detener a 66 personas, registrar 14 clubes de alterne e intervenir 800 cuentas bancarias, en una operación desarrollada el pasado mes de agosto por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional. Los registros se llevaron a cabo en establecimientos de Madrid, Alicante, San Sebastián y la Junquera (Girona), en los que trabajaban cerca de 2.000 mujeres.

Desde un primer momento, las investigaciones se centraron en una empresa de Gipúzcoa, Larratruk, que suministraba los datáfonos empleados en estos establecimientos para cobrar los servicios sexuales a sus clientes. Un servicio de cobros telemáticos que las entidades financieras se negaban a prestarles, para evitar incurrir en actividades de blanqueo de capitales procedentes de una actividad ilegal.

Según la investigación judicial, Larratruk lavó cerca de 400 millones de euros procedentes de los prostíbulos de la red, a cambio de quedarse con una comisión próxima al 10% de la facturación. Todo ello se habría traducido en una fraude a la Hacienda pública que ronda los 115 millones de euros.

El hijo del ex fiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido asumió la defensa de varios de los imputados en esta causa, que son socios del“Vive Madrid”, un macroprostíbulo situado en la calle Marqués de Viana, en el que prestan servicios sexuales 200 mujeres.

El establecimiento se ubica en un edificio de varias plantas, que antiguamente acogía el cine Savoy, próximo a la calle Bravo Murillo. Está gestionado por la sociedad Viveviana 15 SL, cuyo principal accionista es Ángel Crispín G.V.

Según fuentes próximas a la investigación consultadas por OkDiario, el BBVA emitió una alerta a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) del Banco de España, al detectar en una cuenta perteneciente a Conde-Pumpido Varela movimientos de dinero millonarios de procedencia presuntamente ilícita.

Imputados en la Operación Pompeya

En el marco de la operación policial, el juez Fernando Andreu había bloqueado todas las cuentas bancarias de los socios del “Vive Madrid”. Siempre según las mismas fuentes, uno de estos empresarios habría utilizado una cuenta del BBVA, en la que Conde-Pumpido aparece como titular, para transferir fondos procedentes de cobros de sus clientes. El Banco de España ha comunicado estos hechos a la Policía Judicial que, a su vez, ha informado al juez Andreu.

A preguntas de este diario, Cándido Conde-Pumpido confirmó anoche que su despacho tiene una cuenta en el BBVA que ha recibido “transferencias” procedentes de los empresarios del sector de la prostitución a los que representa como letrado en la Operación Pompeya. No obstante, aseguró que estos fondos corresponden exclusivamente a sus honorarios como letrado y señaló que el movimiento de dicha cuenta no ha superado el millón de euros en el último año.

Conde-Pumpido Varela consideró injusto que el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu haya bloqueado todas las cuentas de las distintas sociedades vinculadas a los imputados en la Operación Pompeya, ya que estos empresarios, alegó, también tienen algunos negocios legales en sectores como la hostelería y necesitan seguir pagando a sus empleados y cobrando a sus clientes.

Por este motivo, indicó el letrado, acompañó a sus clientes al BBVA para solicitar que les abrieran una nueva cuenta. Como esta entidad se negó, les asesoró para realizar la misma gestión en otro banco que, esta vez sí, accedió a abrirles un depósito.

Conde-Pumpido añadió que si hubiera permitido a los socios del “Vive Madrid” usar su cuenta para cobrar a clientes de sus negocios de la prostitución, “tampoco sería blanqueo, sino una simple gestión de cobros que es una actividad completamente legal, como la que hacen todos los bancos”.

Beligerante con jueces y fiscales

Pese a su juventud -apenas tiene 35 años-, el abogado Conde-Pumpido Varela ya se ha hecho notar en las causas que ha asumido como letrado por la extraordinaria beligerancia demostrada ante los magistrados y fiscales.

Su caso más sonado ha sido la defensa del juez Elpidio José Silva, inhabilitado por encarcelar de forma injustificada al ex presidente de Caja Madrid Miguel Blesa. En esta causa, impulsó una denuncia contra el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia Jesús Gavilán y contra el fiscal Manuel Moix. También ha actuado como defensor de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la querella que Podemos interpuso contra ella.

Su despacho profesional, Conde-Pumpido & De Porres, también ha participado en procesos como los casos Gescartera, Malaya y el Saqueo 2 de Marbella, que le llevó a protagonizar un agrio enfrentamiento con el magistrado Alfonso Guevara.

Su padre, Cándido Conde-Pumpido Tourón (La Coruña, 1959) fue fiscal general del Estado entre 2004 y 2011, bajo los Gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Antes había sido magistrado en el País Vasco yfundador de Jueces para la Democracia.

http://okdiario.com/investigacion/la-policia-investiga-a-candido-conde-pumpido-jr-por-blanquear-millones-de-un-macroprostibulo-en-su-cuenta-20797

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